Fuente: eltiempo.com
Contraloría dice que la Autoridad de Licencias Ambientales no cumple con su labor de vigilancia.
En tan solo un año de operaciones, el consorcio del que hace parte la multinacional Odebrecht incumplió 442 compromisos de la licencia ambiental que se le dio para construir la Ruta del Sol, sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) los haya sancionado o cobrado una multa.
Al revisar las licencias para la construcción de la Ruta del Sol II en los últimos seis años, la Contraloría detectó que esa firma no solo “no está cumpliendo con los términos de licencia ambiental, sino que, además, no está haciendo ningún esfuerzo por cumplirlos”.
Las violaciones a las licencias se han dado por irregularidades en la extracción de recursos de fuentes hídricas, el mal acopio de materiales –como sucedió en la planta industrial Torcoroma-La Vega (en Cesar)–, mal manejo de los sobrantes de las excavaciones, taludes, equipos de construcción, residuos líquidos, sólidos y domésticos, afectación del ruido, mal manejo de la fauna silvestre, nula reforestación, entre otros.
Pese a la grave afectación al ambiente, según la Contraloría, “la Anla no tomó determinaciones de fondo y no le garantizó al país la debida salvaguarda de los recursos naturales”.
Esa fue la conclusión de una auditoría de la Contraloría General que pone en duda la efectividad de la Anla en la vigilancia de los compromisos ambientales de las mineras, multinacionales y firmas de infraestructura. Como en el caso de Odebrecht, la Contraloría asegura que hasta febrero del 2017 la Anla mantenía abiertos 471 expedientes relacionados con irregularidades en proyectos de infraestructura. Entre esos casos se destacan los proyectos para la modernización y expansión del aeropuerto El Dorado.
La Contraloría encontró que la Anla ha detectado por lo menos 10 incumplimientos con la licencia ambiental de esas obras, como la mitigación del impacto sobre el suelo, la calidad de las aguas superficiales y el manejo de desechos, hechos frente a los que la Anla ha sido “permisiva”.
Lo mismo ocurre con las licencias para restaurar el canal del Dique, afectado por la ola invernal del 2010 y 2011. En este caso, la falta de seguimiento es tan grave que se están haciendo obras claves como inundaciones controladas o construcción de obras preventivas (muros) “sin que medie licencia ambiental que las ampare”. Y sobre otras licencias como la de la rehabilitación del río Magdalena y dragado, la Contraloría detectó que “no se les hace seguimiento desde hace nueve años”.
Las irregularidades también ocurren en la minería. En el campo Quifa de procesamiento de crudo, la Contraloría encontró que se venía incumpliendo con las normas de los contenedores de petróleo. En ese campo también se ha incurrido en un “deficiente manejo de las aguas de escorrentía”, lo que está generando “contaminación de los cuerpos de agua por aporte de sedimentos de arrastre y grasas” y afectación de bosques y morichales.
Además de las violaciones de las licencias, que para la Contraloría se ha convertido en un “formalismo” sin relevancia real para proteger al medioambiente, el organismo ha detectado que la Anla no pide oportunamente los informes de cumplimiento ambiental. Por ejemplo, el de la mina La Loma, de la Drummond, se produjo ocho meses después de lo debido. Lo mismo sucedió con el informe del Cerrejón Puente Arroyo Bruno, que se generó en octubre del 2016, 20 meses después del plazo. También se encontraron retrasos en los informes de la hidroeléctrica de Ituango, con 14 meses, o en Campo Rubiales, con retrasos de hasta un año.
La Anla tampoco está vigilando que las empresas cumplan con sus planes de inversión. Por ejemplo, de las dos medidas de reforestación que se le impusieron a Campo Rubiales en su licencia del 2001, debía reforestar 810 hectáreas, pero en 16 años no “se ha ejecutado ninguna”.
Lo mismo ocurre con Quifa Suroeste, que, según su licencia del 2007, debía reforestar 15,9 hectáreas, pero no tiene ningún avance.
Por esto, la Contraloría asegura que la Anla “no ha asumido una posición institucional energética frente a la defensa del patrimonio natural, para hacer cumplir la normatividad, los actos administrativos y las obligaciones y exigencias impuestas a través de estos”.
