El alto tribunal ha fallado en varios casos a favor del medio ambiente, pero abre un viejo debate.
En los últimos seis meses la Corte Constitucional ha tomado tres decisiones que enfrentaron en la balanza a los derechos ambientales contra los económicos.
La orden de junio pasado de cerrar dos pozos petroleros en Orito (Putumayo), la de diciembre que frenó la hidroeléctrica de El Quimbo y la de este lunes, en la que sacó la minería de los páramos, y les quitó dientes a los proyectos de interés estratégico y a las zonas de reserva minera, han dividido las opiniones. Dos han sido los argumentos que el alto tribunal mantuvo en esos fallos: el deber de los megaproyectos de pasar primero por una consulta previa, y el de preservar el medioambiente.
Esa medida fue criticada por Jaime Concha, vicepresidente de la Andi para asuntos de minería, quien aseguró que el fallo traerá “incertidumbre jurídica en las empresas que ya tenían títulos (…). Se mandan unas señales de cambio de reglas de juego a los inversionistas”. De hecho, esa discusión enfrentó a los magistrados de la misma Corte, en un debate que ganó la mayoría ambientalista. De los 8 magistrados que participaron, solo dos salvaron su voto: Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares, quienes afirmaban que en esos proyectos se debían respetar los derechos adquiridos y que se debía mantener la transición que impuso el Gobierno frente a las licencias expedidas antes del 2010.
En el caso de las petroleras de Orito, la Corte aseguró que “la protección del medioambiente pasó a convertirse en uno de los fines esenciales del Estado desde la Constitución del 91” y le dio prioridad a la consulta con las comunidades. Esa jurisprudencia ecológica podría repetirse en el resultado de otra tutela contra más proyectos en ese departamento, cuya ponencia también está a cargo del magistrado Alberto Rojas.
Gonzalo Andrade, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias, aplaudió los fallos de la Corte y dijo que el Ministerio de Ambiente estaba en mora de tomar ese tipo de decisiones, pues “la ley tiene como una de sus principales funciones prevenir y mantener la conservación de la biodiversidad”.
Pero la competencia que le dio el alto tribunal a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para otorgar las licencias de los proyectos estratégicos, como una forma de proteger su autonomía, ha sido criticada.
“Hace unos años el Gobierno estuvo a punto de acabar con las CAR, porque sufren de mucha politiquería, lo que se presta para presiones indebidas”, aseguró Orlando Rangel, profesor de Ciencias de la Universidad Nacional.
Expertos en el sector petrolero aseguran que el licenciamiento en las CAR puede tardar más de 4 años porque “no tienen capacidad técnica”.
Una de las decisiones que enfrentó a la Corte con el Gobierno fue en la que ordenó cerrar El Quimbo, afirmando que el Ejecutivo no podía evadir una decisión judicial, justificándose en un estado de emergencia. Un juez se enfrentó a los argumentos de la Corte y volvió a abrirla este año, afirmando que se generaba un riesgo de desabastecimiento de energía en pleno fenómeno de El Niño.
