En una decisión unánime que marca un hito en la historia de la justicia ambiental en Colombia, la Corte Constitucional ha declarado la constitucionalidad de la Ley 2273 de 2022, que aprueba el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo, respaldado por una pluralidad de voces, de la sociedad civil, de pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, se convierte ahora en parte integral de la política ambiental nacional.
Después de más de 12 años de arduo trabajo colectivo, en Ambiente y Sociedad (AAS) celebramos este paso histórico: Colombia se convertirá en el decimoséptimo Estado Parte del Acuerdo de Escazú una vez que se deposite el instrumento ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Este logro es el resultado de una apuesta institucional que asumimos desde 2012, cuando nos propusimos la implementación efectiva del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que los derechos de acceso a la información, participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales son esenciales para un ejercicio material del derecho fundamental al medio ambiente sano.
A nivel nacional, entre 2018 y 2022 como miembros de la Alianza por el Acuerdo de Escazú Colombia, incidimos ante el Congreso de la República la culminación exitosa del trámite legislativo para la ratificación del Acuerdo de Escazú impulsando un diálogo técnico sobre el contenido del Acuerdo y su importancia para el fortalecimiento del marco normativo nacional. Hoy más que nunca, celebramos el avance hacia una nueva etapa en la que los mitos han quedado atrás y nos enfrentamos a nuevos retos con la articulación de todos los sectores de la sociedad. Este esfuerzo conjunto es crucial para hacer realidad nuestro anhelo de un país que haga las paces con la naturaleza y garantice un entorno seguro para quienes defienden incansablemente los ecosistemas.
El Acuerdo de Escazú constituye un logro fundamental para la sociedad civil. Como organización que participó activamente en las negociaciones entre 2014 y 2018, destacamos el papel crucial que jugó la sociedad civil, particularmente en la defensa de modalidades de participación robustas que permitieran que las propuestas dirigidas a los gobiernos se reflejarán en un instrumento internacional vinculante. Uno de los mayores logros de este proceso fue el artículo 9, que se erige como una de las principales victorias durante las negociaciones. Este artículo establece un nuevo pilar de la democracia ambiental destinado a proteger a los defensores ambientales en la región. Esta iniciativa es única en su tipo y marca un avance significativo para América Latina, una región que ha enfrentado el mayor número de asesinatos de defensores ambientales en los últimos años, según Global Witness.
En nuestro esfuerzo por garantizar que el Acuerdo de Escazú se implemente efectivamente en los territorios y fortalezca la gobernanza ambiental, desde Ambiente y Sociedad hemos subrayado la importancia del rol de la ciudadanía, los defensores ambientales y, en particular, los jóvenes. En este contexto, hemos promovido la beca para defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, destacando el valor de su trabajo. Además, impulsamos la iniciativa “Champions por Escazú” en 2019 y 2023, con el objetivo de convocar a líderes juveniles comprometidos con la protección del ambiente y la garantía de los derechos de acceso.
Reiterando nuestro compromiso con este proceso, nuestro rol debe continuar en la fase de implementación del Acuerdo de Escazú, apoyando la evaluación, el seguimiento y el monitoreo de las acciones dispuestas para garantizar los derechos de acceso a nivel nacional y el primer Plan de Acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales para America Latina y el Caribe, que es vinculante a Colombia y, en el que desde Ambiente y Sociedad hemos hecho un llamado por una mayor voluntad institucional frente a un contexto de violencia dirigida a las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
En un escenario crítico como el que enfrentamos actualmente se vuelve imperativo que unamos nuestras agendas y enfoques con una visión más innovadora y colaborativa. Encuentros internacionales como la próxima COP 16 a celebrarse en Colombia o la COP 30 a celebrarse el próximo año en Brasil se convierten en escenarios de rendición de cuentas frente a los compromisos reales adquiridos por los países desarrollados para enfrentar los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos los países del Sur Global en un contexto de desigualdad. Los compromisos claros que reconozcan como eje central el rol comunitario y local y la implementación del Acuerdo de Escazú plantean un posible escenario de esperanza ante una triple crisis planetaria.
El camino hacia una Colombia en paz con justicia ambiental y social ha recibido un impulso significativo ¡Felicitaciones a todos los que han trabajado para hacer realidad este importante acuerdo!
