Contexto
La Primera Conferencia Internacional sobre la Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles en Santa Marta se realiza en un momento crítico para la acción climática global. A pesar de los compromisos internacionales, la transición energética no avanza a la escala ni velocidad necesarias para limitar el calentamiento global a 1.5°C, como lo advierte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que señala la urgencia de reducciones inmediatas y profundas en todos los sectores, especialmente el energético.
En Colombia, este desafío ocurre en un contexto de alta dependencia de los combustibles fósiles, que históricamente han sido un pilar de la economía nacional, pero también una fuente de conflictos socioambientales, degradación ecológica y vulneración de derechos. A pesar de avances en energías renovables y compromisos climáticos como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), persisten brechas significativas en su implementación, particularmente en materia de transparencia, participación y coherencia territorial.
La transición energética debe entenderse como una transformación estructural del modelo de desarrollo, que articule acción climática, justicia social, democracia ambiental, financiamiento transparente y cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales.
Diagnóstico
La transición energética en Colombia enfrenta tensiones estructurales que ponen en riesgo su carácter justo y sostenible.
En primer lugar, persiste una fuerte dependencia de los combustibles fósiles en la economía nacional. El petróleo continúa siendo uno de los principales productos de exportación del país, representando una proporción significativa de los ingresos fiscales y externos. Esta dependencia ha impulsado la expansión de bloques petroleros incluso en zonas ambientalmente sensibles: AAS ha documentado que decenas de bloques petroleros se superponen con territorios indígenas, en la Amazonía, generando riesgos para los derechos territoriales y la integridad ecosistémica.
Asimismo, investigaciones de AAS en el piedemonte amazónico evidencian que la actividad petrolera ha generado contaminación de fuentes hídricas, afectaciones a medios de vida campesinos y conflictos socioambientales persistentes, así como vulneraciones al derecho a la consulta previa en territorios indígenas. Casos recientes donde comunidades han logrado frenar proyectos petroleros reflejan tanto la resistencia territorial como la debilidad institucional para garantizar derechos de acceso.
En segundo lugar, la narrativa de “transición” ha incorporado soluciones tecnológicas que pueden perpetuar la dependencia fósil. Por ejemplo, el hidrógeno -particularmente el hidrógeno azul- ha sido promovido como alternativa energética; sin embargo, la evidencia científica indica que este puede reducir emisiones sólo marginalmente frente al hidrógeno gris, debido a fugas de metano y limitaciones en la captura de carbono.
En tercer lugar, existe un déficit estructural en transparencia y acceso a la información sobre el sector energético. La información sobre contratos, impactos ambientales, subsidios, salvaguardas, y planes de transición no siempre es accesible, oportuna ni comprensible para las comunidades. AAS ha evidenciado la necesidad de fortalecer herramientas de acceso a la información en el sector petrolero como condición para la democracia ambiental.
En cuarto lugar, la transición energética enfrenta el riesgo de abrir nuevas fronteras extractivas asociadas a minerales críticos y grandes infraestructuras energéticas, trasladando presiones hacia territorios vulnerables sin salvaguardas adecuadas. Este riesgo se profundiza con el aumento en las inversiones de la banca multilateral en minerales críticos, lo que refuerza la urgencia de contar con estándares robustos de prevención, acceso a la información, participación y protección a las personas defensoras del ambiente.
Finalmente, existe una débil articulación entre las políticas energéticas, climáticas y territoriales. Aunque Colombia ha avanzado en sus NDC, incluyendo en su versión más reciente la necesidad de impulsar acciones para la transición energética con el programa Transición Energética Justa: un camino sin combustibles fósiles, persisten vacíos en su implementación, en unos mecanismos de seguimiento robustos y en la alineación efectiva con los instrumentos de transparencia climática, lo que limita su credibilidad y efectividad.
Mensajes clave
- No hay transición energética justa sin una reducción real, progresiva y transparente de los combustibles fósiles.
- Sin información pública y previa, no hay participación; sin participación vinculante, no hay transición justa.
- La transición energética no puede convertirse en una nueva forma de extractivismo bajo discursos “verdes”.
- Los territorios no son zonas de sacrificio, deben ser el centro de las decisiones energéticas.
- El respeto a los derechos humanos y territoriales, incluido el consentimiento previo, libre e informado, no es negociable.
- La transición energética no es solo un cambio tecnológico: es una disputa sobre el modelo de desarrollo.
- El financiamiento climático debe reconocer y priorizar a las comunidades locales y pueblos étnicos que sostienen los ecosistemas donde se implementan los proyectos de transición.
- Sin transparencia estructural sobre subsidios, contratos e impactos, no hay rendición de cuentas.
- La transición debe incluir salvaguardas que eviten nuevas fronteras extractivas y protejan ecosistemas estratégicos.
- No puede haber transición energética sin transición económica; se requieren alternativas dignas para territorios y trabajadores.
- Las decisiones sobre transición energética deben alinearse con los instrumentos nacionales existentes y fortalecer su implementación, no generar agendas paralelas sin ejecución.
- La transición debe reconocer las responsabilidades comunes pero diferenciadas y exigir a los países históricamente más emisores compromisos ambiciosos y coherentes con la urgencia climática.
- La transición energética no puede seguir dependiendo únicamente de la voluntad política. Requiere compromisos verificables, coherencia entre niveles de gobernanza y una acción colectiva que esté a la altura de la crisis climática.
Recomendaciones
Eliminación progresiva de combustibles fósiles
Adoptar hojas de ruta vinculantes para la reducción progresiva de petróleo, gas y carbón, con metas claras alineadas con 1.5°C e integradas en la implementación de las NDC.
Transparencia y acceso a la información
Garantizar sistemas públicos, abiertos y accesibles sobre producción energética, contratos, subsidios, impactos y financiamiento, fortaleciendo el acceso ciudadano a la información clara y previa en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú y con el Marco Reforzado de Transparencia del Acuerdo de París.
Participación vinculante
Establecer mecanismos institucionales de participación efectiva y vinculante de comunidades en decisiones energéticas, incluyendo consulta previa y procesos deliberativos vinculantes.
Salvaguardas para la transición
Adoptar salvaguardas socioambientales robustas para proyectos de transición (energías renovables, hidrógeno, minerales críticos financiados por la banca multilateral), evitando nuevas fronteras extractivas y conflictos socioambientales.
Financiamiento climático justo
Priorizar financiamiento no reembolsable para la reconversión territorial y la transición justa.
Enfoque territorial
Garantizar que la transición responda a las realidades locales, protegiendo ecosistemas estratégicos como la Amazonía y respetando los derechos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Evaluación crítica de nuevas tecnologías
Asegurar que tecnologías como el hidrógeno se implementen bajo criterios de sostenibilidad, transparencia y justicia, evitando el lock-in fósil.
Energía comunitaria
Promover modelos descentralizados de energía renovable que fortalezcan la soberanía energética y el bienestar territorial.
La transición energética justa no es solo un objetivo climático. Es una condición para la justicia social, la protección de los territorios y la sostenibilidad de la vida. Avanzar hacia ella exige decisiones estructurales, transparencia y compromisos verificables a la altura de la crisis climática.
Español: https://ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2026/04/Declaración-AAS-rumbo-a-Santa-Marta.pdf
