Aprobado el primer acuerdo sobre derechos humanos y medio ambiente para América Latina y el Caribe

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San José, Costa Rica

4 de marzo de 2018

Asociación Ambiente y Sociedad participó como parte de los representantes del público en el largo proceso de negociación del “Acuerdo regional para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales”, que reúne a 24 estados de la región. El proceso que comenzó en el 2012 acaba de concluir este fin de semana en San José, Costa Rica.

Después de cinco años, nuestro trabajo de incidencia finaliza con la consecución del primer Tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe y además el primer instrumento vinculante donde se incluye una protección expresa a los defensores de derechos humanos ambientales.

Para Natalia Gomez, investigadora de Ambiente y Sociedad y representante del publico en la negociación, es un acuerdo histórico, que sin duda sienta  las bases  para que los defensores ambientales tengan mayor protección, y  todas las personas de la región garanticen de manera efectiva los derechos de acceso, la democracia ambiental y  la protección del medio ambiente.

El tratado  se propone como un instrumento que materializará el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, la transparencia de las entidades gubernamentales y privadas, la democratización ambiental, el derecho al acceso a la información como derecho fundamental y el fortalecimiento de las capacidades tanto de los estados como de la sociedad civil.

El carácter vinculante del acuerdo demuestra  la voluntad de los Estados para adoptar dentro de sus legislaciones estándares más altos que velarán por la consolidación de la democracia y el desarrollo sostenible participativo.

Recordemos que América Latina y el Caribe es una región caracterizada por la vulneración continua y sistemática de los derechos humanos y una alta conflictividad ambiental. La creciente oleada de asesinatos e investigaciones perpetradas contra los defensores ambientales es muestra de ello. Este instrumento visibiliza la lucha ambiental que miles de defensores dan todos los días en nuestra región.

Sin embargo, no todo es ganancia, hay que reconocer que el espíritu del acuerdo se vio cercenado por las posturas regresivas de varios países, entre estos Colombia.

En esta reunión la delegación colombiana se mantuvo reacia a ceder en puntos fundamentales para la solidez del acuerdo.  Insistió en la definición restrictiva de “público” a personas nacionales o bajo la jurisdicción del estado parte excluyendo extranjeros; buscó la limitación del alcance de “autoridad competente”; abanderó la anulación del comité de seguimiento órgano esencial para darle cumplimiento y aplicación al acuerdo(que finalmente quedó en el acuerdo aunque con un mandato más restringido); e intentó sin éxito la supresión del artículo que prohibía la formulación de reservas al tratado.

En pasadas sesiones,  Colombia había manifestado posiciones regresivas del mismo talante. Por ejemplo, cuando se negoció el artículo sobre el derecho a la justicia ambiental, el país solicitó que se cambiara la obligación estatal de garantizar dicho acceso a la justicia por la obligación de solo facilitar. Además, nuestro país solicitó eliminar las referencias a establecer órganos especializados en materia ambiental, a las medidas para facilitar la prueba del daño ambiental, y a alentar el establecimiento de criterios judiciales uniformes tales como el principio in dubio pro natura. Lo que más planeta inquietud es que todos estos temas ya hacen parte de la Constitución, el marco legislativo o la jurisprudencia nacional en materia ambiental y de derechos humanos por lo que no es clara la motivación del país al excluirlos del acuerdo.

A pesar de las dificultades; artimañas políticas y dilataciones, hoy América Latina  y el Caribe hacen historia.  Ahora está en manos del Congreso de la República y la Corte Constitucional que este acuerdo sea ratificado y entre en vigor lo antes posible en nuestro país. Como sociedad civil seguiremos haciendo seguimiento a la ratificación e implementación del acuerdo.