¡Exigimos la protección de los defensores indígenas y el acuerdo de Escazú!

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Fuete: ORPIO

La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO, que representa a 26 federaciones indígenas en la región Loreto, nos pronunciamos para exigir que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, como reconocimiento a la defensa y protección del medio ambiente que por décadas venimos desarrollando como pueblos indígenas, y que cientos de hermanos y hermanas desarrollan a nivel nacional, incluso entregando su vida. Labor que, actualmente, no cuenta con mecanismos de protección de parte del Estado para su implementación; labor que expone a las y los defensores a riesgos por enfrentarse a una serie de actores ilegales. Labor que garantiza, aquello que nos otorga tanto orgullo, nuestra biodiversidad, y que da seguridad alimentaria a miles de familias en nuestro país. Por ello, es de justicia ratificar este Acuerdo.

Nos pronunciamos también, en respuesta a una campaña de desinformación a nivel nacional, en la que quieren hacernos caer en inexactitudes y entrampar la ratificación de este acuerdo vital para nuestro país. Campaña de desinformación a la que se han sumado nuestras autoridades regionales con la publicación de pronunciamientos públicos y de la denominada “Declaración de Loreto” que rechaza el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. Vale la pena señalar que estos son documentos NO SUSCRITOS por ORPIO. Ante ello, queremos señalar lo siguiente:

  1. El Acuerdo de Escazú NO atenta contra nuestra soberanía como señalan los comunicados del GOREL y personalidades de la región. El Acuerdo reconoce la soberanía de los países y la soberanía en el aprovechamiento de los recursos naturales que existen en sus territorios. El artículo 3, señala que la implementación del Acuerdo se guía en el respeto al “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales” y el “principio de igualdad soberana de los Estados”.
  1. El Acuerdo no permite que instituciones de la sociedad civil o privados lleven al Estado ante La Corte Internacional de La Haya. En primer lugar, porque esta Corte no resuelve controversias entre comunidades y privados o entre estos y el Estado. El artículo 34 del Estatuto de la Corte lo señala: “sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte”. Si queremos ser más claros, solo van a la Haya controversias entre Estados. Es una falsedad de quienes se oponen, señalar que si el Estado no respeta contenidos del Acuerdo se le llevará a la Corte de la Haya. El Acuerdo de Escazú fortalece la normativa nacional en materia ambiental. Establece que el acceso a la justicia en asuntos ambientales se asegura exclusivamente en el marco de la legislación nacional (artículo 8.2° del Acuerdo de Escazú).
  1. El pronunciamiento del Gobierno Regional señala que ningún país importante Amazónico ha ratificado el Acuerdo. Este argumento linda con la discriminación cuando dice que Guyana no es un país importante como Argentina o Colombia, desconociendo que todo país, todo pueblo y ser humano tenemos los mismos derechos. Y sobre el NO avance del acuerdo en países amazónicos, debemos pedir que se lean las declaraciones del gobierno colombiano y su propuesta de ley para la ratificación del acuerdo, y además, recordar que Ecuador ratificó el acuerdo en mayo de este año, y también es un país amazónico, que limita con nuestra región. En esa medida, todos los países son importantes, así como sus pueblos.
  1. A pesar del contexto de emergencia sanitaria se suma la persistencia a la violencia, nuestros hermanos y hermanas indígenas siguen siendo criminalizados, atacados y amenazados. Desde años, nuestros pueblos indígenas han sido guardianes y defensores de nuestro medio ambiente. Sin embargo, a pesar de los grandes riesgos que sufren día a día se evidencia la falta de medidas por parte del Estado para la protección de nuestros defensores y defensoras, tal es así que durante el periodo de cuarentena se han registrado casos de defensores indígenas asesinados, como Arbildo Meléndez del pueblo Cacataibo, en Huánuco, y Gonzalo Pío Flores, líder Asháninka en Junín.
  1. Sumado a ello, el Gobierno privilegia una reactivación económica vulnerando derechos fundamentales como la vida, el territorio, la consulta previa, la participación y el acceso a la información. Pese a los graves impactos, varios sin remediar por décadas, causados por actividades extractivas y obras de infraestructura en nuestra Amazonía. Por cuya denuncia y defensa del territorio, hemos sido foco de diversas amenazas, ataques y, en algunos casos, asesinados por denunciar actividades ilegales (minería informal, tala, etc.).
  1. Por ello, las Organizaciones Indígenas representativas del Perú respaldamos la ratificación del Acuerdo de Escazú, primer tratado regional que incluye disposiciones para la protección de los y las defensoras del medio ambiente. Y promueve derechos fundamentales para acceder oportunamente a la información ambiental en formatos accesibles, con enfoque intercultural, participar en la toma de decisiones sobre la explotación de recursos en nuestros territorios y acceder a la justicia en asuntos ambientales reconociendo mecanismos interculturales. Aportando asegurar un medio ambiente sano para las próximas generaciones, y beneficios de su explotación, no para unos cuantos, sino para todas y todos los peruanos.
  1. Por todo ello, exigimos al Congreso de la República que emita de manera urgente un dictamen favorable para la ratificación de este Acuerdo de Escazú y pueda ser visto y aprobado en el Pleno. De esta manera, nuestro país demuestre su compromiso con la labor de los y las defensoras indígenas en defensa de nuestra Amazonía.

ORPIO y sus 26 organizaciones afiliadas se mantienen unidos y fuertes para la defensa de la cultura y de los derechos colectivos. Asimismo, reiteramos al Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que deben sostener la posición que expresaron al firmar el Acuerdo y al Congreso de la República que los derechos a la vida y territorio de nuestros pueblos indígenas siempre debe prevalecer sobre los intereses económicos y políticos. Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto a pronunciarse y solidarizarse en defensa de los pueblos indígenas, y la defensa del medio ambiente.

SI A LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES AMBIENTALES

SI A LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

 

EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES INDÍGENAS CON LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ