Por cuarto año consecutivo, Colombia es el país más violento para ejercer la defensa ambiental, de acuerdo con el más reciente reporte de Global Witness. De las 124 personas defensoras del ambiente que fueron asesinadas en 2025, 39 eran colombianas. El país es responsable de una tercera parte de esta violencia contra quienes buscan defender sus riquezas naturales.
De acuerdo con Global Witness, esta violencia impacta de manera desproporcionada a personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, quienes son el 75% de las víctimas totales en el mundo.
Una triste paradoja
Aunque se puede pensar que el país ha descuidado la financiación a la protección de personas, lo cierto es que Colombia enfrenta una paradoja dolorosa: si bien entre 2021 y 2024 el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección creció en 124%, el 2025 fue uno de los más violentos para líderes ambientales. “Esto confirma que el problema no es solo de recursos, sino de atender las causas estructurales de la violencia”, sostiene Karol Sanabria, investigadora de Alternativas al Desarrollo de Ambiente y Sociedad.
En esta línea, la Sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la situación de personas defensoras. Allí, la Corte identificó cuatro factores estructurales que agravan la violencia y la impunidad contra líderes y comunidades en el país:
- Disputa territorial y economías ilícitas: Intensificación del control de grupos armados e ilegales sobre el narcotráfico y la minería ilegal tras el Acuerdo de Paz.
- Violencia contra defensores ambientales: Riesgo extremo para quienes rechazan megaproyectos minero-energéticos o promueven la sustitución de cultivos (PNIS).
- Estigmatización y desprotección estatal: Persistencia de discursos de odio y señalamientos, incluso desde funcionarios públicos, en zonas con débil presencia institucional.
- Fallas institucionales e impunidad: Deficiencias en las respuestas de la Fiscalía (que computa imputaciones u órdenes de captura sin llegar a sentencias condenatorias firmes) y en la Unidad Nacional de Protección (UNP), por la falta de enfoques diferenciales, territoriales y colectivos.
Frente a este panorama, si bien las medidas judiciales directas, como la identificación y judicialización de los autores materiales, son necesarias, el Estado colombiano debe concentrarse en romper el ciclo de impunidad investigando a las redes de financiamiento y a los actores que se benefician de estos delitos. Aunque este desafío es complejo, el país cuenta con una herramienta clave en el Acuerdo de Escazú, siempre que se garantice su implementación plena.
Un centenar de instrumentos para la protección de personas defensoras
En Colombia, el problema central no es la ausencia de normas, sino su aplicabilidad y efectividad en los territorios. Aunque el país cuenta con más de 100 instrumentos asociados a la prevención y protección de defensores de derechos humanos, este entramado ha resultado ineficaz debido a la falta de un enfoque diferenciado para la defensa ambiental, la asimetría presupuestal y los altos niveles de impunidad.
Tal como sostiene Sanabria, Colombia dispone de un marco normativo robusto, pero ha carecido históricamente de articulación territorial, continuidad institucional y aplicabilidad real. Estos son retos que el Acuerdo de Escazú busca resolver mediante garantías mínimas de seguridad humana.
Instrumentos como el Acuerdo de Escazú (único en el mundo por establecer obligaciones específicas de protección y prevención para defensores ambientales) son claves para frenar, esclarecer y proteger a las personas defensoras de estos tipos de violencia. Sin embargo, hasta ahora su implementación ha sido irregular en todo el país, con avances claros en algunas regiones, pero pocos en otras.
Esta dispersión se explica porque, hasta ahora, el país no contaba con una gobernanza ni una hoja de ruta que unificase criterios de actuación entre entidades. Afortunadamente, avances recientes se encaminan a resolver estos vacíos.
Mantener lo avanzado
En 2026 se dieron tres avances estructurales que rompen con esta inercia: la Política Pública Integral de Garantías (Decreto 1028 de 2026), el Decreto 0968 de 2026 que crea la Comisión Intersectorial de gobernanza del Acuerdo de Escazú, y la Hoja de Ruta para su implementación.
“La Hoja de Ruta es especialmente importante porque identifica vacíos que la normativa ambiental del país no cubría. Entre ellos destaca la articulación de entidades como los ministerios de Ambiente, Interior y Justicia, la cual quedó plasmada en su diseño para evitar que se diluya con el tiempo o con los cambios de gobierno. Esta herramienta y su articulación con la política pública de garantías recogen una recomendación explícita que formulamos desde Ambiente y Sociedad”.
Estos avances también abren la puerta a la prevención del SLAPP (litigios abusivos o estigmatizantes contra defensores), pues define acciones específicas y articuladas entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia para identificar, prevenir y atender estas prácticas.
Además, permiten el enlace entre instrumentos regionales y nacionales; permite la generación de una Guía de transversalización del enfoque de género en la protección a defensoras; y posibilita la articulación intersectorial entre, por ejemplo, los ministerios del Interior y de Justicia y del Ministerio de Ambiente, para lograr una respuesta articulada.
Sin embargo, estos instrumentos son aún demasiado recientes para mostrar resultados medibles: su valor depende por completo de que se sostengan, se apliquen y no se interrumpan en el tiempo.
Por eso, desde Ambiente y Sociedad llamamos a poner en articulación, vigencia, aplicabilidad y operatividad los avances logrados en 2026: la Política Pública de Garantías, la Comisión Intersectorial y su Hoja de Ruta”, afirma Sanabria.
Solo con un enfoque que atienda los territorios, escuche las voces de sus defensores y robustezca la respuesta del Estado, Colombia podrá dejar atrás la violencia contra las personas que mantienen vivos sus ríos, pobladas sus montañas, fértiles sus suelos y viva su naturaleza.
