Uno de los principales mecanismos para acceder a la información del Estado colombiano es el derecho de petición. Se trata de la facultad que tiene toda persona en Colombia para presentar solicitudes de información respetuosas ante las autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o de beneficio particular, y de obtener las respuestas. Al radicarse, el derecho de petición debe contener una justificación y una fundamentación jurídica, lo que es suficiente, en principio, para acceder a la información solicitada, aunque, en algunos casos definidos expresamente por la ley, las instituciones estatales pueden restringir su acceso (véase también el anexo de este documento). De esa manera, se garantizaría que, la información generada por las instituciones estatales, es realmente pública y se permitiría alcanzar el principio de transparencia y publicidad, pilar de la función y contratación estatal.
Sin embargo, la Corte Constitucional reveló que, de un total de 436.031 tutelas recibidas a noviembre de 2021, casi el 50 % se generó en la no garantía del derecho fundamental de petición y de acceso a la información (Acosta, 2022). Ese hecho muestra la sistematicidad en esa no garantía y la falta de transparencia en la que se encuentra actualmente Colombia. Dicha situación es la que se tiene en el país con respecto al derecho al acceso a la información.
En particular, escenarios como Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) reconocen la necesidad de fortalecer la transparencia en el sector extractivo dada su naturaleza históricamente técnica y cerrada (véase recuadro). Sin embargo, es poco lo que se ha logrado promover en relación con la transparencia del sector petrolero en Colombia. Eso hace necesario profundizar en la investigación sobre espacios de fortalecimiento normativo y práctico para elevar sus estándares de transparencia.
Dado que en la literatura colombiana sobre el acceso a la información en el sector petrolero identificamos esta ausencia, más allá de los estándares existentes como EITI, consideramos necesario avanzar en una revisión sobre las rutas de acceso a la información de interés y en la consolidación de herramientas para fortalecer el ejercicio democrático de la ciudadanía ante el sector en mención.
Por ese motivo, en este documento, ahondaremos en esta problemática. Lo haremos tomando como base la experiencia de la Asociación Ambiente y Sociedad (en adelante, Ambiente y Sociedad) en su búsqueda de información pública acerca de lo concerniente a los hidrocarburos en el país.
En primer lugar, se planteará la problemática actual de vulneración y violación del derecho de acceso a la información en Colombia en el sector petrolero; en segundo término, se analizará cuál es la información de interés que la ciudadanía puede encontrar en un contrato petrolero o que puede ayudarle a aproximarse de manera transparente a la actividad del sector en mención; luego, se mostrarán las rutas que existen para acceder a esta información y mostrarán sus problemas y barreras.
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