- Durante dos jornadas, este espacio reunió a expertos y expertas colombianos y regionales para analizar los principales mecanismos y desafíos del financiamiento climático, y proponer soluciones desde el Sur Global.
La arquitectura global para afrontar el cambio climático debe pasar de la mitigación a la adaptación. Este fue uno de los temas recurrentes los pasados 3 y 4 de junio durante el Congreso “Justicia financiera para el clima: soluciones desde América Latina y el Caribe #CaminoHaciaLaCOP30″, organizado por la Asociación Ambiente y Sociedad.
Panorama global revela desigualdades estructurales
Isabel González, del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), presentó un panorama que evidencia algunos desafíos críticos, como que el financiamiento sigue estando por debajo de las tendencias de gasto mundial, y se centra principalmente en la mitigación. Además, no existen datos para evaluar su efectividad.
González señaló que las acciones actuales son insuficientes para lograr los objetivos del Acuerdo de París.
En esto coincidió Carola Mejía, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindadd, quien sostuvo que, mientras la vulnerabilidad climática se concentra en países del Sur Global, las corporaciones internacionales (principalmente pertenecientes a naciones potencias económicas) han sido las mayores responsables de la emisión de Gases de Efecto Invernadero. principales causantes.
María Paula Calvo, de La Ruta del Clima, complementó que mientras los países ricos son los principales responsables de la crisis climática, “pero los países del sur global vemos estas consecuencias, sin tener los recursos para adaptarnos y mitigar los efectos”.
En este sentido, Mejía resaltó que el financiamiento para el Sur Global no debe generar más deuda a los países y su uso debe priorizar la adaptación y los daños y pérdidas por encima de la mitigación. “Para hacer frente a la crisis climática hay que hacer cambios en los modelos de desarrollo. Estamos en los últimos años en los que podemos hacer algo”, advirtió
Fondos multilaterales: entre avances y limitaciones
Florencia Ortúzar, de AIDA, explicó que el Fondo Verde del Clima, creado en 2010 y principal mecanismo de la Convención Marco sobre Cambio Climático para promover un cambio de paradigma para promover un modelo de desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima en países en vías de desarrollo.
Si bien este fondo ha financiado casi 300 proyectos en América Latina, Ortúzar enfatizó que para que este objetivo se cumpla “el involucramiento de la sociedad civil no es solo un derecho, es también un insumo valioso”. Además, resaltó la necesidad de que estos mecanismos tengan una perspectiva de género, pues el cambio climático afecta de manera desproporcionada a las mujeres”.
María Paula Calvo, de La Ruta del Clima, expuso sobre el nuevo Fondo de Pérdidas y Daños, señalando su debilidad estructural por la falta de compromisos vinculantes y su insuficiente asignación de recursos frente a la magnitud de las necesidades.
Por su parte, Laura Bermúdez, ex negociadora ante el CBD del Ministerio de Ambiente, habló sobre el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), que ofrece donaciones a países en desarrollo para proyectos que contribuyan al cumplimiento de compromisos de convenciones ambientales, estableciendo 10 puntos de impacto que deben cumplir los proyectos territoriales que busquen aprovechar este fondo.
Bonos de carbono, ¿dulce envenenado?
El debate sobre los bonos de carbono mostró posturas encontradas. Francisco Ocampo, de Asocarbono, defendió estos instrumentos señalando que los proyectos de carbono impactan en 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, Colombia, que se comprometió a una reducción del 51% de emisiones para 2030, cuenta con 239 proyectos certificados a marzo de 2025.
Sin embargo, reconoció que este mecanismo es insuficiente para las necesidades mundiales, pues estos bonos solo actúan sobre un 14% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero globales.
Por su parte, Camila Bermúdez de CEALDES, evidenció prácticas cuestionables de este modelo y se preguntó si podría ser “extractivismo verde” que “aunque se vende como una solución ambiental, sigue teniendo prácticas de despojo, de vulneración de derechos”. Bermúdez reveló que para 2023, el 60% del área de Resguardos Indígenas en la Amazonía colombiana ya formaba parte de proyectos REDD+, con compromisos para las comunidades que durarán hasta 100 años, mientras las empresas logran recuperar su inversión en la primera venta.
“Nadie está verificando que las áreas no se traslapan, la desinformación está desactualizada. Funciona como un Facebook en el que las empresas publican lo que les parece, pero que nadie sabe si es verdad”, denunció Bermúdez, quien también señaló que estos proyectos no llegan a las fronteras agrícolas donde están los campesinos y efectivamente ocurre la deforestación.
Finalmente, Mónica Orjuela, de RRI, abordó el concepto de derechos de carbono, que son los beneficios derivados de la capacidad de los ecosistemas para capturar y almacenar carbono. Basado en un análisis sobre derechos de carbono en 33 países, explicó, la asignación de estos derechos depende, en gran medida, de la propiedad o tenencia legal de la tierra. Solo Perú reconoce explícitamente estos derechos comunitarios en América Latina.
Orjuela destacó los Principios de justicia de carbono desarrollados por la Grassroots Justice Network: no pagar para contaminar, despertar los derechos comunitarios sobre la tierra y el agua, consentimiento libre previo e informado, compensación justa y participación justa.
El segundo día: canjes de deuda, nuevas herramientas e impacto a las comunidades
Esta jornada comenzó con un análisis sobre el modelo de canje de deuda por acción climática. Rodolfo Bejarano, de LATINDADD identificó problemas con esta estrategia, como la limitación en el uso de recursos, la ausencia de consulta previa y el riesgo de aumentar la dependencia a los acreedores. Por esto, cree que estos canjes son un alivio insuficiente que demuestran “la urgencia de una reforma a la arquitectura financiera global que apele a la justicia y la reparación histórica”.
Como alternativas propuso condonaciones de deuda, donaciones que no generen más deuda y Derechos Especiales de Giro, un mecanismo poco conocido, pero que sugirió revisar.
Experiencias nacionales y territoriales
Samuel Alonso, del Departamento de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente, reportó que Colombia movilizó 32.46 billones de pesos entre 2011 y 2023 para financiamiento climático. Del total, un 70% provino de recursos públicos nacionales, un 10% de privados y el 20% restante de recursos internacionales. Sin embargo, el país enfrenta el reto de movilizar financiamiento suficiente para cumplir sus NDC y la meta de carbono neutralidad para 2050.
José Yunis, del Programa Visión Amazonía, explicó la crítica situación de la deforestación en la Amazonía colombiana, que ya suma 4 millones de hectáreas perdidas. Entre otras, señaló que las causas del fenómeno varían según cada región, pero incluyen el acaparamiento de tierras, la ganadería y el cultivo de coca. Sin embargo, “no son los cultivos ilícitos lo que causa la deforestación, aunque no es un tema menor. Porque la coca se resiembra, en cambio la deforestación siempre es nueva”, aclaró.
Hasta ahora, este programa ha impactado 12.410 personas, establecido 309.350 hectáreas bajo acuerdos de conservación y desarrollado 139 proyectos con pueblos indígenas. Aún así, Yunis enfatizó que los esfuerzos deben enfocarse, primero, en mantener la deforestación a sus mínimos posibles, pues restaurar las hectáreas perdidas “implica años de esfuerzos de políticas continuadas” y requiere billones de pesos.
Herramientas innovadoras para comunidades
Un aporte final en el congreso fue la presentación de Clarifi, una aplicación que recauda fondos públicos y privados para apoyar directamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. La herramienta, que funciona vía WhatsApp y acepta fotos, videos y audio, se enfoca en seis áreas: seguridad de la tenencia, incidencia y apoyo jurídico, defensores ambientales, economías indígenas y locales, conservación y gestión de recursos, y justicia de género.
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Como organizadores, para Ambiente y Sociedad este Congreso, realizado gracias al apoyo de Mott Foundation y Rainforest Foundation Norway, fue un espacio de análisis y propuestas desde esta región para actualizar y repensar los sistemas de financiamiento climático, pues con frecuencia, estos modelos perpetúan desigualdades históricas para países del Sur Global, que enfrentan las consecuencias más severas de una crisis que no generaron.
Si bien hubo posiciones encontradas frente a los riesgos que implican algunos de estos sistemas para las comunidades, este evento muestra que América Latina y el Caribe tiene propuestas sólidas y que buscan garantizar justicia, participación comunitaria y efectividad en la lucha contra el cambio climático para presentar en la próxima COP30.
