Indígenas le ganan pleito jurídico a petrolera en Putumayo

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de comunidad indígena en Putumayo. Foto: Pixabay De: Semana sostenible

Fuente: Semana Sostenible 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en favor de la comunidad Siona del Resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, en Puerto Asís, y ordenó suspender la exploración sísmica que realizaba la petrolera Amerisur.

Una batalla jurídica ganaron los indígenas Siona que habitan en zona rural del municipio de Puerto Asís, en Putumayo, tras  interponer una acción judicial por considerar que se les estaban vulnerando el derecho a la vida y a la consulta previa. 

Mediante la sentencia SC3-1908-2102, del 22 de agosto de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en favor de los aborígenes al reconocer que se les estaban violando derechos fundamentales, a raíz del actuar de diversas instituciones del Estado y multinacionales con fines de explotación de hidrocarburos en su territorio ancestral. La sentencia ordena suspender la exploración sísmica que venía realizando Amerisur Exploración Colombia Limitada.

Entre sus reclamaciones, los indígenas de la comunidad Siona del Resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco del territorio Zio Bain, argumentaron que la mencionada petrolera no podía iniciar trabajos de sísmica, pues estaba invadiendo sus territorios ancestrales, los cuales fueron delimitados mediante la Resolución 059 del 29 de septiembre de 1992, expedida por el Incora, en su momento.

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En la misma, se establecieron de forma escrita los linderos del resguardo de la siguiente forma: “del punto #2 se sigue aguas abajo por la quebrada Piñuña Negro, recorriendo una longitud aproximada de 3.340 metros hallando el punto #3 en la desembocadura de la quebrada Nury”. Sin embargo, lo que quedó escrito en palabras no fue lo mismo que plasmaron en el mapa, generando lugar a dudas y problemas de posesión de la tierra.

Esto llevó, según Camila Castro Bello, abogada de la organización Ambiente y Sociedad, quien asesoró en el proceso a la comunidad indígena, a que entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ATN) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), no hayan reconocido cartográficamente los límites reales del resguardo indígena.

El hecho de que se haya elaborado un mapa alejado de la realidad, dejaba a esta comunidad por fuera una gran parte de su territorio reconocido legalmente. Esto dio lugar a que la petrolera iniciara labores de exploración, a pesar de no llegar a ningún acuerdo con la comunidad, cuyos representantes siempre defendieron lo que estaba escrito en la resolución, mientras la empresa se apegaba a lo que evidenciaba el mapa.

 

Además de la suspensión de las actividades de sísmica, el Tribunal ordenó establecer una mesa de negociación con las autoridades tradicionales indígenas, de la cual las entidades del Estado deben ser garantes. 

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De la misma forma, el fallo, que ya queda en firme, le da un plazo de tres meses a la Agencia Nacional de Tierras para que grafique lo que está escrito en la Resolución 059, con el fin de que el mapa quede ajustado al texto y de esta forma evitar las ambigüedades que han dado lugar a estos inconvenientes.

“Como autoridades indígenas daremos seguimiento para que las entidades en mención acaten el fallo del Juez de la República, realicen la debida actualización cartográfica, desinstalen el Sismigel de nuestro territorio, pero sobretodo, se nos respete el derecho a la consulta previa libre e informada”, dijeron los indígenas a través de una comunicación.

Mediante la misma, instaron al Ministerio del Interior, particularmente a la dirección de consulta previa, a realizar el debido seguimiento para la implementación de los acuerdos.

Adicionalmente, llamaron la atención tanto del Estado colombiano, como de las organizaciones internacionales, al considerar que su comunidad está en riesgo de exterminio físico y cultural, para que no permitirán que los condenen a la extinción y, por ello, continuarán recurriendo a las acciones que sean necesarias para proteger y salvaguardar lo que por ley les pertenece, como es el caso de su territorio ancestral.

El proceso jurídico de protección territorial interpuesto por los indígenas fue apoyado por la Asociación Ambiente y Sociedad y la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, los cuales se convirtieron en aliados estratégicos que les permitieron demostrar la controversia territorial y la vulneración de derechos.