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Si eres Líder, lideresa o autoridad local en el piedemonte amazónico te invitamos a participar en este curso virtual gratuito que se desarrollara entre el 19 de agosto al 16 de septiembre y contará con cinco sesiones y cuatro módulos temáticos como:
Inscripciones hasta el 16 de agosto.
¿Por qué hacer este curso?
Cuando nos enfrentamos a conflictos socioambientales, con consecuencias en los derechos humanos, creemos estar solamente ante dos actores: el Estado, de un lado, y la comunidad, del otro. Esto se corresponde con el hecho de que, históricamente, son los Estados los responsables, como signatarios de tratados internacionales ante organismos internacionales, los llamados a responder por violaciones de derechos humanos que ocurren en sus territorios, incluyendo las acciones cometidas por terceros, como las empresas. Pero, desde finales de la década de los años 90, la comunidad internacional ha señalado que hay, aparte de los dos citados, otros actores que influyen en los impactos, en las decisiones y en la manera en la que se desenvuelven los conflictos como las empresas privadas o públicas, nacionales o transnacionales, bancos nacionales o multilaterales y otros de la misma esfera no pública o social. En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por unanimidad los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y nombró a un conjunto de personas expertas para apoyar su implementación y divulgación, llamado el Grupo de la ONU sobre las Empresas y los derechos humanos. En Colombia, en 2019, la Consejería Presidencial por los Derechos Humanos anunció la actualización del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, con base en el documento creado en el 2015. Así como el plan anterior, este plan tiene unas fallas estructurales que continúan con la falta de definición de acciones concretas y asignadas para la protección efectiva de derechos humanos. En estos planes es imposible identificar en él una política pública que garantice la protección eficaz de los derechos humanos cuando estos se ven afectados por operaciones empresariales.
Los Principios Rectores que se han planteado para tramitar los conflictos con las empresas establecen que: (i) los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de posibles impactos de terceros, incluidas las empresas; (ii) las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, como “norma de conducta mundial” aplicable para todas las empresas y exigible a ellas; (iii) es necesario actuar de manera proactiva con respecto a los riesgos e impactos que sufren las personas por causa de las actividades empresariales y facilitar el acceso a mecanismos de reparación.
En ese sentido, este curso está planeado para profundizar en 4 temas centrales para comprender las dinámicas empresariales en los territorios en los que ejercen sus funciones e identificar las estrategias efectivas frente a las violaciones de derechos humanos y los conflictos socioambientales en los que están implicadas las empresas. Los cuatro temas serán:
- La naturaleza y estructura de las empresas.
- Los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos.
- El rol de la banca multilateral y la aproximación a ella en conflictos socioambientales.
- La diligencia debida a la que se encuentran obligadas las empresas y los mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas.
Con este curso queremos fortalecer las capacidades de los líderes y las lideresas comunitarias y autoridades locales en el piedemonte amazónico para la comprensión del funcionamiento empresarial en el territorio, a partir de una profundización del conocimiento en torno a las responsabilidades que corresponden al Estado, a las empresas y a la banca multilateral, como actores que juegan un papel en los conflictos socioambientales, desde la perspectiva de la diligencia debida y de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos.
Esperamos contar con su participación en nuestro curso, durante las siguientes semanas sobre los distintos elementos que hacen parte de la relación entre Empresas y derechos humanos en países latinoamericanos como Colombia.
