Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes nos oponemos firmemente a cualquier medida que
implique un retroceso en los compromisos climáticos asumidos por el Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo (Grupo BID). Le solicitamos al Grupo BID que mantenga su meta de financiamiento climático.
Retroceder ahora dejaría a una de las regiones más vulnerables del mundo con menos apoyo justo cuando más
lo necesita.
Estimado Presidente Goldfajn y miembros del Directorio Ejecutivo:
Según información publicada por Devex, el Grupo BID estaría considerando reducir o eliminar su meta de
financiamiento climático. Nos preocupa profundamente esta posibilidad. Una decisión así significaría abandonar
compromisos climáticos que el propio Grupo BID asumió públicamente, y con los que se consolidó como uno
de los bancos líderes en la materia y que han sido centrales para cumplir su mandato como Banco de Desarrollo
regional que busca “mejorar vidas”.
Consideramos que eliminar la meta de financiamiento climático sería contraria a los compromisos asumidos en:
a) la EstrategiaBID+ 2024–2030 y su Marco de Impacto, que establecen el cambio climático como uno de los
tres objetivos centrales del Grupo BID. Asimismo incluye una meta de financiamiento climático y verde, el
apoyo a las cero emisiones netas para 2050, la alineación con el Acuerdo de París y la eliminación de los
subsidios regresivos y contaminantes a los combustibles fósiles; b) el Plan de Acción en Materia de Cambio
Climático 2021-2025, que fijó el rumbo de la institución en esta materia; c) el anuncio del Grupo BID en la
COP29, por el cual se comprometía a un mínimo de 50 por ciento de financiamiento verde y climático en el
BID y un 60 por ciento en BID Invest para 2030.
Reducir la meta de financiamiento climático también sería inconsistente con los principios de no regresión y de
progresividad reconocidos en el Acuerdo de Escazú, y con el principio de progresión del Acuerdo de París, así
como con la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre
Emergencia Climática y Derechos Humanos. La gran mayoría de los Estados miembros del Grupo BID
asumieron estas obligaciones y compromisos, y el Grupo BID debería apoyarlos en su cumplimiento. Esto es
especialmente grave porque, en palabras del propio Grupo BID, América Latina y el Caribe “es una de las
regiones más vulnerables al cambio climático” del mundo.
Una reducción de la meta de financiamiento climático podría debilitar la contribución colectiva de los Bancos
Multilaterales de Desarrollo (BMD) a la implementación de la Nueva Meta Colectiva Cuantificada de
Financiamiento Climático (NCQG por sus siglas en inglés), adoptada en la COP29. La NCQG establece una
meta de al menos USD 300 mil millones anuales para los países en desarrollo para 2035, y otra meta
aspiracional de alcanzar USD 1.3 billones integrando todas las fuentes. La decisión reconoce expresamente que
los flujos de financiamiento climático movilizados por los BMD pueden contribuir a su cumplimiento, mismo a lo que se comprometieron en acuerdo con sus accionistas. Reducir metas institucionales podría debilitar la
movilización de financiamiento que la región necesita, tanto para adaptación, como para la transición energética
justa, y sobre todo para las pérdidas y daños que van en incremento. Además, el Grupo BID quedaría, en esta
materia, por detrás de otros bancos multilaterales y regionales, como el Nuevo Banco de Desarrollo (con una
meta del 40%), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (con una meta de 50% para 2030); y el Banco
Asiático de Desarrollo (75% para 2030).
Por otra parte, deseamos expresar nuestros cuestionamientos al recientemente publicado Marco Temático de
Energía 2026-2030, el cual carece de la ambición climática necesaria y no está alineado con los compromisos
establecidos en la Estrategia Institucional.
La crisis climática se agrava y sus efectos en América Latina y el Caribe son cada vez más severos, como lo
vemos ahora con los impactos de El Niño. En este contexto, el Grupo BID debe reforzar, y no debilitar, su
ambición climática. Una transición energética justa y sostenible es aquella que sitúa a las comunidades en el
centro y ofrece financiamiento no reembolsable y a tasas concesionales. También es aquella que evita repetir el
patrón extractivo: no puede medirse sólo en términos de emisiones, sino también en términos de sus impactos
ambientales y sociales.
Nos oponemos firmemente a cualquier medida que implique un retroceso en los compromisos climáticos
asumidos por el Grupo BID. Pedimos al Presidente y al Directorio Ejecutivo:
- Mantener la meta de financiamiento climático y verde asumida en la Estrategia BID+ y anunciada en la
COP29, para apoyar a los Estados miembros con las obligaciones climáticas, incluidas las establecidas
por la Corte IDH en la OC-32/25 así como respetar y garantizar los principios de no regresión y
progresividad del Acuerdo de Escazú. - Fortalecer la implementación de los compromisos climáticos y establecer la eliminación progresiva del
financiamiento al gas fósil. - Clarificar las contribuciones que el BID hará a la Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento
Climático, especialmente hacia los 300 mil millones comprometidos de manera anual para 2035, y cómo
se contribuirá con la triplicación del financiamiento para la adaptación, acordado en la COP30. - Priorizar el financiamiento no reembolsable y concesional, para apoyar a los países miembros que más
lo necesitan a cumplir con las metas del Acuerdo de París y adaptarse a los impactos del cambio
climático. - Promover modelos energéticos que respeten los derechos humanos y prioricen el acceso y asequibilidad
de la energía, la sostenibilidad ambiental y social, y el uso de los bienes comunes dentro de los límites
planetarios.
Organizaciones firmantes
● AbibiNsroma Foundation, Ghana
● Aid Life Learn Environment (ALLEN), República Democrática del Congo
● Argentina 1.5, Argentina
● Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Colombia
● Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional
● Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre, Bolivia
● Bank Climate Advocates, Estados Unidos/Internacional
● Bank Information Center, Estados Unidos
● Big Shift Global, Global
● Clínica Jurídica Espeletia - Universidad Externado de Colombia
● Cohesión Comunitaria e Innovación Social, México
● Colectivo Voces Diversas, El Salvador
● Conectas Human Rights, Brasil
● Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú
● ECCO think tank, Italia
● Equal Right, Colombia
● Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina
● Fundación Acue, Chile
● Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista, Argentina
● Fundación para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales, Argentina
● Fundación Tierra, Bolivia
● Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Argentina
● Germanwatch e.V, Alemania
● Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), Global
● Global Policy Forum Europe, Europa
● Grupo de Cambio Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), México
● Grupo de Trabajo sobre BID, Regional
● Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental, Brasil
● Inisiasi Masyarakat Adat (IMA), Indonesia
● Latinoamérica Sustentable, Regional
● Menafem Movement, Egipto
● Observatorio Ambiental Ciudadano, AOAC, Colombia
● Oyu Tolgoi Watch, Mongolia
● Plataforma Internacional contra la Impunidad, Internacional
● Polen Transiciones Justas, Colombia
● Recourse, Reino Unido
● Red de Comunidades Impactadas por IFIs, Regional
● Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (LATINDADD),
Regional
● Rivers without Boundaries, Mongolia
● Sustentarse, Chile
● The Climate Reality Project América Latina, Regional
● The Climate Reality Project, Estados Unidos
● The Common Initiative, Internacional
● Urgewald, Alemania






