Este evento fue una oportunidad para la construcción de diálogos interculturales por el cuidado de los territorios de la naturaleza y la soberanía de los pueblos.
Por: Karol Sanabria, Santiago Rengifo y Tomás Tello
La décima edición del Foro Global de la Tierra se realiza en Colombia del 14 al 19 de junio de 2025. Este Foro es el evento internacional sobre derechos a la tierra y el territorio más grande del mundo, como lo demuestran los más de 1.000 delegados de 90 países que se dieron cita en Bogotá.
Este evento está organizado por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC-LAC), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP) y la Unión Europea. Entre otros participantes, el evento convoca a organizaciones de base, no gubernamentales, instituciones académicas, entidades gubernamentales y organismos multilaterales.
Por supuesto, Ambiente y Sociedad respondió a este llamado conformando el comité organizador de Colombia como país anfitrión y contribuyó e impulsó la agenda política del Foro Global por la Tierra.
En este proceso organizativo, Ambiente y Sociedad lideró, junto con ILC-LAC, una sesión paralela sobre defensores y defensoras de la tierra y el ambiente el día 17 de junio. Esta actividad tuvo un profundo vínculo temático y político con el espacio conmemorativo del tercer día del Foro, al centrar su metodología en el reconocimiento colectivo de los riesgos en su dimensión individual y colectiva, las estrategias de protección, las redes de apoyo y los saberes que sostienen la defensa del ambiente.
¿Qué ocurrió durante esta sesión?
Durante esa jornada, la memoria y la resistencia se entrelazaron para rendir homenaje a quienes han dado su vida por proteger los territorios. En coherencia con este propósito, la sesión paralela ofreció un espacio participativo que permitió reconocer y visibilizar diversas estrategias colectivas para la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente.
Esta actividad sirvió como antesala de un panel en el que se destacó el rol del Acuerdo de Escazú y se subrayó la urgencia de garantizar entornos seguros y propicios. Asimismo, se hizo un llamado a revisar las estrategias de los Estados que aún no son parte del Acuerdo —como Perú y Guatemala—, especialmente en lo relativo a la garantía y el respeto de sus legislaciones nacionales en relación a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, y de sus obligaciones en el marco del sistema interamericano de derechos humanos. En este sentido, la sentencia Baraona vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un referente clave, al citar expresamente el Acuerdo de Escazú y destacar la importancia de adoptar medidas específicas para el reconocimiento y la protección de defensoras y defensores ambientales.
El riesgo de defender el ambiente
En 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo. Desde que Global Witness comenzó a documentar estos crímenes en 2012, más de 2.000 personas han perdido la vida por proteger sus territorios. Solo desde la adopción del Acuerdo de París en 2015, más de 1.500 defensores y defensoras han sido asesinados.
A pesar de estas cifras alarmantes, la mayoría de los gobiernos no investiga ni aborda las causas estructurales de esta violencia. Colombia, tristemente, continúa encabezando esta lista, con 79 asesinatos solo en 2023 y más de 460 desde 2012. Esto evidencia que la crisis no es únicamente nacional, sino también regional y global. Así se reflejó en el Foro, donde se reafirmó que la defensa del territorio es un asunto planetario que exige respuestas colectivas y articuladas.
Tal como lo expresó Tatiana Roa, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el país se encuentra en una encrucijada histórica: una nación megadiversa y rica en recursos del subsuelo, cuya historia ha estado marcada por el despojo y la violencia.
Por ello, es necesario avanzar hacia planes articulados y coherentes, que definan con claridad los objetivos, competencias y procedimientos necesarios para que los líderes y lideresas puedan reclamar la protección de los derechos humanos en contextos seguros y propicios.
Reforma Rural Integral y Colombia
Además, este Foro fue una oportunidad para que, por medio del diálogo entre distintas instancias y el intercambio de experiencias y conocimientos, los países logren avanzar en políticas de gobernanza territorial inclusivas y que se guíen y respeten los derechos de acceso a la tierra de comunidades afrodescendientes, campesinas y pueblos indígenas.
Este objetivo requirió de un proceso previo al evento principal al Foro. Así, días antes del evento, se realizaron 7 visitas de campo a procesos que visibilizan la importancia del trabajo de las comunidades rurales por la defensa y cuidado de sus territorios. Estas visitas tuvieron la dispersión necesaria para amplificar las voces de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, desde la Sierra Nevada de Santa Marta -el “corazón del mundo”- con los pueblos Arhuacos, hasta el piedemonte amazónico en el departamento de Caquetá. De estos encuentros, resaltamos los procesos de la población en estado de reincorporación que apuesta a una paz con la naturaleza, pese a las dificultades.
Estas visitas y espacios lograron resaltar la importancia de las propuestas locales y desde la autonomía de los pueblos por la defensa de la tierra y ofrecieron un escenario significativo de diálogos desde sus propios sentires y relatos.
Precisamente, estas aspiraciones quedaron consignadas en el documento de Hoja de Ruta Política sobre el foro, un documento construido entre 2024 y 2025 con el objetivo de guíar las conversaciones entre el Estado, las distintas organizaciones, entidades y voces de las comunidades rurales para alcanzar compromisos frente a la Reforma Rural y los derechos sobre la tierra.
En este sentido, las organizaciones que participamos en la creación de esta Hoja de Ruta, como Ambiente y Sociedad, le exigimos al Estado colombiano asumir compromisos frente a los derechos de acceso a la tierra. Esto, teniendo en cuenta que Colombia es el país de Latinoamérica con mayor concentración de la tierra con el 47% de la propiedad rural privada en manos del 1% de los grandes terratenientes.
Los esfuerzos por lograr una Reforma Agraria no han producido cambios significativos y, según reconoce el propio gobierno, los avances han sido más lentos de lo que esperaban. Frente a esto, desde Ambiente y Sociedad hemos visto cómo las comunidades rurales, como defensores territoriales y ambientales, han sido la primera línea de resistencia y de lucha contra las presiones corporativas, extractivistas y estatales, sobre la tierra y sus recursos naturales.
Creemos necesario fortalecer el respeto a los derechos colectivos y construir alternativas con la participación activa de los pueblos, reconociendo que la defensa de la tierra es, ante todo, la defensa de la vida.
