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El Banco Mundial (BM) presentó ayer ante la sociedad civil su nueva política de salvaguardas ambientales, sociales y laborales , en un evento público que contó con la participación de más de 40 organizaciones, líderes indígenas, ONG, gremios sindicales, empresas, movimientos sociales, entre ellas Ambiente y Sociedad de Colombia.
Cabe recordar, que desde hace dos años, el Banco Mundial viene trabajando un “proceso de consulta” a nivel mundial sobre sus nuevas políticas de salvaguardas ambientales, sociales y laborales. No obstante, cada taller consultivo no tomó en consideración los comentarios, sugerencias y cambios planteados por la sociedad civil, es así que el documento presentado por el Banco Mundial no tiene ninguna modificación.
La nueva política flexibiliza los requerimientos ambientales, laborales y sociales que solicita la institución financiera a los Estados para financiar la construcción de obras, en su mayoría en países en vías de desarrollo, poniéndose en peligro las obras de infraestructura que financia el banco. Teniendo en consideración que la mayoría de países tiene una débil gobernanza e institucionalidad ambiental.
En materia ambiental establece que las evaluaciones ambientales (EIAS) de los proyectos que el Banco Mundial financia deben iniciarse sin establecer un tiempo preciso de evaluación, poniéndose en riesgo los procesos de consulta previa de proyectos, ya que estos no podrán desarrollarse de manera efectiva, sin que cuente con información completa y detallada acerca de un determinado proyecto.
Además, el marco propuesto tiene un alcance limitado porque sólo se aplicará a los préstamos de inversión, dejándose fuera otros instrumentos financieros, lo que implica que más del 50% de la cartera de proyectos que el banco financia en la región, no estará cubierta por estándares ambientales y ni sociales.
En materia social, la nueva política del BM carece de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y permite a los gobiernos que reciban préstamos del banco “optar” por el cumplimiento de la política de pueblos indígenas para proteger sus derechos.
Mientras que en el marco laboral, la nueva propuesta es débil con relación a la protección adecuada para los trabajadores, ya que sólo protege a trabajadores directamente contratados por el proyecto de inversión a financiar y excluye a contratistas terciarios y funcionarios públicos encargados en forma indirecta del proyecto.
Asimismo, la nueva política tampoco incluye requisito alguno que asegure y proteja a las comunidades indígenas y grupos excluidos de impactos negativos que generan los proyectos que financia el BM. A esto hay que agregar que tampoco contiene términos como “accesibilidad y diseño universal” que permita el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en los proyectos.
En síntesis, la política de salvaguardas va en contra de la misión principal del Banco Mundial de erradicar la pobreza extrema, promover el desarrollo sostenible y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por el contrario, baja los estándares del mismo banco y de la comunidad internacional.
