Por: Vanessa Torres, abogada- investigadora en la Asociación Ambiente y Sociedad-Colombia
Publicado originalmente en Blog El Espectador
Recientemente, el Banco Mundial ha sido noticia en el ámbito internacional por las declaraciones de su execonomista jefe, Paul Romer, sobre las alteraciones que realizó esta organización a su ranking de competitividad empresarial Doing Business. Dicha herramienta mide, desde el año 2002, la facilidad de hacer negocios en 190 países; los datos que ofrece son tenidos en cuenta como fuente primaria en materia de inversión y desarrollo a nivel global y gozan de gran reconocimiento. Puntualmente, en una entrevista que ofreció a The Wall Street Journal Romer reconoció la alteración de la clasificación otorgada a Chile por el Banco desde el año 2014, realizada por motivaciones políticas en contra del gobierno de Michelle Bachelet, y ofreció una disculpa al país y a “cualquier otro país en donde se haya transmitido una impresión equivocada” (ADNradio.cl 16 de enero de 2018).
Esta noticia no solo tuvo como consecuencia la renuncia del experto analista de la economía internacional; también puso sobre la mesa el debate planteado desde las organizaciones de la sociedad civil al Banco sobre los criterios de objetividad de los datos utilizados por esta institución para realizar sus informes y la importancia de establecer mecanismos de acceso a la información pública, participación y seguimiento directo, por parte de la sociedad civil, de los análisis y la información técnica de los diferentes préstamos que estas instituciones conceden a los países de la región.
Si bien el Banco Mundial presenta a consulta algunos de los proyectos y políticas que impulsa, el camino no es tan llano cuando se trata de documentos fundamentales como las alianzas estratégicas que el Banco articula con los países. Por ejemplo, la alianza estratégica con Colombia 2016-2021 fue un documento concertado directamente con el gobierno colombiano, de tal forma que no hay certeza sobre si se tienen en cuenta las observaciones de la sociedad civil en estos procesos de concertación, mientras que el Banco mismo es el que define cuáles de estos marcos y políticas podrán tener observaciones posteriores de otros actores diferentes a los gobiernos.
Otro ejemplo ocurre con las asociaciones público-privadas (APP), figura muy empleada para el desarrollo de infraestructura en la región, respecto la cual el Banco Mundial ha dado un apoyo directo a los gobiernos latinoamericanos para crear el marco legal, definir su implementación y usarlo para la financiación de proyectos específicos (como ocurre en el caso de Colombia).
Frente al “Marco para la divulgación de información en las alianzas público-privadas del Banco Mundial” — que fue publicado en diciembre de 2015 presentado a consulta hasta febrero de 2016— Ambiente y Sociedad y organizaciones internacionales, regionales y nacionales pertenecientes a más de 20 países elaboramos un documento de posición en que exigimos transparencia desde el momento en que un proyecto es elegido para ser APP y se realice la publicación de los costos de las obras financiadas a través de esta figura —incluyendo, por supuesto, los pasivos—, lo cual permitiría tener un verdadero panorama de los altos riesgos y costos que este tipo de obras pueden generar a los gobiernos y a sus ciudadanos.
Estos procesos de seguimiento ciudadano se tornan urgentes con las alianzas o asociaciones público privadas, que, en resumen, son aquellos contratos celebrados entre el sector público y el privado en el que parte de los servicios o labores que tradicionalmente eran responsabilidad del Estado empiezan a ser suministrados por el privado para el abastecimiento de infraestructura o servicios públicos. En Colombia, la totalidad de la cartera de vías de cuarta generación o 4G ha adoptado este tipo de contrato. Solo para contextualizar su importancia, podemos recordar el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, que fue parte del escándalo de corrupción de Odebrecht y está actualmente detenido, lo que ha causado la renuncia de tres directores de Cormagdalena en menos de dos años. Y también la Ruta del Sol, proyecto caracterizado por enormes retrasos, irregularidades en materia de costos de la obra e impactos socio-ambientales, entre otros, al punto que se le ordenó a la Nación tomar posesión de las obras por la incapacidad de la empresa privada encargada para ejecutarlo (nuevamente Odebrecht), pero sin que los ciudadanos sepamos cuánto nos costarán estos incumplimientos.
A pesar de estos ejemplos, el “Marco para la divulgación de información en las alianzas público- privadas del Banco Mundial” destacó a Colombia como uno de los países que cumplían los estándares en materia de acceso a la información de APP a nivel global y lo ubicó entre los primeros lugares. Esta calificación contrastaba con la inexistencia en ese entonces (año 2015) del Registro Único de Asociaciones Público-Privadas (RUAPP), que empezó a funcionar en el primer trimestre de 2016 y a la fecha no presenta datos técnicos de los proyectos ni de monitoreo sobre la ejecución de los mismos, pese a que el marco regulatorio está vigente desde el año 2012.
Este es solo un ejemplo más de los casos que ponen en duda la objetividad y exactitud en los datos suministrados por parte del Banco Mundial en aspectos clave que debieran contener sus informes de certificación sobre aquellas estrategias, figuras o proyectos que les interesa promover al interior de nuestros países. Sin embargo, también es la oportunidad de hacer un llamado a la apertura al diálogo por parte de estas instituciones con la sociedad civil latinoamericana, que reconoce a instituciones como el Banco Mundial como actores principales en su agenda de incidencia —dado que son quienes financian una visión de desarrollo económico extractivo—, frente a los cuales está dispuesta a establecer caminos de diálogo técnico y monitoreo para garantizar un concepto de desarrollo sustentable que respete el marco de derecho internacional del que estas instituciones hacen parte.