El Congreso debe responder al compromiso del Gobierno Nacional y aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú

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  • Mañana, a las 8:00 a.m., está citada la votación del proyecto de Ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú. Congresistas de la Comisión Segunda del Senado exigieron convocar la votación por estatuto de oposición.
  • Con su aprobación en el primero de cuatro debates, los congresistas demostrarían su interés con la justicia ambiental del país y la protección de los defensores de la naturaleza.
  • La votación se da justo después de la COP 1 para los países miembro y signatarios del Acuerdo de Escazú, realizada en Chile y en la que se lograron importantes avances.

Bogotá, 25 de abril de 2022. Después de que el Acuerdo de Escazú quedara archivado en la pasada legislatura y a pocos meses de que termine la actual, el Senado votará el proyecto de ley que busca iniciar el trámite de ratificación este martes 26 de abril. La votación, convocada por algunos senadores de la Comisión Segunda del Senado, ocurre más de dos años después de la firma del Acuerdo por parte del Gobierno Nacional.

Para la Alianza por el Acuerdo de Escazú, el Congreso tiene una nueva oportunidad para demostrar su real compromiso con el Acuerdo, con la justicia ambiental y con la protección de los defensores de los territorios. Esperamos que la votación a favor sea mayoritaria y que Colombia pueda entrar pronto a la lista de países de la región comprometidos con el Acuerdo.

De acuerdo con Mauricio Cabrera, asesor para Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, “en momentos en los que es evidente la ausencia de una verdadera justicia ambiental en el país, no se puede postergar más la ratificación del Acuerdo, que si bien se ha anunciado en varias oportunidades por parte del Gobierno Nacional en escenarios internacionales, no se ha materializado hasta el momento”.

Un momento relevante para el Acuerdo

La votación se dará justo después de la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, realizada la semana pasada en Santiago de Chile en la sede de la CEPAL, en donde delegados de varios países de América Latina y el Caribe se reunieron para debatir los contenidos previstos por el Acuerdo regional. Durante la COP se discutieron y aprobaron las reglas para el seguimiento del Acuerdo y aunque la participación del público fue objeto de debate en este escenario, la decisión de los países fue mantener las condiciones y el rol determinante de la ciudadanía en el marco de la negociación e implementación del Acuerdo.

Durante la COP se lograron importantes avances como la creación de un grupo de trabajo para el Acuerdo de Escazú, sobre mecanismos y medidas de protección respecto a la situación de riesgo que viven los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales con especial énfasis en pueblos indígenas, comunidades locales y en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con Lina Muñoz, directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, “la implementación del Acuerdo de Escazú empezó con pie derecho. Hay un fuerte compromiso de la región por lograr estándares robustos sobre democracia ambiental y además, la cooperación internacional y los organismos financieros han manifestado su apoyo económico para lograr los objetivos del tratado regional”.

Además, en los espacios paralelos de la COP, se discutió la extrema importancia de ratificar Escazú en Colombia, ya que es el país más peligroso del mundo para la defensa del ambiente, con un total de 65 defensores de derechos humanos en asuntos ambientales asesinados en 2020, según el último reporte sobre este tema del Global Witness.

De acuerdo con Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, “Al aprobarse en la COP las reglas de procedimiento, un comité de expertos para monitorear el cumplimiento del Acuerdo y el nuevo grupo sobre defensores, se demuestra la importancia de la ratificación por parte de Colombia. Como país debemos ser parte de las medidas inmediatas para la protección de quienes luchan a diario por la protección del ambiente, no podemos darle la espalda a la democracia ambiental”.

Mientras los países avanzan en la puesta en marcha del Acuerdo, es momento de que Colombia se ponga al día con su ratificación. En palabras de Mauricio Madrigal, profesor y director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, “La ratificación y posterior implementación del Acuerdo de Escazú le permitiría a nuestro país contar con más garantías para la prevención y transformación de los conflictos ambientales; en Colombia, más que un asunto de voluntad política, esto es una obligación estatal. El no reconocimiento de los derechos de las personas defensoras del ambiente en un país como Colombia es una forma de violencia estatal”.

Así ha sido el trámite del Acuerdo de Escazú en Colombia
  • El Gobierno Nacional ha radicado este proyecto de ley ante el Congreso de la República dos veces. La primera, el 20 de julio de 2020 con mensaje de urgencia, pero terminó archivado entre debates y oposición por parte de varios sectores.
  • El 29 octubre de 2021 fue radicado por segunda vez, en esta oportunidad sin mensaje de urgencia, escenario en el cual inició su trámite con la radicación de la ponencia positiva el pasado mes de febrero y con la convocatoria a votación para el día de mañana 26 de abril de 2022 a las 8:00 a.m. en la Comisión Segunda del Senado.
  • En caso de que el proyecto de ley sea aprobado por los senadores de esta Comisión, el trámite continuará en la Plenaria del Senado de la República que podría votar en esta legislatura. Para lograrlo se requiere la mayoría simple y el quórum de los senadores que estaría asegurado por las reglas del Estatuto de la Oposición. 
Sobre el Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos fundamentales: el acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia en materia ambiental frente a hechos que afecten al ambiente y los derechos humanos. Adicionalmente, el Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambientales.