Por: Vanessa Torres, Asociación Ambiente y Sociedad

Columna publicada originalmente en Semana Sostenible

Este viernes 26 de julio en Colombia y 43 ciudades del mundo se llevarán a cabo marchas multitudinarias por la vida de los líderes y lideresas sociales en nuestro país, clamor colectivo totalmente necesario teniendo en cuenta que, de enero de 2016 a enero de 2019, de acuerdo con Indepaz, han sido asesinados 566 líderes y lideresas sociales y ambientales. En medio de estas movilizaciones Colombia continua sin ratificar el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que plantea por primera vez la protección de defensores ambientales y de derechos humanos.

La lucha diaria de los líderes y lideresas en Colombia no solo es evitar convertirse en un número más dentro de un centenar de víctimas, sino que en su mayoría dedican su tiempo y vida a actividades de liderazgo comunitario para la defensa del territorio y del medio ambiente, muchas veces frente a grandes proyectos de desarrollo que continúan siendo impulsados por los gobiernos nacionales, principalmente proyectos de infraestructura, minería e hidrocarburos. La realidad nos sitúa como el segundo país más peligroso en Latinoamérica para los defensores de la vida y el ambiente según el reporte de Global Witness.

En medio de este panorama desolador, Colombia tiene la posibilidad de materializar su compromiso real, y efectivo para combatir este fenómeno dado que desde septiembre de 2018 es posible ratificar e incorporar en su legislación el Acuerdo de Escazú, instrumento creado para la protección del medio ambiente, la participación y la justicia ambiental y lo más importante, es el primer acuerdo internacional que reconoce como deber de los Estados la protección de defensores de derechos humanos y ambientales en América Latina.

La ratificación de este instrumento fortalecería nuestro marco normativo nacional en materia de participación ciudadana y protección del medio ambiente, estableciendo la obligación de protección directa por parte del Estado a quienes defienden estos derechos en el marco de tres pilares fundamentales en una democracia; la participación ciudadana el acceso a la información y el acceso a la justicia, los tres ampliamente vulnerados con los ataques directos a líderes y lideresas en todo el país.

Recientemente el presidente Iván Duque y varios parlamentarios gritaron a una sola voz en el Congreso de la Republica “¡Ni uno Más!”, clamor y consigna que sin duda impulsamos todos los sectores de la sociedad colombiana y que a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú podría materializarse en un marco normativo participativo y ambiental realmente garantista, si existe un compromiso real por parte del actual gobierno para combatir esta tragedia.

Los líderes y comunidades afectadas por grandes hidroeléctricas como es el caso de Hidroituango en el departamento de Antioquia o aquellos afectados por grandes explotaciones petroleras como es el caso del Bloque Petrolero el Nogal en plena amazonia colombiana, continúan levantando su voz a favor del medio ambiente, al territorio y a una vida digna pese a las amenazas constantes en contra de sus vidas y su cultura como población campesina, afro e indígena en Colombia; es por esto que, al igual que es importante mantener la consigna nacional e internacional para su  protección, es urgente concretar garantías legales y judiciales que les permitan seguir adelante en su lucha la cual es en sí su misma vida.