México, Colombia y Brasil representan más de la mitad de los ataques de 2021

México

Por tercer año consecutivo, Global Witness documentó un aumento en los ataques letales en México: 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021, casi la mitad de ellas indígenas. Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales. Alrededor de dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.

En los últimos diez años, el país se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período. La mayoría de los asesinatos (131) ocurrieron solo entre 2017 y 2021.

Las desapariciones forzadas son frecuentes: Global Witness registró 19 en 2021. Las llevan a cabo funcionarios estatales corruptos y grupos delictivos organizados, y tienen un efecto escalofriante en las familias y las comunidades.  En septiembre de 2021, las autoridades descubrieron seis conjuntos de restos humanos cerca del territorio Yaqui en el sur de Sonora, México, y se presume que se trataría de algunos de los diez hombres desparecidos en julio. Luego de múltiples desapariciones y asesinatos en la comunidad Yaqui el año pasado, los funcionarios declararon que creían que los responsables eran los cárteles de la droga. Sin embargo, algunas personas de la comunidad sospechan también del gobierno y las corporaciones interesadas en la tierra y los recursos Yaquis.

Los territorios indígenas son altamente vulnerables ante la prolífica cantidad de proyectos extractivos a gran escala promovidos por empresas nacionales y extranjeras, respaldados por el gobierno mexicano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la falta de consultas adecuadas con las comunidades potencialmente afectadas y los ataques posteriores a quienes se oponen a los proyectos emblemáticos. La Comisión ha advertido la criminalización y las campañas de desprestigio como amenazas perjudiciales contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en México.

La impunidad sigue siendo generalizada, más del 94 % de los delitos no se denuncian y solo se resuelve el 0,9 %.  La ambientalista mexicana Irma Galindo Barrios desapareció en octubre de 2021. Desde 2018, enfrentaba intimidaciones por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte por su defensa de los bosques. Esta defensa incluyó la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Si bien México ratificó el Acuerdo de Escazú en enero de 2021, el cual entró en vigencia en abril, existe poca capacidad o presupuesto estatal para apoyar a las personas defensoras, disminuyendo la probabilidad de que las personas y las comunidades obtengan acceso a la justicia y reparación.  El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha expresado su preocupación por la multiplicidad de factores que intervienen en este contexto de impunidad, entre ellos la falta de cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la investigación de delitos contra personas defensoras.

Colombia

El 2021 fue otro año dramático en Colombia, que continúa registrando una de las cifras más altas de asesinatos en el mundo. Al menos 33 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas allí el año pasado. El 2021 también marcó el quinto aniversario del Acuerdo de Paz, que puso fin a más de 50 años de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.  Las disputas por la tierra son una fuerza impulsora detrás de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. El acuerdo reconoce la necesidad de abordar asuntos como el desplazamiento forzado de la tierra, la tenencia desigual de la tierra y la sustitución de cultivos ilegales por cultivos legales alternativos. Sin embargo, hasta la fecha, la implementación del Acuerdo de Paz no ha sido suficiente: la paz sigue siendo una perspectiva lejana para muchos y muchas colombianas. Las consecuencias de la violencia actual las sienten particularmente los grupos más vulnerables, incluidos los pequeños agricultores y los pueblos indígenas.

Sandra Liliana Peña era la respetada gobernadora de una comunidad y territorio indígena Nasa en el departamento del Cauca, una de las zonas más sangrientas de Colombia. Se había opuesto abiertamente al crecimiento de cultivos ilegales y, como resultado, había sido objeto de múltiples amenazas. En abril de 2021, cuando se preparaba para viajar a la ciudad de Popayán para reunirse con funcionarios del gobierno local, cuatro hombres armados la obligaron a salir de su casa y la mataron a tiros.

Ángel Miro Cartagena era un pequeño agricultor con un gran sueño: quería ser parte de la transformación de la tierra en el Departamento de Antioquia. Estaba contribuyendo activamente a un programa de desarrollo destinado a producir café de alta calidad.  Las milicias locales están tratando de tomar el control de la tierra en esta zona a toda costa.  Desapareció en junio de 2021 y fue encontrado muerto en un río. Su cuerpo presentaba signos de tortura.

Brasil

Brasil registró un aumento en los ataques letales reportados con respecto al año anterior, poniendo de manifiesto las amenazas más amplias que enfrentan las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, particularmente bajo el gobierno del presidente Bolsonaro.

En enero de 2021, Fernando Araújo, trabajador rural sin tierra y defensor del derecho a la tierra del Movimento Sem Terra, fue asesinado en su casa de la Hacienda Santa Lúcia en Pau D’Arco, estado de Pará. Es una de las regiones más peligrosas para las personas defensoras de derechos humanos en Brasil. Fernando había sido testigo y sobreviviente de la mayor masacre de trabajadores rurales en Brasil desde 1996, la masacre de Pau D’Arco de 2017, que resultó en la muerte de diez trabajadores rurales a manos de la policía en la Hacienda Santa Lúcia. Fue un testigo clave en el caso penal sobre esta masacre. Hasta el momento, nadie ha sido acusado ni arrestado por el asesinato de Fernando.