El creciente número de conflictos ambientales que afectan a América Latina y el Caribe y las preocupantes cifras sobre asesinatos de defensores ambientales hacen que la adopción del acuerdo sobre Principio10 sea una necesidad para la región

Bogotá D.C. 26 de febrero de 2018  

 

Del 28 de febrero al 4 de marzo próximos 25 países de América Latina y el Caribe se reunirán en San José, Costa Rica donde culminará la negociación del Acuerdo Regional sobre Democracia Ambiental. Este proceso inicio en el año 2012 cuando los Estados signatarios de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 se embarcaron en un proceso para construir un convenio regional que implementará de manera efectiva los derechos al acceso a la información, la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Colombia se sumó a esta negociación en el año 2013.

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Este convenio será una importante herramienta para la prevención de los conflictos socioambientales mediante la implementación de los pilares de la democracia ambiental, y en ultimas para la garantía del derecho a un medio ambiente sano.  El objetivo del acuerdo, que ya fue convenido por los países, establece que la implementación de los derechos al acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales contribuyen a la garantía del derecho al medio ambiente sano y sostenible para cada persona, incluyendo a las generaciones futuras.

El creciente número de conflictos ambientales que afectan a América Latina y el Caribe, junto a las preocupantes cifras sobre asesinatos de defensores ambientales hacen que la adopción de este acuerdo sea una necesidad para la región.

En noviembre de 2017, durante la Séptima Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional, los países parte del proceso aprobaron la adopción de un artículo específico destinado a la protección de los defensores ambientales en la región. Esta es una provisión única en su tipo, y que constituye un verdadero avance para Latinoamérica, región donde en los últimos años han ocurrido el mayor número de asesinatos de defensores ambientales[1].

Para Natalia Gómez, investigadora de Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia y representante electa del público en el proceso de negociación, Colombia debe manifestar su compromiso con la Democracia Ambiental y con los defensores de derechos humanos ambientales con la adopción de este Acuerdo Regional. Natalia Gómez afirma también que la grave situación de los defensores ambientales en Colombia hace necesario que el gobierno se comprometa a otorgarles las garantías necesarias para seguir defendiendo nuestro medio ambiente sin persecución y sin amenazas contra su vida.

Para Carole Excell miembro del público y directora de la Iniciativa de Acceso del World Resources Institute, el acuerdo es especialmente importante para Brasil, Guatemala, México, Honduras, Perú y Colombia, los cuales en los últimos años han sido algunos de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y la tierra.

Además, en la negociación se han consagrado provisiones importantes en materia de participación y justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, el futuro convenio tendrá un sabor agridulce por cuenta de las regresiones en los artículos sobre acceso a la información ambiental aprobadas por los Estados en agosto de 2017[2].

La Corte Interamericana de Derechos humanos,  en su opinión consultiva sobre derechos humanos y medio ambiente, solicitada precisamente por Colombia, reconoció que el Acuerdo Regional sobre democracia ambiental es una buena medida para garantizar el acceso a la información ambiental[3]. Además, la Corte estableció que los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal. Por esta razón deben garantizar en relación al medio ambiente,  el acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al ambiente, el derecho a la participación pública en la toma de decisiones que afecten el ambiente y el acceso a la justicia con relación a las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente[4]

La negociación avanza en su recta final y los retos están ahora enfocados en la Novena Reunión del Comité en Costa Rica. Allí los países terminarán de negociar los artículos pendientes, especialmente aquellos que establecen el andamiaje institucional del acuerdo, incluyendo la reunión de las partes y el mecanismo de cumplimiento del acuerdo. Como sociedad civil esperamos que los gobiernos acuerden altos estándares con un mecanismo de cumplimiento fuerte en el que se consagre la participación directa de la sociedad civil. La Corte Interamericana en su opinión consultiva ya reconoció que los derechos que componen la democracia ambiental son fundamentales para la garantía de la vida y la integridad personal de las personas.

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En esta última sesión de negociación también se deberá definir el carácter jurídico del instrumento, es decir si los países finalmente adoptarán un Tratado, o si solo se adoptarán directrices que los países pueden adoptar o no. Para la sociedad civil el éxito de la negociación solo podrá asegurarse con un tratado fuerte y que de manera efectiva implemente los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, pilares del Principio 10 de la Declaración de Rio de 1992.

Texto compilado por la mesa directiva que incluye las propuestas de texto de los países relativas al documento preliminar del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe octava versión

Más información

Cepal 

Mayor información:  Natalia Gómez, investigadora de Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia y representante electa del público en el proceso de negociación sobre principio10.

nataliagomez@ambienteysociedad.org.co

Coordinación prensa:  Alicia Gómez / +573204821467 aliciagomez@ambienteysociedad.org.co