Desastre ambiental en Resguardo Inga: derrame de crudo contamina la quebrada Danta Iaku

NoticiasDesastre ambiental en Resguardo Inga: derrame de crudo contamina la quebrada Danta Iaku

El pasado 2 de octubre, un derrame de crudo que llegó a las aguas de la quebrada Danta Iaku desencadenó una grave crisis ambiental en el resguardo indígena Inga de Wuasipungo y comunidades aledañas en el departamento del Putumayo, Colombia. La quebrada no solo es su fuente principal de abastecimiento de agua para el consumo humano, sino que también es un camino ancestral y un corredor biológico de especies nativas.

El incidente se originó en el pozo Costayaco 3, perteneciente a una petrolera canadiense que opera en la región. La empresa indicó en un informe inicial allegado a la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (ANLA), que el derrame habría sido causado de manera intencional por terceros, que forzaron las válvulas de varios camiones cisterna llenos de crudo, liberando una cantidad significativa de hidrocarburo.

Esta situación llevó a que las autoridades del resguardo Inga solicitaran la intervención urgente de diversas entidades gubernamentales. Entre ellas, se dirigieron a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la Defensoría del Pueblo Regional Putumayo y la Corporación Autónoma Regional de la Amazonía (CORPOAMAZONIA), exigiendo una respuesta efectiva ante la crisis ambiental.

En respuesta a la solicitud del resguardo, CORPOAMAZONIA realizó una visita de inspección al área afectada el 3 de octubre. Un día después, la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Villagarzón convocó de manera extraordinaria al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), junto a CORPOAMAZONIA y otros actores, para coordinar las acciones para mitigar la emergencia.

Durante la reunión, se hizo un recorrido desde el punto de origen del derrame a lo largo de la quebrada Danta Iaku, con la participación de representantes de las comunidades indígenas y otras comunidades en la zona de influencia del derrame. El concepto técnico producto de estas visitas se le remitió a la ANLA, entidad que otorgó la licencia del campo Costayaco, donde se originó el incidente, con el fin de que adopte las medidas a que haya lugar.

Medidas de mitigación y daños ambientales

Mientras tanto, la empresa petrolera activó su Plan de Contingencia y, con el apoyo de CORPOAMAZONIA, implementó una serie de medidas de emergencia para contener y mitigar el impacto ambiental. Se establecieron cinco puntos de control a lo largo de la quebrada Danta, utilizando barreras mecánicas, telas oleofílicas y equipos especializados como skimers y camiones de vacío para recuperar el crudo derramado. Hasta el momento, la empresa reporta haber recogido más de 1,000 galones de la mezcla de agua y crudo.

Sin embargo, las intensas lluvias durante la madrugada del 3 de octubre complicaron aún más la situación, aumentando el caudal de la quebrada Danta y causando que el hidrocarburo se desplazara más allá de los puntos de control iniciales. Esto generó nuevas áreas de contaminación en los márgenes de la quebrada, afectando no solo el entorno inmediato, sino también los terrenos del resguardo Wuasipungo, donde comparten esta fuente hídrica y recurso natural.

La evaluación realizada por CORPOAMAZONIA evidenció daños significativos a los recursos naturales en la zona. Se identificaron áreas impregnadas de crudo en el suelo, la vegetación de las márgenes de la quebrada y el drenaje artificial que la alimenta. Además, la fauna local también se vio afectada como evidencia el hallazgo de dos patos muertos cubiertos de petróleo. Los efectos del derrame alcanzaron incluso zonas utilizadas para el abastecimiento de agua y abrevaderos de ganado, lo cual representa una grave amenaza a la salud, el sustento y las formas de vida de la comunidad.

Recomendaciones y Medidas Futuras 

El informe técnico de CORPOAMAZONIA presenta recomendaciones específicas para abordar la crisis. En primera medida recomienda remitir copia del informe a la ANLA para que evalúe el cumplimiento del plan de contingencia de la compañía de hidrocarburos y determine si es necesario tomar medidas adicionales. Asimismo, insta a la empresa a proporcionar informes detallados sobre la disposición final de los residuos sólidos y líquidos contaminados con crudo. Por último, subraya la importancia de continuar con las visitas de seguimiento para monitorear las actividades de limpieza.

Pero incluso con estas medidas, las autoridades del resguardo Inga con base a sus ejercicios continuos de recorrido y monitoreo  indican que el nivel de afectación aún es muy alto y lograr una remediación total tomará varios años. También expresan su preocupación por los impactos a largo plazo de este incidente, que vulnera sus recursos naturales y pone en riesgo su forma de vida ancestral.  Por eso le exigen a las empresas y entidades gubernamentales involucradas tomar medidas más estrictas para prevenir desastres similares en el futuro, garantizando la protección efectiva del entorno natural y el respeto a los derechos de las comunidades locales. En ese sentido, esperan ser partícipes y garantes del ejercicio de remediación que avance la empresa en el marco de sus obligaciones legales. 

Este incidente revela la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y de los ecosistemas locales frente a las actividades extractivas en sus territorios. Las autoridades y las empresas involucradas deben tomar medidas más estrictas para prevenir incidentes similares en el futuro, garantizando una protección efectiva del entorno natural y el respeto a los derechos de las comunidades locales. Además, se espera que tanto la empresa titular de la licencia como la autoridad ambiental adopten de manera inmediata las acciones necesarias para mitigar los daños ya causados en este caso concreto, asumiendo la responsabilidad de cesar la contingencia ambiental y reparar las afectaciones tanto al ecosistema como a las comunidades afectadas. Esta respuesta debe incluir la implementación de medidas de restauración ecológica y el desarrollo de mecanismos de monitoreo y consulta permanente con las comunidades, asegurando que sus derechos y su voz sean respetados en cada etapa del proceso.