Cambio Climático: Análisis comparativo entre el planteamiento de políticas y su aplicación.

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Contradicciones en la retórica doméstica e internacional

Durante la cumbre climática de las Naciones Unidas en Nueva York en el mes de septiembre, el Presidente Santos afirmó el compromiso del país de enfrentar el cambio climático. Santos dijo que el país apoyaba un acuerdo jurídicamente vinculante en el que todos los países debían tomar parte de acuerdo a su responsabilidad histórica y sus capacidades respectivas.[1] Sin embargo, el tema del cambio climático no ha sido realmente una prioridad para el país, a pesar de la alta vulnerabilidad climática, las recientes inundaciones y las altas temperaturas que han provocado sequías afectando a gran parte de la población.

Los recortes en presupuesto nacional para el medio ambiente en el 2015 contradicen la actitud del gobierno nacional frente a la comunidad internacional.[2] La decisión de recortar el presupuesto ignoro la crisis que afecta al país en materia de recursos hídricos y efectos del cambio climático. A mediados del 2014, el senador Mauricio Lizcano aseguró que “la falta de planeación, prevención y negligencia del estado y de los entes territoriales es clara pero no se ha querido ver. Existe la falta de una política pública ambiental, no se articulan las instituciones en torno al tema del cambio climático, hay negligencia en las Corporaciones Autónomas Regionales en el manejo de cuencas hidrográficas y rondas hídricas y hay ausencia de investigación aplicada frente a los fenómenos climáticos”.[3]

La retórica pro-ambiental del gobierno actual en foros internacionales ha sido cuestionada dada las políticas y prácticas domésticas en materia ambiental y climática. El país debate los beneficios del fracking y la controversia alrededor de las licencias exprés.

Se espera igualmente que en el texto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 el medio ambiente y el cambio climático constituyan parte esencial en las políticas nacionales de desarrollo y se involucre a todos los sectores de la economía, y que como miembro de la Coalición para el Clima y el Aire Limpio (CCAC) Colombia logre establecer NAMAs adecuadas para los sectores de la industria del gas y el petróleo, dado que el país continua basando gran parte de su producción en la explotación de estos recursos.

Mercado voluntario de carbono

A finales de octubre de 2014, el país recibió al equipo de trabajo de La Nueva Economía del Climate (NEC). [4] La NEC es un nuevo reporte que presenta las oportunidades económicas del cambio climático y concluye que “que los países, de todos los niveles de ingresos, ahora cuentan con la oportunidad de crear crecimiento económico duradero al mismo tiempo que reducen los inmensos riesgos del cambio climático.” El Presidente Santos afirmó su compromiso con el tema del cambio y climático y reiteró el interés del gobierno nacional en promover el desarrollo sostenible.

Otra noticia importante fue el anuncio de la Fundación Natura de crear un mercado voluntario de carbono para el país a mediados del 2015 para compañías nacionales e internacionales que buscan reducir sus emisiones.[5] La creación de este mecanismos voluntario le daría a Colombia una ventaja para la COP21 en Paris al fortalecer su compromiso nacional con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta iniciativa todavía es preliminar y se necesita más trabajo a nivel nacional en mecanismos que le pongan un precio al carbono.

Ley Marco de Cambio Climático.

Aunque el gobierno colombiano ha desarrollado varios elementos de una política nacional sobre cambio climático, la falta de normatividad en el tema ha disminuido la capacidad de adaptación y mitigación nacional. Actualmente, se busca desarrollar el texto de un proyecto de ley sobre cambio climático que integre mitigación, adaptación y financiamiento en el marco institucional del país. El proyecto es una oportunidad para abrir el espacio de debate para institucionalizar y legitimar acciones en cambio climático en el país de manera que catalice un cambio transformativo en el proceso de desarrollo del mismo.

De ser aprobada la ley, Colombia contaría con la normativa y los mecanismos institucionales para impulsar planes de adaptación y mitigación. Como las iniciativas de mercados voluntarios de carbono y avances en la reducción de deforestación, la ley de cambio climático le daría a la delegación colombiana una “arma de negociación” durante la COP20.

A nivel nacional, la ley lograría la inclusión de política de cambio climático en la política estatal y a nivel regional, con conexiones directas con la planeación territorial y sectorial. Por ejemplo, en el Fondo de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, se podría impulsar el desarrollo de proyectos y catalizar inversiones  de este tipo en el país. También integraría y daría mayor  impulso a la ley de energías renovables (ley 1715 de 2014), incluyendo zonas no interconectadas, haciendo posible el acceso a energía limpia a más Colombianos.

Aunque la ley es un paso adecuado en materia de cambio climático, existen retos para el establecimiento de una ley que sea inclusiva, efectiva y ambiciosa en adaptación y mitigación.

Aunque el proyecto abarcaría una ley general, se espera mayor detalle en los mecanismos de adaptación o mitigación. Además, a pesar  que el sector de agricultura es el mayor generador de GEI en Colombia y el más vulnerable, no se hacen referencias a éste – o al respectivo ministerio – sobre procesos o políticas para enfrentar la problemática.

Se hace necesario el establecimiento de mecanismos de transparencia y participación pública dentro del marco de la ley, para no limitar la influencia que podrían tener ONGs, académicos  y otro tipo de organizaciones durante la implementación de la ley. La ley debe especificar el rol que tendrá el Ministerio de Minas y Energía en limitar su producción de GEI (Debido a la extracción de recursos naturales y explotación de fósiles combustibles, incluyendo el uso del fracking). El problema es que como con cualquier ley, hay intereses económicos de sectores de alta influencia, como el sector minero, que podría afectar la transparencia y divulgación de la ley.

El desarrollo de un proyecto tan importante como una ley de cambio climático debe generar espacios de socialización alrededor de este y además asegurar la sanción de la ley con un contenido que permita la acción efectiva, comprensiva, transparente y participativa ante el cambio climático.

  1. ¿Que esperaríamos que se desarrollará en la COP20 en Lima?

Es necesario que en el nuevo borrador se determine de manera exhaustiva un enfoque realmente bidimensional que apunte de manera equilibrada a destinar los recursos que sean canalizados por el Fondo, para cubrir de manera paralela las necesidades de Mitigación y Adaptación de los países en desarrollo.

Hasta el momento Colombia no ha desarrollado una política nacional que permita coordinar e implementar en todos los sectores los planes de adaptación y mitigación al cambio climático. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con la Estrategia de Desarrollo bajo en Carbono, la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Ecosistemas ENREDD+ y el Plan Nacional de Adaptación, como estrategias que se unen a los compromisos internacionalmente asumidos por Colombia para lograr los niveles de reducción de emisiones necesarios en la mitigación del Cambio climático, sin embargo es necesario que el papel de Colombia en las negociaciones, mostrando ser un país comprometido con el medio ambiente se reflejen en el desarrollo de un marco jurídico y político que permita implementar de manera efectiva y con respeto a los derechos humanos y el ambiente, acciones en pro de un desarrollo sostenible, garantizando además el respeto y cumplimiento de los principios internacionales de desarrollo reconocidos y adoptados por Colombia.

Es importante que Colombia demuestre su liderazgo como parte de AILAC (Alianza Independiente de Latinoamérica y el Caribe) y que utilice la COP20 en Lima como una oportunidad para ejercer una plataforma progresiva y ambiciosa. Esperamos que Colombia siga impulsando y abogando un tratado jurídicamente vinculante para todos los países de acuerdo a su responsabilidad histórica y su capacidad respectiva.

Se espera que en cuanto a lo decidido en la  plataforma de Durban, el país intensifique el trabajo para definir sus contribuciones Nacionales con participación de la sociedad civil, para que estas estén listas en el primer trimestre de 2015 pues hasta el momento solo se conoce la posición de Colombia en cuanto al componente que debe integrar el acuerdo de Paris 2015, en la que Colombia espera se logre un acuerdo de naturaleza jurídicamente vinculante no solo a nivel general sino también vinculante a nivel país, con un componente individual de compromisos y con mecanismos efectivos de cumplimiento.

 

  1. 1 ¿Hasta qué punto debería ir la responsabilidad de Colombia? (teniendo en cuenta que aporta muy poco al problema)

Como otros países en desarrollo, Colombia se encuentra en un momento decisivo en su trayectoria de desarrollo. Dada la alta tasa de pobreza y la necesidad de mejorar los servicios públicos, el país necesita seguir estimulando el crecimiento económico. Sin embargo, esto no significa que el desarrollo debe ser a costa de una política ambiental permitiendo explotar los recursos naturales de una manera insostenible y vulnerando derechos de las comunidades.

Nuestra matriz de energía es relativamente limpia, pero nuestra economía todavía es dependiente de exportación en petróleo y carbón. Sin duda, el cambio climático presenta nuevos desafíos al desarrollo tradicional ya que más y más gobiernos están aprobando leyes para ponerle un precio al carbono y mitigar las emisiones de gas de efecto invernadero.

Es importante que Colombia continúe trabajando en impulsar el debate de una “tercera vía” y así romper con la narrativa de países industrializados y países en vía de desarrollo. Esta retórica es demasiado simplista y no toma en cuenta la urgencia de crear un acuerdo global en el 2015 que ponga al mundo en una trayectoria mucho más limpia.  Países como Colombia que tienen economías emergentes y verán un incremento en la clase media que demanda más recursos y energía, tienen la oportunidad de influir y moldear el debate internacional.

  1. El papel de la sociedad civil en las negociaciones.

Es importante que la sociedad civil participe durante todo el proceso de desarrollo de las contribuciones determinadas a nivel nacional (INDC por sus siglas en inglés) antes de que la versión final sea presentada en Paris en el 2015.  El rol de la sociedad civil debe incluir el establecimiento de puntos claves para el documento INDC de Colombia al igual que en el desarrollo de proyectos de ley a nivel nacional. Es decir, definir prioridades y asegurarse de que ciertas garantías sean consideradas.

Resulta indispensable establecer alianzas entre organizaciones que permitan fortalecer las capacidades de incidencia en la toma de decisiones a nivel nacional y regional, además de promover iniciativas para impulsar la transparencia en materia de transferencias y apoyo financiero para mitigación y adaptación. La visión intergeneracional e intercultural que poseen las organizaciones de la sociedad civil permite alcanzar mayores rangos de inclusión en el planteamiento, desarrollo y ejecución de planes y programas en torno al cambio climático,  permitiendo fortalecer las esferas de participación y acceso a la información de todos los sectores de la población , por ello es importante que la sociedad civil se enfoque en hacer un seguimiento a la delegación del país, pero sobre todo en informar al público colombiano de manera clara y oportuna sobre la importancia de afrontar el cambio climático tomando ventaja de las oportunidades económicas y de resiliencia que existen.

[1]Claudia Sandoval Gomez, Las acciones que exige Colombia para combatir el cambio climático

[2] Ferney Arias Jimenez, Los contrastes sociales a debatir en el presupuesto

[3] Gobierno habria sido negligente en prevencion ante el cambio climatico

[4] Nota de prensa del Ministerio de Ambiente sobre las recomendaciones de la Nueva Economia del Clima para Colombia.

[5] Colombia to launch voluntary carbon market