En medio de las tensiones en Azerbaiyán, donde se desarrolló la COP29, se llegó a un acuerdo en materia de bonos de carbono. Las naciones acordaron un mecanismo para comercializar bonos de carbono, regulado por las Naciones Unidas, ONU, que garantice que los cálculos de emisiones y reducciones sean confiables, transparentes y verificables.
Los bonos de carbono permiten a los países o empresas compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero invirtiendo en proyectos que reduzcan o capturen dióxido de carbono. Con el acuerdo alcanzado, se busca que las compensaciones respondan a datos científicos que evidencien su aporte a la lucha contra la crisis climática, por eso se basará en las normas del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).
Además, los países deberán informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) cómo calculan las emisiones compensadas, asegurando que los proyectos sean adicionales a las acciones que ya están obligados a realizar por ley o a través de otras políticas. Asimismo, deberán demostrar que estos proyectos no solo contribuyen a la mitigación del cambio climático, sino que también respetan los Derechos Humanos, laborales y comunitarios.
Un aporte a la justicia climática
Como se reiteró en la COP16, las comunidades locales son esenciales para la conservación de los ecosistemas y ellas deben liderar acciones frente al cambio climático, por tanto, deben ser reconocidas y recompensadas por labor ambiental. En ese sentido, este acuerdo debe permitir que los países en desarrollo se beneficien, no solo mediante el acceso a financiamiento, sino también atrayendo inversiones para el desarrollo de proyectos locales que promuevan la protección ambiental.
Sin embargo, la ONG Amigos de la Tierra, entrevistada por el medio France 24, criticó la medida y dijo que este acuerdo le quita credibilidad a la COP29, “pues en vez de concentrarse en reducir las emisiones, los países buscan la manera de compensar su contaminación sin eliminarla. Además, en la práctica, algunos proyectos del mercado voluntario de carbono han sido criticados porque no se realizan respetando la consulta previa de los pueblos indígenas, con contratos en idiomas que muchos de ellos no manejan como el inglés, y minando su gobernanza”, señaló el medio.
La participación del sector privado frente a este tema fue amplia, lo que refleja su interés en financiar la lucha contra el cambio climático a través de este instrumento. Sin embargo, se ha advertido que este mecanismo no debe desviar la atención de las responsabilidades históricas de las naciones ricas en términos de justicia climática. Los bonos de carbono son una herramienta complementaria, pero no deben sustituir las otras acciones que deben realizar los países que más contribuyen al cambio climático, y que, por tanto, deben cerrar las brechas de financiación que afectan desproporcionadamente a las naciones más vulnerables al cambio climático.
Sigue pendiente
Aún queda por resolver detalles como la creación de un registro global que permita rastrear cada transacción de bonos de carbono, asegurando que no haya duplicidad y que cada crédito sea verificable. También está en discusión qué tipo de información deben proporcionar los proyectos que participan en este mercado, para que los países y empresas compren créditos con conocimiento claro del impacto ambiental y social de estos.
Desde Ambiente y Sociedad, reconocemos este logro, pero hacemos un llamado a que este mecanismo se llene de las herramientas para que no se perpetúen desigualdades estructurales, privilegiando únicamente a empresas y países ricos. De igual forma, reiteramos que este instrumento financiero no debe dejar a un lado la urgente necesidad de que las naciones que más aportan a la crisis climática, implementen acciones que realmente disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyan a los países que más sufren los efectos del cambio climático y protejan a las naciones más biodiversas.
