La situación de América Latina en relación a los conflictos socioambientales y la persecución a defensores de derechos humanos es una de las cuestiones más urgentes de atender. Diferentes luchas de comunidades, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil históricamente se han emprendido para hacer frente a los efectos de diversas políticas y proyectos de desarrollo y continúan defendiendo sus territorios y derechos fundamentales. Uno de los escenarios más excluyentes y de difícil diálogo se da con los bancos multilaterales de desarrollo (BMDs) e instituciones financieras internacionales (IFIs).
Estos actores son claves dado que intervienen en la planificación de las políticas y programas nacionales de desarrollo, financiamiento de proyectos o programas, desarrollo de instrumentos y mecanismos de apoyo técnico, definición de objetivos, políticas y estrategias sectoriales. Las actuaciones de estas instituciones afectan a la mayoría de la población y particularmente a comunidades locales y poblaciones étnicas alejadas de
las instancias de decisión.
Los años 90 fueron el escenario ideal a partir del surgimiento de instrumentos del derecho internacional como el convenio 169 de la OIT para la protección de pueblos étnicos o la Convención de Río de 1992 para la protección del medio ambiente y su implementación en marcos normativos nacionales en América Latina como es el caso de la Constitución Política de Colombia que incluye por bloque de constitucionalidad estos instrumentos; es con base en este avance normativo que las organizaciones de la sociedad civil deciden exigir a estas
instituciones una mayor responsabilidad y compromiso con el respeto de los derechos humanos por medio de la creación e implementación de políticas de salvaguardas sociales y ambientales para los proyectos y politicas que financian.
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