Escrito por: Vanessa Torres
La agenda internacional de Colombia en materia ambiental y climática atraviesa un momento decisivo. En las próximas semanas, el país participará en dos escenarios clave: la cuarta Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú y la primera conferencia global sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles. No se trata solo de eventos diplomáticos. Lo que está en juego es si Colombia puede consolidarse como un líder regional coherente en la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, si ese liderazgo se traduce en garantías reales para quienes defienden el ambiente en América Latina y el Caribe.
Desde Ambiente y Sociedad hemos insistido en un punto central: no habrá una lucha climática efectiva sin articulación entre los instrumentos internacionales existentes. La transición energética, el financiamiento climático y los derechos de acceso no pueden seguir avanzando por carriles separados. Sin transparencia, participación y justicia ambiental, la transición corre el riesgo de reproducir y profundizar los conflictos socioambientales que hoy ya generan los proyectos extractivos, especialmente en territorios estratégicos como la Amazonía.
En el plano nacional, el gobierno está definiendo de las instancias que marcaran la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, un proceso que materializa la creación de una Comisión Intersectorial para la implementación del Acuerdo de Escazú y una hoja de ruta que marcara las 24 acciones prioritarias que guiaran el accionar del Estado en relación a este instrumento internacional. Desde Ambiente y Sociedad destacamos la apertura por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Cancillería como puntos focales del Acuerdo en Colombia, al integrar en el proceso de construcción de estos dos insumos a diferentes actores de la ciudadanía. Sin embargo, el verdadero desafío no está en diseñar nuevas instancias, sino en garantizar que estas funcionen y produzcan resultados concretos en la vida de las comunidades.
Este es, precisamente, el estándar con el que Colombia llegará a la COP de Escazú. La aspiración de integrar la mesa directiva y de asumir un rol de liderazgo en el grupo sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales es una señal política relevante. Pero el contexto exige más que liderazgo simbólico. En una región donde ser defensor ambiental sigue siendo una actividad de alto riesgo, Colombia tendrá que demostrar que su compromiso con Escazú se traduce en medidas efectivas de protección, acceso a la justicia y reducción de la impunidad.
A este escenario se suma el liderazgo asumido junto a Países Bajos en la primera conferencia sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles. Allí, Colombia ha promovido un llamado a una transición energética global, justa, financiada y con responsabilidades diferenciadas. Es una posición ambiciosa y necesaria. Pero también implica una tensión evidente: no es posible sostener ese discurso en el ámbito internacional sin avanzar, al mismo tiempo, en decisiones internas coherentes frente a la dependencia de los combustibles fósiles.
La pregunta que debemos hacernos, aunque sea incomoda es: ¿puede Colombia liderar la agenda global de transición energética mientras enfrenta presiones fiscales y políticas que empujan en sentido contrario? La respuesta dependerá de su capacidad para convertir el discurso en política pública consistente, con metas claras, mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana y con alternativas reales para los territorios que hoy dependen de las economías extractivas.
En este contexto, el Acuerdo de Escazú no es un complemento, sino una condición habilitante. Es el instrumento que puede garantizar que la transición energética no se imponga desde arriba, sino que se construya con participación efectiva, acceso a la información y justicia ambiental. Sin estos elementos, cualquier transición —por ambiciosa que sea— corre el riesgo de perder legitimidad social y fracasar en su implementación.
Colombia tiene hoy la oportunidad de articular su liderazgo en Escazú con su apuesta por abandonar los combustibles fósiles y posicionarse como un referente de transición con enfoque de derechos. Pero las oportunidades, en política climática, tienen fecha de vencimiento. Si este momento no se traduce en decisiones concretas, el país corre el riesgo de quedarse en un discurso vacío.
La transición energética será justa, o no será. Y Escazú es, quizás, la mejor herramienta que tiene Colombia para demostrar que ese principio puede pasar del papel a la realidad.
