- Las lluvias que han caído durante los últimos días en el departamento han provocado graves inundaciones. Además, el ELN decretó un paro armado que impide el libre tránsito de las personas y la llegada de ayudas humanitarias.
El domingo, cuando el sol se impuso sobre el caserío de El Salto en Bojayá, Chocó, sus habitantes vieron un inmenso lodazal que cubría todas sus casas. Las lluvias torrenciales que se han registrado en los últimos días, parte de una ola invernal que se demoró en llegar este año, han provocado emergencias en el 85% del Chocó y se calcula que hay más de 190 mil damnificados.
“Para solo mencionar un ejemplo, en la comunidad de Primavera hay casas que se las llevó el río y la Iglesia está a punto de irse aguas abajo. Todo esto ha empeorado la situación humanitaria y reducido la posibilidad que las comunidades tienen de autoabastecerse para subsistir mínimamente”, sostiene en un comunicado el Consejo Comunitario General del San Juan, ACADESAN.
Si bien las primeras alertas se presentaron desde el viernes 8 de noviembre en los municipios de Bojayá, Litoral de San Juan, Alto Baudó y Bahía Solano, para el lunes 11 la emergencia se había extendido a 27 de los 31 municipios del departamento, según declaró la Gobernadora chocoana, Nubia Carolina Córdoba.
Ante la situación, que también se vive en otros departamentos, el domingo 10 de noviembre el presidente Petro declaró el estado de emergencia en todo el país por la ola invernal.
Aun así, desde ACADESAN hacen un llamado al Gobierno Nacional para que “cumpla con la implementación de las 50 medidas de protección colectiva que se concertaron y aprobaron a finales de 2023 (…). En especial, reiteramos el llamado para que el Ministerio de Salud implemente las 5 medidas de protección colectiva con las cuales se comprometió, pues a la fecha no hay ningún avance”, explican.
También vale recordar que en la reciente COP16 se lanzó el ‘Fondo Multidonante para la conservación y la restauración del Chocó Biogeográfico y sus ecorregiones conexas’, en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Aunque todavía no se conocen los detalles técnicos del anunciado fondo, su propósito es movilizar recursos directos para la acción climática en la región, así como aportar y visibilizar los impactos positivos que históricamente han logrado las prácticas tradicionales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas para la conservación y el equilibrio ecosistémico.
Las inundaciones no son el único problema
A la tragedia generada por la temporada invernal se le sumó un paro armado decretado por la guerrilla del ELN el pasado 9 de noviembre en todo el sur oriente chocoano. Esta acción en contra de las 45 mil personas que habitan las cuencas de los ríos Cajón, Sipí y San Juan ha afectado a 85 comunidades afrocolombianas e indígenas.
Esta es la tercera vez en lo que va del 2024 que el Frente de Guerra Occidental que este grupo armado ilegal ejerce restricciones a la movilidad en contra de la población civil de este departamento. De acuerdo con la Gobernadora Córdoba en diálogo con Colombia+20, el paro armado se conjuga con la ola invernal y agrava la situación humanitaria de la población.
“El paro armado genera una superposición de las emergencias humanitarias e incrementa la violación al derecho internacional humanitario. No ha permitido una atención y respuesta oportuna de parte de la institucionalidad, lo cual es ya muy grave entendiendo las condiciones de ruralidad y dispersión en la que habitan nuestras comunidades”, dijo
A esta manifestación de rechazo se ha sumado tanto la Defensoría del Pueblo como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior, advirtiendo el absurdo y la indolencia de esta acción por parte del ELN.
Ante la situación, este actor armado anunció en un comunicado que levantaría el paro armado el 16 de noviembre. “A partir de las 6:00 am del día 16 de noviembre de 2024, damos por finalizado el paro armado en la subregión del San Juan. Alertamos a los habitantes que viven en las zonas de mayor alteración del orden público para que eviten los desplazamientos nocturnos”.
En un breve análisis de la emergencia hecho por el profesor e investigador en ambiente y gestión del riesgo y desastres, Gustavo Wilches Chaux, “el impacto de la crisis climática sobre los territorios es cada día más grave en la medida en que está entrelazado con los impactos del conflicto armado, lo cual es evidente en los territorios andinos, costeros, orinocenses y amazónicos de Colombia”.
Por eso, desde ACADESAN hacen un llamado a los actores legales e ilegales. “Insistimos en que nuestras comunidades anhelan vivir en paz y con el cumplimiento y garantía de todos sus derechos, por lo que urge un cese al fuego multilateral que involucre a todos los actores armados (legales e ilegales) presentes en el territorio”, piden.
Desde Ambiente y Sociedad nos solidarizamos con la tragedia que están viviendo en el Chocó, no sólo provocada por las lluvias, sino por actores armados. Esta situación pone de manifiesto la importancia de la garantía de todos los derechos a las comunidades que allí habitan, que no solo deben resistir al conflicto armado, sino también las consecuencias de eventos climáticos cada vez más agudos, provocados por el calentamiento global.
