Por: Vanessa Torres
El año 2026 es un año retador para la agenda de protección de los derechos humanos y particularmente para la agenda ambiental en Colombia y la región, este panorama parte del rol protagónico de Latinoamérica durante la COP 30 de cambio climático llevada a cabo en noviembre de 2025 en la amazonia brasilera, que si bien dejo una sensación de incertidumbre al mantenerse un lenguaje ambiguo y falto de definición de objetivos concretos en materia de adaptación y mitigación, logró poner la lupa sobre el importante rol que cumplen los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales y sociedad civil en la protección de la biodiversidad.
Es en este escenario de oportunidad y en el ejercicio de continuar conectando los diferentes instrumentos a nivel internacional que desde Ambiente y Sociedad queremos reiterar la importancia del Acuerdo de Escazú, a propósito de la publicación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Hoja de Ruta, documento que contiene las acciones prioritarias para la implementación efectiva del Tratado, la consulta pública sobre este insumo fundamental está abierta para recepción de comentarios hacia el próximo jueves 19 de febrero.
El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento a nivel de América Latina y el Caribe que articula el lenguaje de los derechos humanos y ambientales, regulando los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental, los cuales cuentan con innumerables barreras pese a la existencia de marcos normativos en países como Colombia. Recordemos que es precisamente la ausencia de información de calidad o la dificultad de participar de manera efectiva en procesos de aprobación de licencia ambientales, las principales causas de conflictos ambientales a nivel nacional.
Adicionalmente, Escazú es reconocido por establecer, por primera vez en la región, la obligación de los Estados de garantizar entornos seguros para las personas defensoras del ambiente. Esta obligación es particularmente urgente en Colombia, considerado el país más peligroso para la defensa ambiental. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 160 personas defensoras fueron asesinadas en 2024, con una alta concentración de alertas tempranas activas en departamentos como Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.
Este riesgo se intensifica en un contexto electoral, como el que atraviesa actualmente el país, en el que las disputas territoriales entre actores armados ilegales, sector privado y actores estatales incrementan la exposición de quienes defienden el territorio y los bienes comunes. En este escenario, la publicación y apertura a consulta de la Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú constituye un paso institucional relevante. El documento identifica 23 acciones prioritarias y representa un primer intento por materializar el Tratado en clave de prevención de conflictos y construcción de paz ambiental.
Desde Ambiente y Sociedad, como organización de la sociedad civil que ha participado activamente en la construcción del Acuerdo desde sus inicios, valoramos este avance y hacemos un llamado al Gobierno nacional para que impulse una hoja de ruta con un estándar de protección acorde con la realidad del país.
La versión preliminar de la hoja de ruta reconoce la importancia de fortalecer el enfoque de derechos humanos y ambientales establecido en instrumentos normativos a nivel internacional, vinculando conceptos claves como el deber de prevención en el contexto de crisis climática que plantea la necesidad de una debida diligencia reforzada materializada en medidas preventivas y el monitoreo e implementación de políticas y medidas relacionadas con el cambio climático reconocido en las Opiniones Consultivas 23 de 2017 y 32 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El documento hace el ejercicio de conectar estos avances a nivel internacional con el escenario colombiano, en el caso particular del principio de prevención se mencionan decisiones de la Corte Constitucional que lo materializan, como es el caso de la Sentencia C-280 de 2024, que señala el carácter preventivo de la licencia ambiental frente a los efectos nocivos en materia ambiental de las actividades económicas.
Es importante reconocer la importancia de este ejercicio, con temáticas tan relevantes como las restricciones al derecho al acceso a la información o la importancia de no regresividad como principio base del derecho ambiental que termina impactando el ejercicio de cuidado que ejercen los defensores ambientales en Colombia.
No obstante, la Hoja de Ruta tiene vacíos significativos. En particular, no define acciones concretas para robustecer el marco normativo nacional ni establece indicadores claros que permitan evaluar avances en la aplicación de principios como la prevención, la precaución y la no regresividad. Asimismo, aunque se reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional, no se traduce este principio en responsabilidades específicas y medibles, lo que limita las posibilidades de veeduría ciudadana.
Esta debilidad es especialmente preocupante en el componente de protección a personas defensoras ambientales. El documento remite de manera reiterada a la futura Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, sin asignar compromisos claros a entidades clave como el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección en articulación con el Ministerio de Ambiente y el sector justicia. Resulta insuficiente aplazar la definición de rutas de prevención y protección cuando ya existen instancias como la Mesa Nacional de Garantías, que hasta ahora no ha logrado consolidar un plan de acción efectivo.
Del mismo modo se aterriza el objetivo de superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU – 546 de 2023 sobre la situación de personas líderes y defensoras de derechos humanos, lo cual efectivamente está ligado con la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, si bien nuevamente la acción definida en la hoja de ruta es promover y articular acciones desde la Comisión Intersectorial, se deja de lado el Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe aprobado en abril de 2024.
Este Plan de Acción regional además de ser vinculante para el estado colombiano y establecer cuatro ejes para la efectiva prevención de violencias y protección de las personas defensoras, cuenta con un programa de implementación, el cual llega a un nivel de detalle que complementa la hoja de ruta planteada desde el gobierno nacional. Dicho Plan cuenta con entregables, responsables, plazos y definición del nivel de aplicación de acciones tan importantes como la existencia de un diagnóstico de la situación de las personas defensoras ambientales a nivel nacional integrando datos actualizados no solo de las entidades competentes, también datos producidos desde las organizaciones de sociedad civil, de tal forma que se reduzca el sub registro e integren un enfoque diferencial que reconozca experiencias comunitarias de autoprotección como las guardias indígenas, claves en territorios como la amazonia colombiana no solo para la protección de estas comunidades, también para la protección de ecosistemas estratégicos en escenarios de disputa territorial con actores armados.
Finalmente, es indispensable reiterar la alerta expresada por diversas organizaciones frente al borrador de decreto que crea la Comisión Intersectorial. Un mecanismo de seguimiento del Acuerdo de Escazú sin participación directa de la sociedad civil, pueblos étnicos y comunidades locales contradice el espíritu mismo del Tratado.
Desde Ambiente y Sociedad reconocemos el esfuerzo del Gobierno nacional ´por avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú y consideramos que los espacios de socialización y recepción de comentarios tanto del decreto como de la hoja de ruta nos permitirán tener un camino a la implementación del Acuerdo de Escazú con un estándar alto, necesario para Colombia. Ser una potencia mundial de la vida a nivel internacional requiere acciones urgentes y claras para dejar de ser el país más peligroso para la defensa del ambiente.
