Por: Mónica Lozano
Del 9 al 20 de noviembre, Antalya, Turquía, es sede de la COP31, una cumbre que se desarrolla en medio de una crisis climática cada vez más intensa, compromisos insuficientes para reducir las emisiones y dificultades para garantizar la financiación que necesitan los países más vulnerables. A esto se suman las tensiones políticas y económicas alrededor de los combustibles fósiles, que siguen marcando las negociaciones internacionales.
Para Andrea Prieto, coordinadora de Justicia Climática de la Asociación Ambiente y Sociedad, el principal desafío es que los acuerdos existentes se traduzcan en acciones concretas para reducir emisiones y fortalecer la adaptación frente a los impactos del cambio climático. “El reto no es seguir acumulando compromisos y herramientas, sino demostrar que los acuerdos que existen están produciendo transformaciones reales”, señala.
La crisis climática tiene causas y responsables, pero sus consecuencias no afectan a todos los países ni a todas las poblaciones de la misma manera. Mientras aumentan las temperaturas y se intensifican los eventos extremos, crecen también las presiones sobre el agua, los alimentos y los territorios. Frente a este panorama, la COP31 tiene la oportunidad de impulsar una verdadera agenda de implementación donde los compromisos del Acuerdo de París se vuelvan reducciones reales de emisiones, políticas públicas, financiación suficiente y medidas verificables.
Una crisis que se sigue agudizando
De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el año 2025 estuvo entre los tres años más cálidos registrados, con una temperatura media global cercana a 1,43 °C por encima del promedio de la era preindustrial. Y los últimos 11 años han sido los más cálidos desde que se tienen registros.
El panorama tampoco mejora al revisar los compromisos climáticos de los países. El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que, incluso si los gobiernos cumplen con todas sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), el calentamiento global podría alcanzar alrededor de 2,6 °C durante este siglo, y si continúan las políticas actuales, la proyección llega a 2,8 °C.
Estas proyecciones evidencian la distancia entre lo que se necesita y lo que los gobiernos están haciendo. Para Prieto, las acciones actuales siguen siendo insuficientes y es necesario acelerarlas para evitar que los impactos sobre las personas y los ecosistemas sean cada vez más graves. Impactos que se traducirán en olas de calor extremas, desastres naturales intensificados, crisis en la alimentación y el agua, colapso de ecosistemas y el aumento del nivel del mar
Esta vez, las negociaciones sobre la reducción de emisiones estarán atravesadas por las tensiones geopolíticas y los intereses económicos asociados al carbón, el petróleo y el gas. Aunque en la COP28 se acordó avanzar en la transición para abandonar los combustibles fósiles y en la COP30 se retomó esta discusión, todavía falta definir cómo llevar esos compromisos a la práctica.
En ese camino, uno de los asuntos que se espera abordar en Antalya es la puesta en marcha del Mecanismo de Acción de Belém, conocido como BAM, orientado a impulsar una transición energética justa. También se espera avanzar en hojas de ruta que permitan establecer medidas, plazos y responsabilidades para acelerar la transformación de los sistemas energéticos.
Sin embargo, las condiciones políticas hacen complejo alcanzar acuerdos ambiciosos. Prieto advierte que los intereses de los países con una fuerte dependencia o producción de combustibles fósiles pueden limitar los avances. Por eso, considera necesario fortalecer la transparencia y establecer reglas más claras frente a los conflictos de interés y la participación de representantes de la industria fósil en esta cumbre.
Financiación climática: ya no basta con prometer recursos
La financiación será otro de los temas decisivos de la COP31. Los países del Sur Global necesitan recursos suficientes y predecibles para reducir sus emisiones, adaptarse a los cambios que ya están ocurriendo y atender las pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio climático.
Entre las expectativas está avanzar en la hoja de ruta de Bakú a Belém, que plantea movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales en financiación climática para 2035, así como fortalecer los recursos destinados a la adaptación y las pérdidas y daños. También se espera avanzar en la implementación de los indicadores del Objetivo Global de Adaptación, acordados en la COP30, para evaluar los avances y orientar las acciones.
Pero para Andrea Prieto, “el problema no es únicamente cuánto dinero se promete, sino también cuánto llega realmente, bajo qué condiciones, quién puede acceder a estos recursos y cómo se evalúan los resultados”, explica.
Su planteamiento pone sobre la mesa una dimensión fundamental de la justicia climática: los países y las comunidades más vulnerables no pueden asumir el costo de una crisis a la que han contribuido en menor medida. Por eso, la financiación debe contar con un mayor compromiso de parte de los países que producen los mayores índices de emisiones, en lugar de profundizar el endeudamiento de los países del Sur Global.
Esto también implica simplificar los requisitos para acceder a los recursos y fortalecer los mecanismos de financiación directa a gobiernos locales, comunidades y territorios. En palabras de la integrante de Ambiente y Sociedad, “se necesita hablar tanto de la cantidad como de la calidad de los recursos”.
Las comunidades deben incidir en las decisiones
Otro de los asuntos claves es la participación de las comunidades, pues la acción climática no puede limitarse a acuerdos entre gobiernos ni a soluciones científicas. Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas tienen conocimientos, prácticas y experiencias que contribuyen a la protección de la biodiversidad, el cuidado del agua, la conservación de semillas y la adaptación a las condiciones cambiantes del clima.
Sin embargo, su participación en las cumbres climáticas todavía es muy limitada. Aunque existen espacios de diálogo y representación en las COP, estos no garantizan que sus propuestas tengan incidencia directa en las decisiones finales.
“La participación de las comunidades no debería ser solamente la posibilidad de ir y hablar, sino también de incidir en las decisiones”, advierte Prieto. Para ella, hacen falta mecanismos transparentes que permitan hacer seguimiento a las propuestas de estas poblaciones y saber cuáles son tenidas en cuenta en los procesos de negociación. La participación efectiva implica reconocer a las comunidades como sujetas políticas, proteger sus derechos territoriales y asegurar que sus propuestas tengan un lugar real en la definición y el seguimiento de las políticas climáticas.
Más transformaciones, menos anuncios
La COP31 también marcará el inicio del segundo Balance Global del Acuerdo de París, un proceso que concluirá en 2028 y permitirá evaluar los avances colectivos hacia el cumplimiento de sus objetivos. El primer balance, finalizado en 2023, evidenció las brechas entre los compromisos asumidos y las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática. Ahora, el nuevo proceso deberá mostrar qué se ha hecho para cerrar esas brechas y qué falta por transformar.
Para Prieto, después de treinta conferencias climáticas, es necesario preguntarse hasta qué punto estos espacios están logrando modificar las decisiones políticas y económicas que profundizan la crisis. Una sola cumbre no puede resolver todos los problemas, pero sí debe producir avances concretos, con responsabilidades, plazos, recursos y mecanismos de seguimiento.
También considera fundamental que la información sobre los compromisos y sus avances sea pública, comprensible y accesible para la ciudadanía. Las negociaciones climáticas suelen estar atravesadas por términos técnicos y procesos complejos, pero las comunidades y la sociedad civil necesitan saber qué se está decidiendo, qué se está cumpliendo y quién debe responder por los resultados.
La COP31 no resolverá por sí sola la crisis climática. Sin embargo, puede ser una oportunidad para acelerar la reducción de emisiones, poner en marcha mecanismos de transición energética justa, garantizar financiación para la adaptación y las pérdidas y daños, y fortalecer la participación e incidencia de quienes viven y protegen los territorios.
Como plantea Andrea Prieto, el éxito de esta cumbre no debería medirse por la cantidad de acuerdos o declaraciones, sino por su capacidad de acelerar cambios concretos. Porque enfrentar el cambio climático exige transformar los sistemas que lo producen, asumir responsabilidades y construir soluciones con quienes defienden la vida en los territorios.
