Por: Luisa Sánchez Casallas
De acuerdo con el reciente informe de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2024, se registraron 1.372 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Este escenario es alarmante, a pesar de los compromisos internacionales y los mecanismos internos de protección, los líderes y lideresas sociales continúan enfrentando amenazas, violencia y asesinatos, sobre todo quienes defienden el ambiente y los territorios.
Así lo evidencian las Alertas Tempranas 007 de 2024 y 001 de 2025 de la Defensoría del Pueblo y el informe de investigación y judicialización presentado por la Fiscalía General. Estos documentos exponen las fallas estructurales en la lucha contra la impunidad y en la garantía de protección para esta población.
Este fenómeno está estrechamente relacionado con la expansión de economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación, lo que ha generado un panorama de riesgo creciente y particular para los defensores ambientales.
Los principales factores de riesgo que afectan a los liderazgos ambientales incluyen:
- Control territorial y violencia sistemática: Los grupos armados buscan consolidar su hegemonía en los territorios, amenazando y atacando a los líderes sociales y ambientales que denuncian sus actividades ilegales.
- Instrumentalización de normativas ambientales: Algunos actores armados han comenzado a regular el acceso a los bienes naturales bajo el pretexto de “proteger el ambiente”, cuando en realidad buscan justificar su presencia y dominio territorial.
- Ausencia de garantías estatales: La falta de presencia efectiva del Estado ha dejado a muchas comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema, facilitando la impunidad de los crímenes contra líderes sociales y personas defensoras del ambiente.
De los 1.372 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos registrados por la Fiscalía General, 1.322 están siendo investigados por esta entidad. Adicionalmente, 26 casos han sido asumidos por la Jurisdicción Especial Indígena y los restantes por otras autoridades jurisdiccionales. Las principales víctimas de estos crímenes corresponden a líderes comunales (373 casos), indígenas (219), comunitarios (223), campesinos (119) y afrodescendientes (49). El 68% de los homicidios ocurrieron en zonas rurales, donde existe una fuerte presencia de organizaciones criminales.
A pesar de estas cifras, la respuesta judicial sigue siendo insuficiente. De los 1.322 homicidios en investigación, solo el 40% ha avanzado a la etapa de imputación de cargos. Es decir que el 60% de los casos aún no cuenta con avances procesales significativos.
Durante el mismo periodo se han emitido 217 sentencias condenatorias, de las cuales 49 ocurrieron en 2024, un 22% del total. Si bien estos datos reflejan un mayor impulso en las investigaciones bajo la actual administración de la Fiscalía, posesionada en marzo de 2024, el desafío sigue siendo enorme.
De hecho, en más de la mitad de los casos no se ha identificado al autor material. A esto se suma que, de las 111 personas que han sido vinculadas a 82 casos como determinadores o autores intelectuales, sólo 20 han recibido una sentencia condenatoria; lo que evidencia las limitaciones del sistema judicial para desmantelar las redes criminales detrás de estos crímenes, perpetuando altos niveles de impunidad.
Sobre esto, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil señaló que la estrategia de investigación de la Fiscalía sigue siendo insuficiente. Si bien el 70% de los casos que han avanzado a la etapa judicial han sido atribuidos a grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia, ELN y Clan del Golfo, la investigación ignora la posible responsabilidad de otros actores políticos, económicos y estatales que se benefician de estos crímenes. En los últimos seis años, por ejemplo, estas estructuras criminales han expandido su control de municipios en un 50%, sin que se investigue la responsabilidad de la Fuerza Pública en estas omisiones.
Son necesarios cambios estructurales
La falta de avances sustanciales en la investigación y sanción de estos crímenes no solo perpetúa la inseguridad, sino que debilita la democracia y obstaculiza la defensa del ambiente y los territorios. Si bien la Fiscalía ha enfatizado en la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la relación con las víctimas para garantizar un proceso judicial más eficiente y transparente, esta institución debe adoptar una estrategia más integral para abordar estos crímenes. La plena implementación de la sentencia SU-546 de 2023 es una obligación inaplazable.
Además, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ha advertido que la continuidad del conflicto armado y la represión contra los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales exigen cambios estructurales en el sistema de justicia, pues mientras no existan garantías efectivas de protección y acceso a la justicia, la violencia seguirá repitiéndose sin consecuencias.
El acceso a la justicia no implica solamente sancionar a los responsables, sino comprender integralmente el origen de la violencia para prevenirla y garantizar la no repetición de estos crímenes. Para ello, es indispensable que las instituciones adopten enfoques diferenciales de género, étnico y territorial, permitiendo reconocer los riesgos específicos que enfrentan mujeres defensoras, comunidades indígenas y afrodescendientes.
Por último, el contexto actual de paz y seguridad en Colombia también hace necesaria una revisión de las actuaciones de la Fiscalía en relación con los esfuerzos de diálogo con actores del conflicto armado, pues la lucha contra la impunidad no puede estar desvinculada de las políticas de construcción de paz ni de la garantía de seguridad para quienes defienden los derechos humanos.
Puedes conocer toda la investigación en el siguiente enlace:
