Escrito por: Margarita Flórez, Directora de Ambiente y Sociedad.

Publicado en Blog- El Espectador 

Sobre la responsabilidad en los incendios, Bolsonaro
sostuvo:
“Pueden ser hacendados también, todo el mundo es sospechoso, pero la mayor sospecha viene de las ONG”

La situación es tan grave, y antigua que va más allá de apagar incendios en sentido literal y metafórico, mediante la convocatoria a cumbres de las que no parece, ni puede, por no ser competentes, salir un compromiso obligatorio para ningún país. En el último mes, Bolivia y Brasil han sido protagonistas de una escalada de incendios forestales y, en ambos países, son pasos para poner en práctica la decisión gubernamental de avanzar en la frontera agropecuaria.

En el caso de Bolivia, la autoridad de bosques autorizó, mediante decreto supremo 3973 de julio de 2019, la quema controlada, o chaqueo, en tierras privadas y comunitarias ubicadas en los departamentos de Beni y Santa Cruz, lo que causó, según comunicado de organizaciones bolivianas, una deforestación de cerca de 600.000 hectáreas (Coalición regional, 2019).
En el caso brasileño, expresamente, se ha considerado la necesidad de avanzar más en la frontera agropecuaria mediante, incluso, la utilización de las reservas indígenas para proyectos de gran escala. Para facilitar ese proceso, se apeló a una norma que asignaba al Ministerio de Agricultura, desplazando la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), como ente encargado de la regularización de la propiedad de pueblos indígenas y quilombolas; y
permitía la minería en estos territorios. Con ello, se retrasaba, por no decir que se terminaba, la asignación de tierras en favor de dichos grupos.

 

Finalmente, mediante decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) se suspendió este decreto, pero, el pleno del tribunal debe examinarlo. Con todo, la intencionalidad de rentabilizar la Amazonia sigue viva y el propio ministro del Ambiente sostiene que, para protegerla, hay que monetizarla (BBC News Mundo, 2019).

En Colombia, en este año 2019, se desató una gran polémica por la decisión gubernamental de aumentar en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el tope de hectáreas deforestadas, aspecto al que se le ha tratado quitar importancia sosteniendo en las últimas semanas que, al contrario, lo que se ha logrado es disminuir (Beltrán, 2019) y, eso, a pesar de un fallo que
había declarado la Amazonia como sujeto de derechos. Y hace un par de años la frontera agrícola fue definida mediante resolución, el acto administrativo de menor categoría, es decir modificable en cualquier momento. Adicional iniciativas colombianas como la adelantada desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS han venido cubriendo en tiempo real, y de manera simultánea las grandes quemas, y los 1 Revista Semana (2019) procesos de tala de grandes superficies encaminados a aumentar la frontera agrícola, sin que ninguna de las medidas para controlarlas, haya dado resultados positivos.

Como se aprecia, las medidas sobre el tipo de desarrollo son del mismo corte en los tres países, en el sentido de permitir que sobre este bioma se adelante toda una serie de actividades legales e ilegales que profundizan su crisis. Ahora, eta crisis se expresa en los pavorosos incendios que han sido objeto de la preocupación de casi todo el mundo, y los promotores de este tipo de desarrollo han respondido con frases como que la quema es un
procedimiento necesario previo a la siembra y que, en todas partes se desatan incendios.

Sin embargo, esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo, la Amazonia ha sido objeto de una avanzada desarrollista que comenzó con la cauchería hace casi un siglo, a la que siguió un fuerte impulso en los años 60 del gobierno brasileño para refundar este territorio con el gran Proyecto Calha Norte, que pretendía civilizar un área de 1,5 millones de hectáreas en Acre, Mato Grosso, Pará, Rondonia, con el argumento de que había que ganar terreno a la selva, frase bastante difundida en los países, para justificar colonizaciones y evitar la redistribución de la tierra. Si bien formalmente el proyecto se retiró de manera directa e indirecta, la ocupación de grandes extensiones se ha realizado, y, para ello, la construcción de obras es uno de los puntales para la suministrar infraestructura que favorece la deforestación y el poblamiento de extensas zonas.

 

Desde nuestro punto de vista como ONG que hacen seguimiento a los planes de desarrollo en las últimas dos décadas respecto de la amazonia, en los que ha visto sus énfasis en proyectos de infraestructura, poco encontramos la diferencia entre ideologías cuando del llamado “progreso” se trata. Con el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) de 2008 del entonces gobierno brasileño del presidente Lula, al que le siguió su extensión a otros países, la economía brasileña se apoyó en grandes proyectos de infraestructura y contó para ello con apoyo económico del BNDES, su banco nacional de desarrollo, y con la internacionalización de sus grandes empresas, las llamadas “campeonas”, entre ellas, Odebrecht. Mención aparte tienen el avance de la minería, y la explotación petrolera en toda la cuenca.

Podemos citar algunos de los numerosos proyectos de gran calado como Belo Monte, duramente criticados desde su proyección por las ONG brasileñas y de otros países, dado sus lo grandes impactos sobre el medio ambiente y los pueblos ribereños. La represa se anunció como la tercera más grande del mundo y que abarcaría 500 kilómetros 2 (Departamento de Economía-Universidad de la República de Uruguay, 2015); por ello, se le conminó al Estado brasileño por medio de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2 . También la represa de Jirau, en Rondonia, acarreó grandes protestas, pero, tanto esta como la anterior siguieron adelante.

 

Incluso, se llegó a firmar un acuerdo energético entre Brasil y Perú para desarrollar proyectos hidroeléctricos que alimentarían la industria brasileña a costa de grandes afluentes del río Amazonas, como el Inambari. Por fortuna, la iniciativa se frenó debido a los altos costos ambientales y sociales, de desplazamiento de personas y de soberanía que implicaba este tipo de convenios (Environmental Justice Atlas, 2018) 3 .

En materia de carreteras, las obras también han sido faraónicas. La Interoceánica Sur se hizo a pesar de la oposición de la academia, de pueblos indígenas, de ONG y de la ciudadanía en general. Posteriormente, estuvo salpicada por el escándalo de Odebrecht (Connectas, s. f.). Este paquete de obras se incluyó en el Cosiplan de la Unasur, hoy desmontada, pero que supervive respecto de la cartera de obras, entre ellas, muchas que
impactan la Amazonia. Y se han publicado numerosos informes que señalan la falta de participación en la selección de estos proyectos, que en muchos casos propician o continúan la depredación de las quemas 4 .
De ese modo, las actuaciones de los gobiernos, muy distantes ideológicamente aspectos sociales, puede mostrar una continuidad de esa visión desarrollista que se tiene para la cuenca.
En tiempo de globalización a la baja, los discursos nacionalistas sobre la Amazonia se contraponen a las declaraciones de países desarrollados sobre su importancia planetaria, como parte de los grandes reguladores climáticos, sino el mayor. Las declaraciones de países europeos sobre la necesidad de mayor agilidad en combatir los incendios fueron respondidas con llamados a la soberanía nacional, y a lo no injerencia. De otro lado se
recurre a la cooperación internacional para precisamente conservarla en un ejercicio medio contradictorio.

 

Frente al Pacto por la Amazonia que se acordó en Leticia, conjunto de declaraciones bien intencionadas y finalidades genéricas habría hay enfrentar el hecho que ya existe una instancia regional con carácter de tratado, por medio del cual los gobiernos se ocho países amazónicos institucionalizaron ese esfuerzo, cuando se reunieron a finales de los años 70 para suscribir un tratado de cooperación amazónica cuyo objetivo fue “la promoción del desarrollo armónico de la Amazonía y la incorporación de sus territorios a las respectivas economías nacionales, lo que es fundamental para el mantenimiento del equilibrio entre crecimiento económico y preservación del medio ambiente”. En ese momento, se organizó una secretaría de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico (OTCA) en la cual tienen asiento las cancillerías. Se suponía que sin constituir un gobierno regional se adoptarían, por lo menos, normas comunes y se procedería de manera conjunta frente a amenazas comunes, pero, en ese sentido se ha avanzado poco.

 

La OTCA se ha centrado en aspectos investigativos, poco ha funcionado o ha servido para conducir acciones más coordinadas que disminuyan las altísimas tasas de deforestación en todos países, menos para disponer de un sistema de patrullas aéreas que vigilen los focos de incendios espontáneos o provocados. A pesar del nacionalismo, fueron imágenes de la Nasa, de Estados Unidos, las que dieron cuenta de lo que estaba pasando. En el portal de la OTCA, según pantalla capturada el 22 de agosto pasado, no había una sola referencia a los incendios que eran noticia de primera plana en el resto del mundo.
Por ello, los incendios son únicamente la demostración de que a la selva húmeda tropical más grande del planeta, ni cuando es sujeto de derechos, como se decidió judicialmente en Colombia, ni cuando es objetivo de un tratado regional, ni cuando es objeto de acuerdos climáticos globales, ni por más que crezca la voz de sus pueblos indígenas, ni el respaldo de gobiernos, se le ha dado la real dimensión que tiene.

La imposición de sanciones o decisiones comerciales como la restricción o suspensión de compras que podrían afectar los sectores exportadores, por ejemplo, de la soja, de la carne de vacuno, de sus pieles, puede servir para que se repiense en realidad un modelo que no tiene las condiciones para compatibilizar conservación, y manejo sostenible con grandes obras y acaparamiento de tierras para avanzar fronteras económicas Ante ese escenario, ojalá se logre reaccionar para darle a lo que queda de la Amazonia la importancia que tiene por el legado cultural de sus pueblos ancestrales, por el aporte de nuevas comunidades y como escenario donde la vida y la interdependencia entre especies pueden generar un mejor mañana para la humanidad.

 

Referencias bibliográficas

2 Véase, entre otros información en: Base de datos con grandes represas en Brasil elaborada por Proteger, Ecoa e Internacional Rivers en http://dams-info.org/es/about/us/, Survival (s. f.), Aída (s. f.) y El Espectador
(2017).

3 Véase también www.infoamazonia.pe 4 Véanse Coalición regional (2014), Verdum (2015), Gamboa (2017), Coalición regional (2016) y Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (2014).

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Aída. (s. f.). Haciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte https://aida-americas.org/es/haciendo-que-brasil-se-responsabilice-por-los-da-os-de-la-represa-belo-monte

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