La segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, de carácter extraordinario, tuvo lugar de manera presencial del 19 al 21 de abril de 2023 en Buenos Aires, Argentina cuyo objetivo principal era elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Por decisión unánime, la COP cerró con la decisión de oficializar la elección de los miembros del Comité, un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes cuyo fin es promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo. Este Comité quedó conformado por siete personas teniendo en cuenta la distribución geográfica equitativa de sus integrantes, la paridad de género con cuatro (4) mujeres y tres (3) hombres, experiencia y conocimientos jurídicos en los derechos de acceso. Ellos son Guillermo Eduardo Acuña (de Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés María Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica); y Félix Wing Solís (Panamá).
El Comité proporcionará apoyo a la Conferencia de las Partes con informes periódicos sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo, así como la posibilidad de examinar casos de alegaciones de incumplimiento. En este escenario el público tendrá amplia participación en el ejercicio de las funciones del Comité con el derecho a aportar información al Comité y a participar en las sesiones del Comité, entre ellas, consultas periódicas y audiencias públicas. Asimismo, cualquier persona podrá presentar comunicaciones en las que se alegue el incumplimiento de una o más disposiciones del Acuerdo y, en caso de revelarse situaciones de riesgo, el Comité podrá tomar medidas apropiadas de protección.
(Para conocer más sobre el Acuerdo de Escazú ingresa aquí)
Por otra parte, en el “Diálogo regional: fortalecimiento de las capacidades para la implementación nacional” se presentaron distintas hojas de ruta para la implementación del Acuerdo por parte del Estado de Argentina, Chile, Ecuador, México y Santa Lucía. En esta sesión, aunque Colombia aún no es Estado Parte, resaltó al Acuerdo de Escazú como una herramienta que permite fortalecer y avanzar en la implementación plena de los derechos de acceso.
Asimismo, se expusieron acciones concretas que el gobierno ha avanzado. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) está promoviendo espacios de participación ampliada en los procesos administrativos ambientales con igualdad de tiempo y paridad de género, así como una metodología de impacto ambiental con la incorporación del enfoque de derechos humanos y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. A su vez, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) destacó el trabajo por la consolidación del sistema nacional de diálogo para la transformación de los conflictos socioambientales, la promoción de veedurías y control socioambiental y, el trabajo para consolidar una estrategia de reconocimiento y protección de defensoras y defensores.
Frente al seguimiento sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales se acordó establecer un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta que tiene como principal tarea la elaboración de un plan de acción a nivel regional para ser presentado en la COP que tendrá lugar en 2024.
En esta COP extraordinaria se presentaron dos documentos, los cuales son esenciales para garantizar un entorno seguro y propicio.El primero es el informe del Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales que tuvo lugar el 22 y 23 de noviembre de 2022 como un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación de las defensoras y defensores, asimismo para sensibilizar acerca de los riesgos y desafíos que enfrentan las personas defensoras y de cómo el Acuerdo de Escazú puede ofrecer un marco de apoyo a nivel regional y nacional.
El segundo es una propuesta preliminar de índice anotado que ha sido preparada por los coordinadores del Grupo de Trabajo, la cual está sujeta a comentarios y observaciones del público hasta el 6 de julio a las 23:59 horas de Santiago, Chile. En principio esta consulta al público estaba habilitada por dos meses, pero se amplió a dos meses y 30 días. Sin embargo sigue manteniéndose un formato virtual.
Frente a este aspecto, Vanessa Torres subdirectora de Ambiente y Sociedad, en representación de la Red Regional por el Acuerdo de Escazú, manifestó que “el tiempo establecido para la consulta debía ampliarse entendiendo las particularidades y necesidades del territorio. Y, es por ello, que se propone a los países una campaña de promoción del proceso de consulta a nivel local a través de radios comunitarias o medios de comunicación para asegurar un proceso incluyente y participativo, así como la garantía de traducción a lenguas e instancias de consulta pública presencial, similar al ejercicio que se realizó con la Política Social y Ambiental del BID, propuesta por la sociedad civil”.
Como organizaciones de la sociedad civil, seguimos promoviendo la mayor participación posible como eje fundamental del Acuerdo de Escazú, el primer instrumento jurídico pionero en protección ambiental y el primer tratado que crea un régimen de protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, una cuestión clave de mi llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos.
