“Poder comunicarnos con nuestros muertos nos ha dado mucha seguridad de que no estamos perdidas, y de que no los hemos olvidado a ellas y a ellos. Que toda esta generación que tal vez fuimos hijos e hijas de la guerra siempre los vamos a extrañar a los amigos, los conocidos, los vecinos, a los familiares. Ellos estarán siempre en nuestros recuerdos. Pero también nos queda su gran legado de resistencia, de mucha fuerza y seguridad”.
Rosalina Tuyuc, Lideresa maya kaqchikel guatemalteca y defensora de derechos humanos.
Por: Luisa Fernanda Sánchez Casallas
Los derechos humanos son fruto de luchas históricas que trascienden generaciones, marcando un cambio de paradigma en las relaciones de poder entre los actores sociales, el Estado y los pueblos. Su consagración en leyes nacionales e internacionales han permitido garantizar, de forma paulatina, espacios para la inclusión social, política y cultural, dando voz a las aspiraciones de justicia de comunidades históricamente marginadas y poniendo en el debate público situaciones de vulneración e indignidad que ocurrían campantes ante fallas que nacen de la falta de reconocimiento de los distintos sujetos de derecho.
No obstante, las violaciones persistentes a los derechos humanos y la desigualdad estructural en muchas regiones del mundo, evidencian que su defensa es un desafío constante y una exigencia ineludible para nuestras sociedades. Más aún en el contexto actual, marcado fuertemente por guerras, despojo, disputas sobre los bienes ambientales y naturales, la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, la crisis climática.
Particularmente, en la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales, los y las defensoras asumen desafíos enormes al enfrentarse a intereses económicos y políticos que comprometen la vida en todas sus formas. Su labor que en gran medida pasa por la protección de los territorios, es una acción activa y vital en la defensa del derecho a un ambiente sano, imprescindible para la supervivencia de las especies y el bienestar humano. Este esfuerzo representa una lucha por preservar condiciones de vida dignas y justas para las generaciones presentes y futuras.
Reconocer su papel implica entender que los derechos humanos no son principios estáticos ni uniformes, sino conceptos dinámicos que adquieren sentido en el contexto de las luchas diarias por la justicia social y ambiental. Las acciones de defensa, fundamentales para la humanidad, necesitan ser visibilizadas, protegidas y respaldadas como un cimiento para la construcción de un mundo más equitativo.
Por esto, el 9 de diciembre, Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, queremos conmemorar y celebrar la valentía de todas las personas que, desde las más diversas formas organizativas en cada rincón del mundo, defienden con su lucha la memoria de los que ya no están, y abren caminos de esperanza y fuerza para los que estamos, y los que vienen.
En el centro de esta conmemoración están las luchas por la justicia ambiental, que son actos de resistencia frente a modelos de desarrollo que vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la sostenibilidad del planeta. Históricamente lideradas por pueblos originarios, comunidades negras y campesinas, estas luchas reivindican también la preservación de conocimientos ancestrales y prácticas sostenibles que garantizan un equilibrio esencial entre las personas y la naturaleza. La conexión intrínseca entre la defensa del ambiente y los derechos humanos refleja que proteger el ambiente es, en esencia, proteger el derecho más fundamental: el derecho a la vida.
En nuestro país, la grave crisis humanitaria que afecta a las regiones más biodiversas y vulnerables sigue poniendo en grave riesgo a quienes asumen la tarea de defender los derechos humanos. La Corte Constitucional, a finales de 2023, declaró el estado de cosas inconstitucional como consecuencia de la vulneración sistemática, masiva y permanente del derecho a defender los derechos humanos, evidenciando la urgencia de fortalecer o reestructurar los mecanismos de prevención y protección ya existentes.
Espacios como la Mesa Nacional y las Mesas Territoriales de Garantías, concebidos desde 2009 como instancias de diálogo entre la sociedad civil y altos funcionarios del Estado en el marco del Proceso Nacional de Garantías, son esenciales para diseñar políticas públicas integrales que enfrenten esta crisis. No obstante, los reiterados incumplimientos por parte del gobierno nacional para garantizar su activación y ejercicio no solo constituyen una grave omisión de sus obligaciones, sino que también envían un preocupante mensaje de falta de respaldo a la labor de defensa de los derechos humanos en el país.
“De acuerdo con datos de la Fiscalía colombiana, 1.339 personas defensoras de Derechos Humanos han sido asesinadas entre enero de 2016 y octubre de 2024. Pero la violencia no se detiene ahí, el Programa Somos Defensores, ha registrado más de 6.577 acciones como amenazas, desplazamiento y hostigamientos a estas personas”.
Es indispensable avanzar hacia compromisos claros y enfoques renovados que integren estándares internacionales de protección para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente. Este es, en sí mismo, un desafío significativo y constituye uno de los mayores retos en el marco de la implementación del Acuerdo Regional de Escazú, recientemente ratificado.
No se trata únicamente de garantizar la seguridad de los defensores, sino también de replantear modelos económicos que prioricen el bienestar de las comunidades y la sostenibilidad del planeta por encima de los intereses extractivistas. Reconocer y respaldar a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales es valorar su papel como guardianes de la memoria, la cultura y la espiritualidad de territorios vitales como la Amazonía, que son fundamentales para la vida en todas sus formas. En su resistencia, encontramos la semilla de un futuro más justo, sostenible, digno y humano.
