Una declaración publica de 27 organizaciones de sociedad civil en los Estados Unidos, Colombia y América Latina urge la suspensión del programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito.
“Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente,” dijo Lisa Haugaard, directora del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG). “Ya es la hora para terminar este programa controvertido y dedicarse a programas de desarrollo rural para comunidades, que pueden brindar una solución a la vez más humana, y más sostenible y eficaz.”
Declaración:
El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era “probablemente cancerígeno” para los humanos[ii]. Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos.
Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra.
A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió durante un periodo constante de reducción de fumigación.
Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles.
Latin America Working Group (LAWG)
Washington Office on Latin America (WOLA)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Oxfam
Environmental Investigation Agency
Center for International Policy (CIP)
Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America Program
Institute for Policy Studies, Drug Policy Project
Jesuit Conference, National Advocacy Office
AFL-CIO
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
Drug Policy Alliance
Amazon Watch
Colombia Human Rights Committee
Witness for Peace
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
MamaCoca
La Corporación Jurídica Yira Castro
La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos
Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ)
Intereclesiastical Commission of Justice and Peace
Censat Agua Viva de Colombia
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)
Asociación Ambiente y Sociedad (AAS)
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