Por su ubicación geográfica, Colombia ha sido uno de los países más afectados por los extremos cambios climatológicos. El fenómeno de La Niña ocurrido entre 2010 y 2011 fue uno de los más fuertes de su género, los registros de los organismos especializados confirmaron que Colombia junto con la India y Pakistán fueron los países más afectados en el planeta por dicho fenómeno natural[1] cuya valoración económica en daños alcanzó[2] los 11,2 billones de pesos colombianos, equivalentes a 6.052 millones de dólares[3]. Sumado a esto, fenómenos de sequía inducidos tanto por  las actividades humanas, como por factores naturales, generaron en el año 2014 la muerte de “más de  20 mil animales, entre chigüiros, babillas y vacas, en Paz de Ariporo (Casanare). Dicha tragedia fue atribuida por defensores ambientales y por la misma población a la intervención de las compañías petroleras como Pacific Rubiales, Geo Park, Cecolsa, Ecopetrol, Petrominerales, Parex y New Granada”[4].

Aumentos en la temperatura media y en los niveles de precipitación anual, son los nuevos escenarios de cambio climático 2011-2100 para el país. Así lo señaló el primer resultado de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y otros autores (2015). Frente a lo anterior, y teniendo en cuenta el histórico de perdidas económicas derivadas de fenómenos climáticos, Colombia ha presentado dentro de las llamadas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDCs) y en las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAS, por sus siglas en inglés), el desarrollo de planes, políticas, y proyectos; así como la identificación de alternativas y oportunidades de desarrollo bajo en carbono y medidas de adaptación al cambio climático.  No obstante, y de manera contradictoria el gobierno colombiano ha establecido en los últimos periodos de gobierno, a través de los Planes Nacionales de Desarrollo (2010-2014/ 2014-2018[1])  la extracción y exportación de recursos naturales no renovables como uno de los pilares de la economía nacional, incorporando incluso la explotación de gas metano en depósitos de carbón a través de técnicas de extracción tan controvertidas como el Fracking.La aplicación del Principio sobre Responsabilidades Comunes pero diferenciadas, contenido en la CMNUCC debe continuar aplicándose, y esto incluye a su vez el compromiso de países en desarrollo como Colombia de orientar sus economías hacia procesos limpios y sostenibles, si bien lograr esto requiere de apoyo financiero y tecnológico internacional, ningún avance podrá lograrse si los modelos económicos, políticos e ideológicos se mantienen como hasta ahora. El poder acceder a los recursos financieros internacionales movilizados por el Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en ingles) representa para Colombia una gran oportunidad para cambiar los paradigmas de desarrollo dependientes de los combustibles fósiles y acceder a los recursos necesarios para implementar no solo medidas de mitigación que permitan lograr el compromiso internacional de reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030, sino también las medidas necesarias de adaptación al cambio climático, especialmente teniendo en cuenta que “mas del 48% de la población se encuentra ubicada en zonas de amenaza por inundaciones y  que cerca del 37% del territorio nacional podría enfrentar riesgos de desabastecimiento de agua en periodos secos”[2].En Colombia, el precepto de desarrollo sostenible bajo una visión multisectorial continúa siendo un proceso que genera gran oposición por parte de algunos sectores de la economía, especialmente el sector minero-energético; Sin embargo, es necesario asumir una posición rigurosa pero participativa, que permita dirigir en una sola dirección los recursos financieros tanto nacionales como internacionales que ya están siendo destinados para afrontar la lucha contra el cambio climático.