La sociedad civil de América Latina y el Caribe muestra grandes preocupaciones con el rumbo de las negociaciones sobre Principio10

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    Representantes Electos del Público

    Tener un conjunto claro de excepciones[1] y tipos específicos de información que nunca estarían exentos de divulgación[2] son elementos centrales para establecer un estándar regional para este acceso al régimen de información ambiental, y actualmente hemos perdido estos elementos.

    La falta de voluntad de los países para adoptar un estándar regional para las excepciones es decepcionante. Por supuesto, es difícil conseguir un acuerdo y cambiar la legislación actual, pero eso es lo que está en el centro de las negociaciones internacionales. No podemos darnos palmaditas en la espalda y reconocer lo que ya hemos hecho y que no queda más trabajo por hacer. Estamos hablando de mejorar los derechos de acceso.

     Hay algunos países en los que los regímenes pueden impedir el acceso a la información crítica y ahora el texto en negociación ni siquiera tiene una de obligación de publicación proactiva de información. Hay otros países – Dominica, Granada, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, que no tienen un régimen establecido para el acceso a la información y este texto no crea un régimen obligatorio que esos países puedan aplicar. También debemos recordar que hay otros que están mirando hacia este proceso – por ejemplo, otras regiones del mundo dispuestos a desarrollar sus propias normas regionales y en este momento no se está dando un buen ejemplo para esas regiones.

    Hoy nos arriesgamos a perder la fe en el proceso. Las grandes esperanzas que teníamos al principio de este proceso para la realización de un verdadero estándar han disminuido considerablemente

    [1] Art 6.5. Documento compilado 5

    [2] Art 6.7. Documento compilado 5

    Natalia Gómez del área de democracia ambiental, y representante electa del público participa de la séptima Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Principio 10 de los 27 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.