El 10 de junio, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la academia, las comunidades y la defensa ambiental, llevamos a cabo el Semillero de Clínicas Jurídicas: Derecho, Territorio y Defensa Ambiental en la Universidad Nacional de Antioquia. Este espacio formativo e interdisciplinario reunió a estudiantes de derecho y otras disciplinas sociales en una jornada de reflexión crítica y diálogo colaborativo.
El encuentro, realizado en Medellín, permitió explorar el papel del derecho en los conflictos socioambientales, enfocándose en los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana, la justicia ambiental y la defensa de los territorios frente a amenazas extractivas. También se compartieron elementos clave del Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe.
Reflexiones sobre el derecho como herramienta transformadora
Durante la jornada se abordaron conceptos fundamentales para el ejercicio del derecho con enfoque socioambiental: desde el litigio estratégico, hasta el pluralismo jurídico y la necesidad de una praxis comprometida con la justicia. Los estudiantes compartieron sus perspectivas y experiencias en defensa de comunidades, resaltando la importancia de “aprender haciendo” y de construir colectivamente herramientas jurídicas que respondan a los contextos y saberes locales.
Además, los y las participantes reflexionaron sobre el significado del derecho, identificándolo como una herramienta para generar cambios, construir argumentos para la toma de decisiones y abrir espacios de participación más allá de la esfera exclusivamente legal. Justamente pensando sobre cómo el derecho puede producir transformaciones, en el taller se analizó el caso de Falán (Tolima), donde el semillero de la Universidad de Antioquia, junto con otras organizaciones, apoyó a la comunidad campesina en su lucha por garantizar el derecho a un ambiente sano y prevenir profundos impactos ambientales y sociales. A través de una acción de tutela fundamentada en el derecho a la participación ambiental y el debido proceso, se logró suspender los 13 títulos mineros.
Este caso, que comparte elementos con otros conflictos socioambientales en Colombia, evidenció tanto las brechas existentes entre las normas y su aplicación en materia de derechos de acceso y defensa ambiental, como las duras realidades que enfrentan quienes defienden el ambiente: uno de los líderes comunitarios involucrados fue asesinado tras recibir amenazas en una audiencia pública, dejando en claro los riesgos persistentes en este tipo de luchas.
Conexiones con el Acuerdo de Escazú
Estas reflexiones abrieron la puerta a un análisis del Acuerdo de Escazú, abordado a través de dinámicas participativas. Se discutió cómo este tratado puede ser una guía para cerrar estas brechas, fortaleciendo la implementación de los derechos de acceso y la protección de quienes defienden el ambiente. Además, se resaltó el rol que los futuros profesionales del derecho y otras disciplinas pueden desempeñar para llevar estas garantías a los territorios.
Entre las oportunidades más significativas que ofrece el acuerdo, destacamos el enfoque incidente, abierto e inclusivo sobre la participación ciudadana. Este acercamiento permite que los procesos de toma de decisiones sean efectivos y eficaces, al fomentar la construcción de consensos razonados en los que sea segura que las observaciones del público sean debidamente consideradas durante todo el proceso; además promueve la incorporación del conocimiento local como un insumo central, complementando el conocimiento técnico experto.
En la dimensión de acceso a la información, el tratado refuerza la importancia de que esta sea entregada de manera oportuna, accesible y comprensible, permitiendo que las comunidades se preparen adecuadamente para participar en las discusiones. Asimismo, incluye disposiciones específicas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando asistencia para formular peticiones, la divulgación de información en diversos idiomas y formatos alternativos, y su difusión a través de canales de comunicación adecuados.
Finalmente, en cuanto a la protección y prevención de riesgos para líderes y lideresas ambientales, se destacó cómo Escazú incorpora la definición de defensor ambiental, un paso esencial para visibilizar su labor y otorgar medidas adecuadas. Estas medidas, que tienen que ser coordinadas con el Proceso Nacional de Garantías y el Plan de Acción, deben atender a un enfoque de género y territorial.
Este encuentro —desarrollado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá— se enmarca en los esfuerzos de Ambiente y Sociedad por fortalecer capacidades en jóvenes profesionales comprometidos con la justicia ambiental, e impulsar una mirada crítica y transformadora del derecho como herramienta al servicio de la vida, la dignidad y la defensa de los derechos colectivos.
