El Acuerdo de Escazú, tratado internacional pionero en la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos ambientales, y que fue ratificado en Colombia, volvió a moverse en la agenda ambiental con la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú.
Esta conferencia tuvo lugar de manera presencial del 29 al 21 de abril de 2023 en Buenos Aires, Argentina, cuyo objetivo principal era elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Allí se congregaron 15 delegaciones de Estados Parte, ocho delegaciones de países observadores, 357 representantes del público, 110 delegados de gobierno, 74 representantes de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. Aquí estuvo presente el gobierno colombiano, pese a que aún no es un Estado Parte del acuerdo.
Entre los resultados claves que se esperaban de esta COP fue la elección de manera unánime de los miembros del Comité de Apoyo y Cumplimiento al Acuerdo de Escazú. En efecto, este Comité quedó conformado por siete personas: cuatro (4) mujeres y tres (3) hombres con experiencia y conocimientos jurídicos en los derechos de acceso. Ellos son Guillermo Eduardo Acuña (de Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés María Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica); y Félix Wing Solís (Panamá).
La tarea de este Comité es proporcionar apoyo a la Conferencia de las Partes con informes periódicos sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo, así como la posibilidad de examinar casos de alegaciones de incumplimiento. En este escenario el público tendrá amplia participación en el ejercicio de las funciones del Comité con el derecho a aportar información y a participar en las sesiones del Comité.
Por otra parte, en el “Diálogo regional: fortalecimiento de las capacidades para la implementación nacional” se presentaron distintas hojas de ruta para la implementación del Acuerdo por parte del Estado de Argentina, Chile, Ecuador, México y Santa Lucía. En esta sesión, aunque Colombia aún no es Estado Parte, Valentina Camacho, Subdirectora de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente, resaltó al Acuerdo de Escazú como una herramienta que permite fortalecer y avanzar en la implementación plena de los derechos de acceso.
Asimismo, se expusieron acciones concretas que el gobierno ha avanzado. Por ejemplo, Camacho destacó el trabajo por la consolidación del sistema nacional de diálogo para la transformación de los conflictos socioambientales, la promoción de veedurías y control socioambiental y, el trabajo para consolidar una estrategia de reconocimiento y protección de defensoras y defensores.
Por su parte la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aseguró que está promoviendo espacios de participación ampliada en los procesos administrativos ambientales con igualdad de tiempo y paridad de género, así como una metodología de impacto ambiental con la incorporación del enfoque de derechos humanos y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.
Consultas ciudadanas, clave para el seguimiento de Escazú
Frente al seguimiento sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales se acordó establecer un grupo de trabajo que tiene como principal tarea la elaboración de un plan de acción a nivel regional para ser presentado en la COP que tendrá lugar en 2024.
También se presentaron dos documentos, los cuales son esenciales para garantizar un entorno seguro y propicio para los líderes y lideresas ambientales. El primero es el informe del Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales que evidencia los riesgos y desafíos que enfrentan las personas defensoras y de cómo el Acuerdo de Escazú puede ofrecer un marco de apoyo a nivel regional y nacional.
El segundo es una propuesta preliminar de índice del Plan de Acción sobre defensoras y defensores ambientales, la cual está sujeta a comentarios y observaciones del público hasta el 6 de julio a las 23:59 horas de Santiago, Chile. En principio esta consulta al público estaba habilitada por dos meses, pero se amplió a dos meses y 30 días.
Frente a este aspecto, Vanessa Torres subdirectora de Ambiente y Sociedad, en representación de la Red Regional por el Acuerdo de Escazú, manifestó que “el tiempo establecido para la consulta debía ampliarse entendiendo las particularidades y necesidades del territorio. Y, es por ello, que se propone a los países una campaña de promoción del proceso de consulta a nivel local a través de radios comunitarias o medios de comunicación para asegurar un proceso incluyente y participativo, así como la garantía de traducción a lenguas e instancias de consulta pública presencial, similar al ejercicio que se realizó con la Política Social y Ambiental del BID, propuesta por la sociedad civil”.
¿Ahora qué sigue?
En septiembre del 2023 se realizará el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, el cual será clave, ya que presentará la versión final del Índice del Plan de Acción sobre defensoras y defensores ambientales, que se aprobado en abril de 2024 en la próxima Cop del Acuerdo de Escazú.
