Primera Publicación: El Espectador
Redacción Ambiente y Sociedad.
El Banco Interamericano de Desarrollo reformó su política de sostenibilidad ambiental y social. Cada frase de ese documento tendrá grandes repercusiones en la región ya que ahí están las reglas de juego para los megaproyectos. Entrevista con el investigador David Cruz.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el banco de desarrollo más importante a nivel regional. En sus oficinas se define cada año el destino de miles de millones de dólares que irrigan la economía de los países latinoamericanos y constituyen la base de carreteras, puentes, hidroeléctricas y otros megaproyectos. Cada una de sus decisiones se convierte en una nueva oportunidad de desarrollo, pero también en un riesgo cuando no se trazan salvaguardas ambientales y sociales adecuadas.
El año pasado el BID comenzó una revisión de su política ambiental y social. En diciembre del 2019 el brazo del banco encargado de financiar proyectos de entidades privadas, BID Invest, publicó su nueva política y ahora está trabajando en el manual de aplicación de esa política. El brazo del banco encargado de financiar al sector público reveló el pasado 16 de septiembre su nuevo Marco de Política Ambientales y Sociales y comenzó la formulación de su manual de implementación.
Ambos documentos marcarán el destino de muchas obras que serán ejecutadas en los próximos años y décadas en una región con la mayor cantidad de conflictos sociales y ambientales generados por megaproyectos de desarrollo y con el mayor número de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales asesinados por esta causa.
David Cruz, sociólogo e investigador del área de financiamiento y derechos socioambientales de Ambiente y Sociedad le ha seguido la pista de estos procesos desde hace varios años.
Ya están definidas las nuevas políticas ambientales del BID y diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron aportes. ¿Hay posibilidades de incidir en los manuales de implementación?
La semana pasada tuvimos una reunión con funcionarios de BID Invest. El manual de implementación de ellos debe estar listo en diciembre de este año y se tiene planeada una reunión para ese mes. Por otra parte, estamos pidiendo que también se hagan consultas de implementación en el caso del manual del BID público. Aún no se ha anunciado si se va a hacer consulta. Esperamos tener todavía un proceso de incidencia.
¿Qué novedades ha visto en esta nueva política ambiental del BID?
El BID público tenía varias políticas relacionadas con este tema, pero dispersas. Algo novedoso de esta política es que reúnen en un solo marco todas las normas sobre comunidades indígenas, sostenibilidad ambiental y derechos humanos, entre otras.
¿Qué tanto progresó la visión ambiental del banco?
En el caso del BID público hubo varios avances. Puedo destacar tres claves. Uno es que el banco se comprometió a respetar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental que ya están plasmados en el Acuerdo de Escazú. Ahí el banco se pone en línea con el debate actual e incorpora estos principios. Lo segundo es que incorporó una lista de exclusiones, un listado de actividades que prohíbe financiar por potenciales daños. No es perfecta la lista. Faltan actividades clave como fracking pero avanzó en esto. En tercer lugar, destacaría que el banco también hace un compromiso con los derechos humanos y no tolerará represalias a las personas que hagan oposición a proyectos financiados por ellos. Añadiría que hay un reconocimiento explícito a los pueblos afro.
¿Considera que la formulación de la política siguió un proceso participativo?
Creo que fue exitoso porque organizamos a nivel regional el trabajo con varias organizaciones de varios países. El banco hizo consultas presenciales en varios países. En Colombia no hizo consulta, pero nosotros viajamos a la consulta de Lima. Cuando se publicó el segundo borrador fue corto el tiempo de consulta, apenas un mes, pero ellos han incorporado muchas de nuestras sugerencias.
¿Qué debilidades percibe en la nueva política ambiental del banco?
Primero es que estamos exigiendo al BID público que se consulte con la sociedad civil el manual de implementación. Aún no sabemos si lo van a hacer. Una falla que hemos identificado a lo largo del tiempo es que muchas veces las políticas son coherentes y están bien, pero las fallas aparecen en las implementaciones. Necesitamos que sea un manual que tenga requisitos claros de implementación y monitoreo. Existe una norma de evaluación ambiental y gestión de riesgo de impacto en la que creemos que hay una limitación pues no proporciona criterios claros para los proyectos. La política aún no es clara frente a que no va a financiar ciertos proyectos con impactos significativos. Un buen ejemplo de esto sería Hidroituango. Cuando ese tipo de escenarios se presentan no sabemos con claridad los criterios del banco. Otra debilidad es que consideramos que falta un compromiso del banco frente a una transición para dejar de financiar actividades de hidrocarburos y moverse hacia energía limpias. Hace falta avanzar en esos compromisos. El marco de política también es débil para garantizar accesibilidad, infraestructura y comunicaciones para las personas con discapacidad.
¿Cuál es el poder del BID? ¿Por qué consideran que incidir en su política ambiental tiene tanto impacto en la región?
Estas instituciones no son bancos comerciales sino de desarrollo y dan lineamientos para obras y proyectos de infraestructura pero también para políticas y reformas institucionales en nuestros países. Marcan la agenda de desarrollo y muchos funcionarios se forman allá.
¿Cree que la mentalidad ambiental de estas instituciones está cambiando?
No es fácil tener una relación directa con la mayoría de funcionarios de una institución como esta. Recientemente la hemos tenido aún así hay cierta resistencia en algunos de ellos. El BID cambió de presidente recientemente. Por primera vez llega un presidente de origen estadounidense. Siempre habían sido latinoamericanos. Esta vez ganó el candidato de Trump. Lo vemos con preocupación por la postura de Estados Unidos frente a temas de derechos humanos y ambiente. No sabemos cómo va a afectar los enfoques del banco. Estamos en un escenario nuevo. No se si exista un progreso o retroceso.