Por: Clínica Jurídica MASP Universidad de los Andes
Desde 2005 la comunidad y organizaciones de la sociedad civil de los municipios aledaños al páramo de Pisba iniciaron la lucha para frenar la explotación minera en este ecosistema. Tres acciones populares en los últimos 12 años han sido insuficientes.
En el año 2005, la Asociación de Acueductos de Chorro Blando de Tasco interpuso Acción Popular en contra de CORPOBOYACÁ por la minería legal e ilegal desarrollada en la Vereda de Santa Marta, municipio de Tasco, la inoperancia de la precitada acción llevó a que en febrero de 2013, Juan Carlos Granados, el entonces gobernador de Boyacá, interpusiera otra Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Boyacá contra CORPOBOYACÁ y la sociedad Hunza Coal en defensa del derecho colectivo al medio ambiente de la comunidad de Tasco. Lo que marcó un camino hacia la suspensión de las actividades que realizaba la mencionada empresa.
Sin embargo, al notarse la inoperancia de esta acción popular frente a las demás actividades mineras, en febrero de 2014, fue la Defensoría del Pueblo de Boyacá quien decidió interponer una nueva Acción Popular[1] contra CORPOBOYACÁ; la Agencia Nacional de Minería; la Alcaldía de Socha; y Carbones Andinos Ltda, argumentando la necesidad de proteger los derechos e intereses colectivos al medio ambiente sano y el desarrollo sostenible.
Lo que derivó en el cese inmediato de las actividades de explotación minera de la mencionada empresa hasta tanto no se delimite de manera definitiva el páramo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para lo cual se otorgó un término de 9 meses. Hasta aquí el panorama nos hacía pensar que había una oportunidad para la defensa de los derechos colectivos y del ambiente en el páramo de Pisba.
Sin embargo, tras 12 años de espera es necesario comenzar a pensar si a casi 20 años de la Ley 472, las acciones populares cumplen su cometido. La Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) conocí del caso e inició un proceso de investigación que le permitiera encontrar la acción idónea para erradicar la minería en el páramo de Pisba, como un ecosistema de gran importancia.
El páramo de Pisba, se encuentra ubicado en los departamentos de Boyacá y Casanare, abarca una extensión de 105.242 hectáreas, la región paramuna pertenece a la Cordillera Oriental, la cual se caracteriza por ser una importante estrella hídrica y zona de endemismos, dado que posee varias lagunas de origen glaciar y aporta a las cuencas del Río Chicamocha y Magdalena.
La defensa del páramo, sin duda alguna se convirtió en una batalla para MASP, tras encontrar trabas en las acciones populares, mecanismo que parecía el idóneo. Lo que permitió creer que era posible regresar a la interposición de acciones de tutela como mecanismo de protección del medio ambiente. Es así como el pasado 27 de octubre, tras casi un año de trabajo, se logra radicar una acción de tutela, que ante la inoperancia de las acciones populares se convierte en el mecanismo efectivo de protección de derechos frente a la vulneración constante.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, admitió la referida acción al día siguiente de su presentación, con lo cual se espera lograr la protección de los derechos fundamentales al agua y el derecho al medio ambiente sano y la consecuente protección del Páramo de Pisba. En este caso, fueron 20 las entidades demandadas, dentro de las cuales se encuentran las Gobernaciones, Alcaldías municipales y entidades centralizadas y descentralizadas encargadas de la protección del medio ambiente como lo son las Corporaciones Autónomas Regionales, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas.
Dentro de la acción se ponen en evidencia las afectaciones que ha dejado la ejecución de la actividad minera en el páramo, el detrimento en la calidad y en el acceso al agua. Además de la constante afectación de las actividades agrícolas de la región, así como el acceso a este recurso vital en condiciones de salubridad, pues el agua contaminada con residuos químicos y de suelos acidificados tiene el potencial de afectar la salud de las personas que la consumen.
Queda claro que la actividad minera genera deterioro en calidad del agua y en esta medida permitir su prolongación en el páramo de Pisba traería consecuencias determinantes para las cuencas que se alimentan de este ecosistema. Cabe resaltar que al cesar las actividades mineras, las empresas han dejado las bocaminas abandonadas en indebida forma lo que ha ocasionado acidificaciones en los suelos y contaminación del recurso hídrico con metales pesados y otro tipo de contaminantes químicos. En vista de la grave situación, la Clínica continúa trabajando por la protección del ecosistema y el primer gran logro de este trabajo es la acción tutela que hoy está en curso y que se perfila como una opción para recuperar la calidad de vida de los habitantes de Tasco, así como una opción de que se mantenga vivo el páramo por muchas más centurias.
[1] Radicado 2014-0223-00 del Tribunal Administrativo de Boyacá
