Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos
El 3 de marzo de 2016, una ola de indignación y repudio se difundió por el mundo condenando el brutal y cobarde asesinato de la defensora hondureña, Berta Cáceres, una defensora del medio ambiente y líder comunitaria que inspiró a miles de personas por su labor a favor de los derechos del pueblo Lenca.
Desgraciadamente, su muerte ocurrió en un contexto de multiplicación de ataques contra personas defensoras de derechos humanos y en particular contra quienes defienden de manera pacífica la naturaleza, el derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Y no sólo en Honduras, sino en todo el continente. Colombia, Brasil, Perú, México, Guatemala, Ecuador, la lista es larga y cada vez se suman más países que parecen estar dispuestos a poner los intereses económicos por encima de las personas y territorios. Y los informes de numerosas organizaciones confirman el sentimiento de deterioración imparable de la situación, corroborando que Latinoamérica se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras del medio ambiente.
Los ataques perpetrados contra las personas defensoras y sus organizaciones son múltiples y parecen inextinguibles. Van desde campañas de vigilancia, acoso, descrédito en medios de comunicación y redes sociales a agresiones físicas, actos de tortura, desaparición forzada y asesinatos. A esto, se suman prácticas de corrupción e impunidad extendidas en numerosos países donde las relaciones entre actores estatales y no estatales parecen muchas veces ambiguas. Sin olvidar los ataques sufridos por las mujeres defensoras de derechos humanos quienes enfrentan numerosas amenazas de violencia sexual y campañas de desprestigio basadas en su género. Todo esto se ve favorecido por el contexto de criminalización creciente de la protesta social y el uso de la ley para impedir disensión en sociedades latinoamericanas y caribeñas.
Ante un panorama que parece obscurecerse, hay razones para seguir siendo optimista. La sociedad civil nunca ha parecido ser tan fuerte, organizada y determinada. La solidaridad internacional reforzada por la globalización de los intercambios entre las personas y entre las organizaciones permite sacar las luchas del aislamiento y pedir rendición de cuentas para asegurar la efectiva implementación de los compromisos en materia de derechos humanos. A nivel de las Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos constituyen un avance prometedor para crear puentes entre mundos que se solían ver antagonistas.
Del mismo modo que debemos salir del falso debate enfocado en oponer seguridad nacional y respeto de las libertades fundamentales, se debe superar la supuesta imposibilidad de conciliar el desarrollo y el respeto a las personas y al medio ambiente. Lejos de la imagen antiprogreso que varios gobiernos, medios de comunicación y empresas tratan de difundir, muchas personas defensoras de los derechos humanos tienen una visión clara, integral del desarrollo sostenible permitiendo cubrir las necesidades de millones de personas.
Las personas defensoras del medio ambiente demuestran cada día que no se puede pensar el desarrollo económico de los Estados sin integrar el respeto de los derechos humanos y en particular los derechos económicos, sociales y culturales. Para la realización de los derechos humanos hay que cruzar perspectivas y desarrollar visiones interseccionales. Por ejemplo, los derechos de las personas indígenas, el derecho a la salud, el derecho al agua no son derechos aislados, pero constituyen un todo que se complementa.
Ahora más que nunca, debemos escuchar a los defensores y defensoras y abogar por una visión holística, participativa y positiva del trabajo de estas personas y de su contribución al respeto de los derechos humanos en todo el mundo y para todas las personas.
