El Acuerdo Regional de Escazú sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es “el primer acuerdo en el mundo que vincula lo ambiental con los derechos humanos”, como lo señala la alianza colombiana conformada por la Asociación Ambiente y Sociedad, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, las clínicas jurídicas de las universidades de Medellín y los Andes, y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Colombia), entre otras organizaciones que promueven el ingreso del país a Escazú.
Escazú tiene por objeto garantizar el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano, hacer realidad el uso sostenible de los recursos naturales y enfrentar el cambio climático. Es un instrumento para prevenir conflictos; lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva; mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza. Busca contribuir a abordar los conflictos ambientales de manera pacífica y justa, y entrega herramientas para proteger los territorios y a las personas ante la crisis climática, las amenazas y la estigmatización. Apoya el reconocimiento y fortalecimiento de los líderes ambientales, en países donde una de las principales víctimas ha sido el ambiente.
La democracia ambiental es esencial en la gestión de países más equitativos donde quienes defienden el ambiente deben poder ejercer su labor con garantías institucionales.
El Principio Décimo de la Declaración de Río (1992), sobre el cual se construyó el Acuerdo de Escazú, dice: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información que sobre el medio ambiente dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. Esto parece como “mandado a hacer” para el momento histórico que vive Colombia.
Colombia, con 24 líderes ambientales asesinados en 2018 (Global Witness), fue el segundo país del mundo más peligroso para ejercer la defensa del ambiente. La situación particularmente grave por la que atraviesa Colombia hace que la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú tenga gran relevancia.
Hasta el momento, 21 países han firmado el Acuerdo. Entre ellos están Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Seis ya lo ratificaron y, para que entre en vigencia, se requiere que al menos 11 Estados lo ratifiquen. Desde septiembre de 2018, cuando el Acuerdo se abrió a firmas, Colombia no lo firmó y aún sigue en mora de hacerlo.
Dado el compromiso del que ha hablado del Gobierno de Colombia con los líderes sociales y ambientales, la pregunta es: ¿por qué Colombia no acogió el llamado para firmar el Acuerdo de Escazú durante la 74ª Asamblea de Naciones Unidas recientemente realizada en Nueva York? Como sociedad debemos presionar su firma y ratificación. Los países firmantes se reunirán en Costa Rica el próximo 11 y 12 de octubre, y Colombia será uno de los grandes ausentes.
