Campesinos y campesinas, miembros del pueblo negro, investigadoras e investigadores y fotógrafos,se dieron cita en la Casa Kilele en Bogotá para el evento ‘Enraizando el territorio: del mar a la montaña’, organizado en los últimos días de octubre. Allí, se presentaron tres conversatorios que abordaron la relación entre la justicia agraria, los derechos territoriales y la defensa ambiental. El evento reunió a representantes del Gobierno Nacional y de entidades públicas, expresiones organizativas del campesinado y del pueblo negro y especialistas en reforma agraria y rural.
Jurisdicción agraria y protección ambiental
El evento comenzó con el lanzamiento de la investigación “Tierras y Naturaleza: los retos ambientales de la nueva jurisdicción agraria en Colombia”, realizada por Angie Durán, investigadora del área de Gobernanza Territorial de Ambiente y Sociedad y por el investigador de tierras y campesinado Edwin Novoa.
En este espacio, los expertos indicaron que las primeras adjudicaciones de baldíos se hicieron sobre bosques, vinculando desde el inicio los procesos de reforma agraria con el componente ambiental.
Durán explicó que los conflictos por el uso, tenencia y ocupación de la tierra constituyen una causa estructural del conflicto armado. Según su análisis, sin la existencia de la jurisdicción agraria, los campesinos acudían a la jurisdicción civil para resolver conflictos agrarios. En ella, no solo se enfrentan a diversas barreras sino que no está especializada en el régimen agrario ni resuelve los dilemas teniendo en cuenta un enfoque ambiental.
Edwin Novoa, por su parte, planteó la dificultad que representa la ausencia de un inventario de baldíos, a pesar de que se ordenó desde 1919. “Se tienen presuntos baldíos. Cruzando datos se pueden llegar a una inferencia, pero a ciencia cierta no”, afirmó.
Otro reto ha sido el carácter político de esta discusión, que ha intentado quitarle dientes a las capacidades de la reforma agraria. Por ejemplo, sobre la jurisdicción agraria, importantes referentes del ambientalismo han sugerido que tuviera competencia en todo el país, menos en la Amazonía, que es precisamente donde hay más conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y que tiene importantes zonas delimitadas dentro de la frontera agrícola.
José Luis Quiroga, viceministro (e) de desarrollo rural, señaló que la jurisdicción agraria está inmersa en tensiones. “La diferencia entre lo ambiental y lo agrario ha generado discusiones porque los sujetos afectados son los sujetos de especial protección constitucional”, indicó.
Quiroga cuestionó la percepción de que el campesinado daña el ambiente. “El campesinado sigue siendo visto como quien daña el ambiente, que depreda el ambiente, que es la antítesis de la protección de páramos”, dijo, señalando que esta visión persiste a pesar de que las prácticas de agricultura familiar y comunitaria tienen protección constitucional.
Andrea Silva, de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dijo que las tierras más productivas del país están acaparadas y concentradas, lo que ha provocado que los campesinos se desplacen a áreas de conservación ambiental. “Los temas de la tierra son temas de supervivencia, de cómo nos imaginamos la vida campesina, cómo las comunidades étnicas se piensan su territorio y cómo desarrollar un proyecto de vida”, afirmó.
Al cierre del primer panel, la directora de Ambiente y Sociedad, Margarita Flórez, señaló que hace 30 años la deforestación y los cultivos ilícitos ya eran un problema. “La agroecología era una cosa satanizada hace 30 años. La agroecología está siendo respetadísima en todas las partes del mundo”, afirmó, relacionando la urgencia de soluciones con el cambio climático que ahora genera inundaciones desde Colombia hasta Argentina.
Pueblos afrodescendientes y COP30
En la tarde y tras un ejercicio dehuerta liderado por el Núcleo 5 y Asojuntas de Cartagena del Chairá y una muestra gastronómica del pueblo negro, los asistentes asistieron al conversatorio sobre territorialidades y COP30. Allí, Absalón Suárez, del Proceso de Comunidades Negras (PCN), planteó que los principales instrumentos de acción climática no reconocen a los pueblos afrodescendientes. “No tenemos voz, no tenemos posibilidad de incidir en lo que pasa en estas negociaciones”, afirmó.
Suárez identificó cinco temas centrales en la agenda de negociación: lograr un acuerdo sobre afrodescendientes similar al de la COP16, financiamiento climático directo a los territorios, titulación de tierras, visibilización de los pueblos afrodescendientes amazónicos y participación de la mujer afrodescendiente en la conservación.
Por otro lado, Marco Sandoval, representante Asojuntas de Cartagena del Chairá, indicó que “le hemos exigido al gobierno nacional que el tema de la reforma rural integral se territorialice”. Además, planteó una pregunta: “¿Qué es importante: la técnica o una comunidad comprometida con el ambiente? La necesidad es combinar los dos elementos”.
En esto coincidió Suárez, quien propuso que el país ayude a actualizar y construir los planes de manejo ambiental que tienen los pueblos indígenas, afro y comunidades campesinas. “Eso necesitamos para tener una NDC que atienda los territorios”, afirmó.
Dagoberto Mondragón, de ACADESAN, señaló que “la ley 70 nos da pie para ser una autoridad territorial” y añadió que no existe una política clara del gobierno sobre el territorio, pero que quieren mayor participación de los consejos comunitarios en las decisiones gubernamentales.
De esta manera, Marco expuso la propuesta de Núcleos de Desarrollo Forestal y de Biodiversidad, particularmente el Cuemaní en Cartagena del Chairá. “Cómo convertir los núcleos de deforestación en núcleos activos de desarrollo”, planteó. Luego, explicó que aunque la Amazonía no debería tener vacas, esta es el renglón número 1 de la economía campesina y propuso que el campesinado pueda vivir de los recursos maderables y no maderables sin tumbar el bosque.
Sobre financiamiento climático, se planteó la necesidad de hacer seguimiento a los recursos y lograr que lleguen directamente a las comunidades. “Siempre tenemos muy altas expectativas y vamos a estos escenarios, y nunca pasa nada. Si dejamos el monitoreo a los mecanismos de financiamiento solo en escenarios internacionales será difícil generar un cambio real en la utilización de estos recursos.”, señaló la coordinadora de Alternativas al Desarrollo de Ambiente y Sociedad, María Paula González, quien también propuso conformar una red de monitoreo de financiamiento.
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El cierre del evento estuvo a cargo de las Guarichirimeras quienes, con su chirimía y rituales, concluyeron este espacio de reflexión y análisis sobre la centralidad que tiene el territorio en las vidas de las comunidades rurales. Agradecemos a todos los asistentes y participantes, quienes nos permitieron reunir distintas voces del país rural en un espacio de intercambio sobre los desafíos compartidos en torno a la tierra, el ambiente y los derechos.
En Ambiente y Sociedad trabajamos por generar este tipo de espacios y esperamos que sirvan para visibilizar experiencias locales de conservación y las propuestas de las comunidades para participar en las decisiones que afectan sus territorios, en un contexto en que avanza la discusión sobre la jurisdicción agraria y se prepara la actualización de los compromisos climáticos del país.
