Colombia ante una encrucijada para la ratificación del Acuerdo de Escazú

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Comunicado de prensa

  • El próximo 26 de abril, la Corte Constitucional adelantará una audiencia pública sobre el Acuerdo de Escazú, en la que no se refleja un balance en la pluralidad de voces de la sociedad civil.
  • Este tratado regional busca fortalecer la protección del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
  • Las organizaciones que impulsan la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia hacen un llamado a generar un debate que garantice la participación ciudadana de todos los sectores sociales.

Bogotá, 19 de abril de 2024.

El Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018, en Costa Rica, representa un esfuerzo conjunto de los países de América Latina y el Caribe para promover el acceso a la información, la participación pública y la justicia en decisiones que afectan el ambiente, donde Colombia tuvo amplia participación en el proceso. También es un instrumento fundamental para la protección de las personas defensoras ambientales. Sin embargo, su implementación ha enfrentado diversos desafíos, y su ratificación por parte de Colombia aún está pendiente.

El Congreso de la República expidió la Ley 2273 que aprobó el Acuerdo en 2022, y desde diciembre de ese año la Corte Constitucional tiene la decisión en sus manos. El alto tribunal se encuentra analizando la compatibilidad del Acuerdo de Escazú con la Constitución Política de 1991. En la audiencia pública, convocada para este viernes 26 de abril a las 8:30 a. m., los magistrados escucharán argumentos principalmente sobre la relación entre el tratado regional y la seguridad jurídica y soberanía nacional.

No obstante, de las 73 personas naturales y jurídicas que presentaron conceptos técnicos en el proceso judicial, 23 fueron llamadas a intervenir oralmente en el espacio. Sin embargo, la composición de la audiencia no refleja una representación equilibrada entre las posturas de los intervinientes. Esto se suma a una inconveniente programación de la audiencia, pues en la misma semana se realizará la COP3 del Acuerdo de Escazú en Chile y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados, ambas agendadas desde principio de año y que, evidentemente, se cruzan con el espacio convocado por la Corte, que congrega al mismo público interesado.

Las organizaciones que han impulsado la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia -el país más peligroso para la defensa del ambiente según informes internacionales-, hacen un llamado para que se garantice un debate abierto que cuente con una pluralidad de voces.

Este instrumento regional constituye una herramienta clave para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país y es un potencializador del mandato constitucional. En un momento en que la crisis climática, la escasez de agua y la degradación amenazan la vida y la biodiversidad en Colombia, la ratificación del Acuerdo de Escazú es un mensaje claro para el mundo sobre el compromiso nacional con el desarrollo sostenible y equitativo. El país y la región requieren que se declare la constitucionalidad del tratado, paso esencial para el futuro de la protección ambiental y los derechos humanos.

 

Contactos de prensa:

Laura Posada – Oficial de Medios WWF Colombia

lposada@wwf.org.co – 3208427081

 

Sara Juliana Zuluaga – Especialista en Comunicaciones Asociación Ambiente y Sociedad

sara.zuluaga@ambienteysociedad.org.co – 3137136050

 

Diego Zambrano Benavides – Comunicaciones Dejusticia

dzambrano@dejusticia.org – 3013369282