Contexto

El Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) describió el derecho a  la alimentación como “el derecho de todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, de tener acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla de formas consistentes con la dignidad humana”.

A diferencia de los conceptos “seguridad y soberanía alimentaria”, que son conceptos políticos, el “derecho a la alimentación” se considera un derecho humano y está basado en la legislación internacional existente. Como un derecho humano, esto implica que un individuo puede exigirle al Estado y a las comunidades de Estados que respeten, protejan y garanticen sus necesidades de acceso adecuado a suficientes alimentos en una cantidad aceptable. El derecho a la alimentación estipula derechos individuales y obligaciones estatales relacionadas que deberán ser preservadas en la legislación nacional e internacional. (Windfuhr, Jonsén. 2005)

El derecho a la Alimentación en Colombia es consagrado constitucionalmente como prestacional, programático y progresivo; es decir, no puede ser exigido de forma inmediata y por tanto no tiene un mecanismo de judicialidad por su no cumplimiento.

La política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Compes 113 definió 3 instrumentos para el desarrollo de la misma: la Comisión intersectorial de SAN, CISAN, Plan nacional y planes territoriales de SAN, PTSAN y el Observatorio Nacional de SAN, OSAN.

Sin embargo tanto el derecho a la alimentación, como la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimenta en el país se han venido desvirtuado, perdiendo integralidad y relevancia; ocasionado el deterioro de la calidad de vida de la población debido a los incrementos de la malnutrición, de la desnutrición, de la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y la afectación del medio ambiente.

Objetivos

1. Desarrollar acciones que generen conciencia en la sociedad civil sobre el derecho a la alimentación, la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que motiven la participación y apropiación del derecho y también los deberes y responsabilidades referidos a la producción y consumo de alimentos.
2. Establecer una articulación entre los diferentes actores, entidades, programas y estrategias para lograr una efectiva intervención de la sociedad en la operatividad de la política de seguridad alimentaria y nutricional.

Acciones

1. Generación de vínculos más equitativos entre el campo y la ciudad que favorezcan la seguridad alimentaria y el desarrollo del territorio.
2. Organización de consumidores alrededor de los Centros de Consumidores para la Seguridad Alimentaria y Nutricional generando responsabilidad frente al consumo de alimentos en aspectos como mejoramiento de hábitos alimenticios, incremento en el consumo de frutas y hortalizas, disminución de pérdidas y desperdicios.
3. Fortalecimiento en la organización de agricultores y la economía campesina promoviendo reconversión agroecológica de sistemas productivos  y abriendo canales de comercialización que permitan el abastecimiento directo y precio justo para el productor y el consumidor.
4. Reducción de los desperdicios de alimentos tanto en el sistema productivo como en el consumo
5. Reducción del porcentaje de la huella ecológica generado por los hábitos alimenticios.
6. Diseñar e implementar estrategias y acciones para mitigar las consecuencias del cambio climático en la seguridad y soberanía alimentaria y contribuir a la reducción del mismo.