Por: Mónica Lozano
“El terremoto no creó las desigualdades, sino que esas desigualdades del departamento del Chocó se expusieron con el terremoto. Aquí vivimos sin vías de acceso, sin agua potable, sin infraestructura, sin comunicación, sin carreteras, sin acceso digno a salud y educación. Y eso es producto del abandono estatal. Estamos en medio de una catástrofe porque no estábamos preparados”, afirma Yessica Robledo Valderrama, lideresa social de Quibdó, defensora de derechos humanos y profesional territorial de la Corporación Humanas, al referirse a las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el Pacífico colombiano y la región del Eje Cafetero en la mañana del lunes 10 de agosto.
El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, dejando hasta el momento, (reporte del 14 de agosto) 285 víctimas mortales, 3.975 personas heridas y 379 desaparecidas. El movimiento se sintió con fuerza en distintos departamentos, principalmente del occidente colombiano. Sin embargo, la magnitud de la tragedia humanitaria no la determinó el sismógrafo, sino una herencia histórica de exclusión, pobreza y debilidad estatal.
“Hay condiciones históricas con las que hemos cargado todas las personas que vivimos aquí. Somos comunidades negras e indígenas que durante décadas hemos tenido dificultades para acceder a derechos y servicios básicos por eso no podemos dejar de hablar de racismo estructural”, agrega Robledo, cuya afirmación se evidencia al ver la realidad de su departamento.
Un territorio vulnerable
En Chocó, muchas comunidades no cuentan con un suministro continuo de energía eléctrica. El 52,8% de la población enfrenta pobreza energética multidimensional, según el informe Pobreza energética en Colombia 2024 de Promigas. Esta carencia afecta la educación, la atención en salud, la conectividad, la higiene y la seguridad de miles de personas. A ese panorama se suma que, según el DANE, en 2025 el departamento registró una pobreza monetaria del 67,4%, la más alta del país. El aislamiento geográfico y las profundas debilidades institucionales agravan aún más esta situación y reducen la capacidad de respuesta frente a una emergencia como la ocurrida el pasado 10 de agosto.
La Ley 1523 de 2012 en Colombia es clara: el riesgo de desastre no es un hecho fortuito de la naturaleza, sino el resultado de la interacción entre una amenaza física (el peligro latente de un sismo) y la vulnerabilidad de la población (la susceptibilidad física, económica, social e institucional de sufrir daños). En territorios marginados como el Chocó, esta fórmula adquiere dimensiones dramáticas, convirtiendo este tipo de eventos en catástrofes humanitarias debido a factores estructurales no atendidos. El sismo del 10 de agosto golpeó un territorio atrapado en un cruce de exclusiones históricas que se refuerzan mutuamente, impidiendo que un territorio progrese o, peor aún, tenga cómo reaccionar ante situaciones como un terremoto.
Mientras el resto de Colombia experimentó una reducción de casi ocho puntos porcentuales en la pobreza monetaria entre 2021 y 2024, en el Chocó la pobreza se incrementó en un 2,3% en el mismo período. Esto se traduce, por ejemplo, en viviendas que carecen de los estándares mínimos de sismo-resistencia o en el acceso a un servicio de salud de calidad. “Una de las principales vulnerabilidades son las condiciones de la vivienda. En Quibdó, y eso que es la capital, las viviendas no se construyen con base en el ordenamiento territorial; muchas están ubicadas en zonas de alto riesgo. La gente, en su afán de tener dónde vivir, construye donde puede.”, explica la lideresa chocoana.
Bajo estas condiciones, un terremoto o un fenómeno climático no solo derrumba paredes o inunda calles, sino que destruye por completo los frágiles medios de vida de una población que ya se encuentra en el límite. “Una familia que vive del día a día y pierde el techo, los alimentos y todo lo que tiene, enfrenta una situación catastrófica. La mayoría de la gente que perdió todo aquí está en esas condiciones. Yo siempre he dicho que acá vivimos en una lucha constante por levantarnos todos los días, en medio de toda esta precariedad para salir adelante; y que pase esto y acabe con lo poquito que uno consigue en esa lucha diaria es algo que rompe a cualquiera”.
Mocoa: la advertencia histórica que el país ignoró
Este patrón de abandono y planeación deficiente no es nuevo, es el mismo que devastó a Mocoa, en el departamento del Putumayo, el 31 de marzo de 2017. En esa ocasión, lluvias torrenciales, que en ese momento aumentaron un 30% en la Amazonía, sumadas a una deforestación acumulada en el departamento, provocaron avalanchas de lodo y piedra que cobró más de 300 vidas y dejó pérdidas materiales y culturales de las que aún no se repone la población. Se trató entonces de una tragedia que demostró la graves falencias en la prevención, la planificación territorial y la gestión del riesgo.
Aún más alarmante fue la parálisis estatal tras el desastre, las promesas de reconstrucción incumplidas y las imposiciones sin rigor técnico ni comunitario. La reconstrucción en Mocoa se diseñó a espaldas a los habitantes, entregando viviendas que no tuvieron en cuenta el estilo de vida de la población y reubicando el acueducto municipal en otra zona calificada como de alto riesgo, según han denunciado los mandatarios locales.
Nueve años después de la avalancha, la reconstrucción de Mocoa sigue marcada por los incumplimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El proceso de recuperación no supera el 30% de avance y los sistemas de alerta temprana prometidos continúan sin implementarse plenamente. “Después de nueve años, Mocoa todavía no cuenta con las herramientas suficientes para prevenir una catástrofe similar”, asegura Carlos Hugo Piedrahita, alcalde del municipio.
La urgencia de un cambio de paradigma
Colombia es un territorio expuesto a múltiples amenazas. La región Pacífica, los Andes y el piedemonte llanero concentran departamentos con alta amenaza sísmica. Además, el país también es uno de los más vulnerables al cambio climático. Según el Ministerio de Ambiente, todos los municipios presentan algún grado de riesgo climático, mientras que territorios como San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés y Amazonas enfrentan niveles particularmente altos de vulnerabilidad.
Hoy, el terremoto en el Chocó recordó que estas amenazas no actúan por separado. Un territorio tan frágil enfrenta cualquier desastre con una capacidad de respuesta mucho más limitada. El problema, por tanto, no es únicamente geológico o climático, es profundamente político, económico e institucional.
“Al Gobierno le diría que no podemos prepararnos solo cuando ya ocurrieron las tragedias. En Chocó estamos expuestos a inundaciones, deslizamientos, temporadas de lluvias fuertes y temporadas de sequías. Todos esos fenómenos nos golpean con más fuerza porque no tenemos servicios básicos garantizados, por eso la gestión del riesgo debe ser una tarea permanente”, advierte la lideresa quibdoseña, Yessica Robledo.
Esa es precisamente la urgencia de un cambio de paradigma en la gestión del riesgo. Para que las herramientas de prevención funcionen en Chocó, en Mocoa y en las demás regiones históricamente olvidadas, el Estado debe transformar la manera en que se relaciona con los territorios. No se necesitan más documentos redactados desde el centralismo, se requiere un modelo de gestión del riesgo y cambio climático que fortalezca las capacidades locales, garantice recursos a largo plazo y reconozca el conocimiento de las comunidades sobre sus propios territorios.
“Hay que revisar cómo se están construyendo las casas en el territorio, garantizar viviendas seguras, hacer estudios de riesgo, fortalecer los sistemas de alerta y robustecer el sistema de salud y los equipos de socorro del Chocó”, insiste Robledo. También recuerda que “el acceso al agua potable, las vías, el saneamiento, la conectividad, la energía, el transporte, la vivienda y, sobre todo, el acceso a la salud son fundamentales. Todo esto determina qué tan rápido puede responder la gente cuando ocurre una emergencia”.
Un enfoque integral implica invertir de manera sostenida en prevención, mitigación y adaptación al cambio climático; restablecer y fortalecer los sistemas de alerta temprana; planificar el territorio con criterios ambientales y de riesgo; construir infraestructura resiliente; y garantizar que las comunidades participen en las decisiones que afectan su territorio. “Acá tenemos liderazgos comunitarios muy importantes: consejos comunitarios, organizaciones de mujeres, autoridades indígenas y organizaciones sociales que conocen el territorio y reconocen sus necesidades. No se puede dejar de lado toda esa experiencia a la hora de construir un sistema de prevención acorde al territorio”, afirma.
Tras el terremoto que golpeó al Chocó, la pregunta ya no es solo dónde ocurrió el sismo, sino qué tan preparados están nuestros territorios para enfrentarlo. Importa saber si existen planes de emergencia efectivos, si funcionan los sistemas de alerta temprana, si se está protegiendo la biodiversidad, si se fortalece la infraestructura pública y, sobre todo, si el país está enfrentando las desigualdades históricas que convierten un fenómeno natural en una tragedia humana.
La verdadera réplica del terremoto del Chocó no está en las fallas geológicas, sino en el abandono por parte del Estado colombiano. “Ojalá esto no se quede en la atención de la primera o la segunda semana y que después se olviden de las necesidades del Chocó, porque eso ya ha pasado.”, concluye Robledo.
