Por: Karla Díaz Parra- Asociación Ambiente y Sociedad
Artículo publicado en Semana Sostenible
La debilidad de los estudios ambientales, el desconocimiento de las dinámicas comunitarias, la omisión de la existencia de comunidades indígenas en la zona y las fallas procedimentales hacen que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no tenga argumentos para permitir la exploración sísmica de la empresa china Emerald Energy en el Bloque Nogal.
Esa fue la principal conclusión de la Audiencia Pública Ambiental desarrollada el pasado 15 de marzo en el municipio de Morelia –Caquetá. En esa reunión, citada por la Anla a petición de las comunidades de la región, quedó claro que los estudios ambientales, sociales y económicos presentados por la empresa china no tienen sustento técnico, ni apoyo de las comunidades.
Foto: Raffaele Pugliese– Asociación Ambiente y Sociedad
El Bloque el Nogal fue adjudicado a la empresa china Emerald Energy el 22 de octubre del 2012. Desde sus inicios ha enfrentado la oposición de diferentes actores: comunidades campesinas e indígenas, Iglesia Católica y academia, quienes, por medio de todos los mecanismos constitucionales de participación, han buscado detener la locomotora minero-energética en el Caquetá. Ayer demostraron con argumentos sólidos que tienen razón.
La fortaleza del proceso organizativo de las Comisiones por la Vida del Agua (CVA) en el sur del Caquetá, permitió que la Vicaría del Sur, con recursos de Caritas Alemania, contrata un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) independiente con la Corporación Geoambiental Terrae. El estudio de Terrae demostró que el EIA presentado por la empresa desconoce el movimiento de aguas subterráneas, humedales y cuerpos de agua superficiales, rondas de inundación, los riesgos asociados a la desaparición de fauna y flora endémica, el riesgo por remoción en masa, la geomorfología de la zona, entre otros componentes.
Foto: Raffaele Pugliese– Asociación Ambiente y Sociedad
Estas falencias y omisiones se deben a que el EIA de la empresa petrolera no identifica claramente el tipo de instalaciones y las coordenadas precisas en donde se construirá la infraestructura del proyecto, es decir, se solicita una Licencia Ambiental sin saber qué y cómo se va a hacer. El resultado es un alto riesgo de extinción de especies en veda, de contaminación y acidificación de aguas subterráneas y superficiales por cuenta de la infiltración de aguas o residuos contaminados, aumento de la deforestación, movimientos sísmicos, etc.
“Se esperaría que una empresa petrolera con más tiempo y más recursos hicieran mejores estudios que nosotros, pero estos estudios están llenos de vacíos. Señores ANLA, no pueden seguir dando licencias ambientales sobre cosas que no saben dónde están”, dijo Julio Fierro Morales, Geólogo y director de Terrae.
En cuanto al componente comunitario, el estudio presentado por la empresa petrolera manifiesta que no existe organización comunitaria. Las más de 1200 personas que asistieron a la Audiencia Pública, las más de 200 intervenciones de la comunidad, el largo proceso de resistencia (desde el 2013) que incluyó mecanismos Noviolentos (plantones, marchas, bloqueo de vías, huelgas de hambre, rosarios, peregrinaciones, etc.), las iniciativas ciudadanas normativas adelantadas en Morelia, Belén de los Andaquíes y Valparaíso para prohibir la actividad petrolera en los municipios y las consultas populares que se preparan, demuestran todo lo contrario.
Además de la ausencia de estudios ambientales serios, la empresa ha incurrido en omisiones y fallas de tipo procedimental. La más grave es el desconocimiento de las comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto (reconocidas con certificación número 1274 del 2013), ante quienes han omitido el desarrollo de Consulta Previa. Esta falencia se debe a que existen dos certificaciones de comunidades étnica; una de ellas -la que manifiesta que no se registran comunidades indígenas-, se presenta fuera de los términos del contrato.
También se presentaron denuncias por violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública (disparos con arma de fuego, golpes, daños a propiedad privada, amenazas a campesinos), a raíz de la oposición al proyecto petrolero. Todo esto fue respaldado por la Asociación de Personeros del Caquetá, quienes sentaron precedente de la violación a los derechos humanos y la necesidad de acudir al principio de precaución para evitar la re-victimización de esta población.
La postura de las autoridades de gobiernos se encuentra dividida, por una parte, la Asamblea Departamental, los personeros del departamento y la Alcaldía de Morelia respaldan la solicitud de las comunidades de negar la licencia ambiental. Por otra parte, las autoridades de Milán y Valparaíso no asistieron, ni enviaron delegado a la Audiencia. La autoridad ambiental regional, Corpoamazonía, ni suma, ni resta en el panorama.
El argumento que sostiene la empresa para justificar la actividad petrolera es el mismo que utilizó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para excluir al pie de monte del Caquetá de la Amazonía: la deforestación causada por los campesinos. Este argumento es, en el mejor de los casos, injusto y engañoso, pues desconoce que este modelo de desarrollo fue impuesto a la región durante la época de la colonización dirigida (1950-1970), así como se quiere imponer hoy el modelo petrolero.
Frente a esto, es necesario parar el ciclo de “hacer daño, porque ya está dañado” y emprender políticas de reforestación para recuperar la selva. Esta fue la propuesta de algunos sectores académicos, de los personeros y de la Iglesia en la Audiencia Pública.
El sur del Caquetá es una bomba de tiempo, las comunidades en resistencia desde el 2013 han presentado argumentos que dejan sin piso la solicitud de Emerald Energy. Ante la ausencia de argumentos técnicos, la estrategia de la empresa petrolera ha sido dividir a la comunidad, aumentando las conflictividades e induciendo a la disputa.
Con todo, la Audiencia Pública Ambiental que tuvo lugar este 15 de marzo fue un mecanismo de participación desplegado en el Departamento para decirle No a la política petrolera en la Amazonía y ciertamente, este mecanismo fue contundente en sus pruebas técnicas y en su rechazo comunitario. ANLA tiene material suficiente para negar la licencia ambiental a la empresa Emerald Energy en el Bloque el Nogal.
