Del 10 al 21 de noviembre de 2025 se celebró la trigésima Conferencia de las Partes de la CMNUCC. La COP30, llamada a reforzar la acción global para mantener el calentamiento por debajo de 1.5°C, debía impulsar NDCs ambiciosas y justas, y compromisos financieros reales que permitieran dejar atrás los combustibles fósiles y garantizar que pueblos y comunidades accedan directamente a recursos para la transición energética y la defensa de la vida en los territorios.
El gobierno colombiano llevó a la COP30 prioridades clave: articular clima y biodiversidad, avanzar hacia una transición energética que supere el modelo fósil —en especial en la Amazonía—, reformar el sistema financiero internacional y territorializar la acción climática. Sin embargo, estas apuestas solo serán transformadoras en la medida en que reconozcan plenamente a quienes han sostenido históricamente los territorios: las comunidades campesinas.
Desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos procesos campesinos y desde las organizaciones campesinas que participamos en la COP30, nos encontramos en un espacio de discusión sobre los derechos territoriales del campesinado para la acción climática e insistimos en visibilizar que el campesinado es un actor político y ambiental indispensable para enfrentar la crisis climática. Es necesario que reconozcan la doble función del campesinado: Producir alimentos cuidando la naturaleza viva, en una relación ineludible, de dependencia absoluta y existencia mutua. Sus prácticas, sus sistemas productivos y su relación con la tierra son vitales para la adaptación, la mitigación y la protección de la biodiversidad. Por eso, sus derechos territoriales y ambientales deben ser garantizados sin dilaciones.
Reflexionando sobre la voz campesina en estos escenarios de política internacional, retomamos la Declaración del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, en la que se señala la necesidad de que la acción climática se desarrolle en consonancia con los derechos humanos. Además, insta a la necesidad de promover el financiamiento a soluciones lideradas por el campesinado, fortalecer la cooperación para compartir y construir junto a las comunidades conocimientos científicos y tecnológicos para la adaptación, proteger la tierra y el agua desde la garantía de los derechos territoriales y la gobernanza comunitaria, y planificar, en articulación con las estructuras campesinas, rutas hacia una transición justa.
A nivel nacional, destacamos los avances del Estado colombiano en el reconocimiento constitucional del campesinado y en la armonización de los derechos de la naturaleza y los derechos campesinos. Saludamos el diálogo abierto por las ministras de Ambiente y de Agricultura durante la COP, quienes expresaron su disposición a reconocer el papel protagónico del campesinado en la acción climática.
Pero hoy hacemos un llamado urgente y firme al Estado colombiano: Colombia tiene la oportunidad histórica de liderar en el escenario internacional el reconocimiento del campesinado como actor central de la política climática global. Haber adoptado integralmente la UNDROP y haber posicionado la agricultura y los sistemas agroalimentarios como pilares para la justicia climática confiere una responsabilidad política que no puede quedar en el discurso.
A pesar de esta oportunidad, vimos con profunda preocupación la ausencia de espacios para escuchar al campesinado dentro de la COP30 y la limitada participación de organizaciones campesinas. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de participación, garantizar condiciones adecuadas para su representación y consolidar políticas públicas que reconozcan sus aportes a la mitigación, adaptación, soberanía alimentaria y resiliencia territorial.
Esta exclusión no sólo contradice la realidad: invisibiliza a quienes contribuyen diariamente a las NDC, a la conservación y a la soberanía alimentaria del país. Y evidencia, además, la situación dramática que enfrenta el campesinado en zonas de importancia ambiental, donde persisten la estigmatización, la vulneración de derechos y el avance de dinámicas que amenazan sus modos de vida.
Hoy reiteramos que sin campesinado no hay transición justa, no hay defensa de la biodiversidad, no hay soberanía alimentaria y, sobre todo, no hay acción climática posible. El Estado colombiano debe garantizar su participación plena, su voz y su liderazgo en la política climática internacional.
Suscriben:
Ascatui Asociación Campesina de Trabajadores de los Ríos Unilla e Itilla
CEALDES Centro de Alternativas al Desarrollo
Ambiente y Sociedad
Agua Campesina
ACIT Asociación Campesina de Inza Tierra adentro
CAJAR Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo
