Algunas de las recientes reformas legislativas en Colombia, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, han tendido a fortalecer la llamada re-primarización de la economía, que asigna gran importancia a las ramas de actividad orientadas a la producción de materias primas, productos básicos y bienes intermedios poco elaborados, al tiempo que se debilita la industria manufacturera de la región. La participación del sector manufacturero en el Producto Interno Bruto de la región cayó del 12.7% (años 1970-1974) a 6.4% en el período 2002-2006.
Según Alejandro Nadal, redactor económico del diario La Jornada, de México, “La reprimarización conduce a un crecimiento mediocre, si no al estancamiento. La razón es que los sectores primarios tienen pocos vínculos con el resto de la economía y eso impide que transmitan impulsos dinámicos al sistema. Además, los sectores primarios son de escaso valor agregado y con remuneraciones al trabajo inferiores a los de las manufacturas. Estos sectores sufren más la volatilidad de los precios y el deterioro de los términos de intercambio. Finalmente, con la reprimarización América Latina está colocando mayor presión sobre su base de recursos naturales, intensificando la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos y, en general, provocando un mayor deterioro ambiental.”
Este fenómeno, aunado a los procesos de apropiación y uso del territorio para la ejecución de proyectos de gran envergadura, ha propiciado una serie de conflictos socio-ambientales que producen rupturas de los tejidos sociales, afectaciones ambientales y amenazas a muchas formas tradicionales de desarrollo. Es el caso de las iniciativas denominadas por el gobierno nacional “Proyectos de Interés Nacional Estratégico” (PINE).
El Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno colombiano le ha otorgado la calificación de PINE a diferentes proyectos, que se consideran como “iniciativas fundamentales para apoyar y ayudar al desarrollo económico del país”. La ley 1753 de 2015 de dicho plan prioriza los PINES situándolo por encima de otras iniciativas. El gobierno nacional reconoce 47 Proyectos de Interés Nacional y Estratégico que se propone desarrollar en el actual período de gobierno, 11 de los cuales 11 corresponden al sector de energía, 15 a minería, 20 a hidrocarburos y uno al sector de las comunicaciones. Entre este conjunto se encuentra el proyecto Oleoducto al Pacífico (OAP).
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