Por: Santiago Rengifo, investigador de Ordenamiento Territorial de Ambiente y Sociedad.
El avance de la deforestación en el piedemonte amazónico es uno de los conflictos socioambientales con mayor impacto en las comunidades locales, al provocar la pérdida de sus medios de vida y la disputa por el acceso a la tierra y recursos en sus territorios. La complejidad de este problema se mantiene a lo largo del tiempo y responde a múltiples factores, entre ellos el recrudecimiento del conflicto armado, la expansión de la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, los incendios forestales y la construcción de infraestructura sin permisos.
Para enfrentar esta conflictividad, el actual gobierno ha presentado un conjunto de acciones orientadas a reducir las cifras de deforestación en la Amazonía. Según la actualización de cifras de monitoreo de la superficie del bosque 2024 del IDEAM-MADS, entre las principales medidas implementadas se encuentran la aplicación de sanciones más estrictas contra quienes realizan actividades ilegales de deforestación, el despliegue de operativos militares y policiales para reforzar la vigilancia y el control territorial, y el apoyo a proyectos productivos sostenibles dirigidos a las comunidades locales de la Amazonía.
Estas medidas contribuyeron a una reducción del 38 % en la deforestación de la Amazonía entre 2022 y 2023. No obstante, en 2024 se registró un repunte del 43 % en la deforestación a nivel nacional, alcanzando las 113.608 hectáreas, de las cuales aproximadamente 77.124 se concentraron en la región amazónica, con un 68 % del total. Este aumento afectó principalmente a los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, donde persisten múltiples presiones sobre el bosque, como la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, los incendios forestales y el recrudecimiento del conflicto armado.
En este contexto, Cartagena del Chairá, ubicado en el departamento de Caquetá, destaca no solo por ser uno de los municipios más extensos de la Amazonía colombiana, sino también por haberse convertido en uno de los principales focos de deforestación del país durante la última década. De acuerdo con cifras recientes,Cartagena del Chairá fue catalogado como el municipio con mayor superficie deforestada del país, con un total de 10.375 hectáreas. Esta situación refleja la gravedad del avance de la pérdida de selva en el piedemonte amazónico, región que, según las cifras del gobierno, presentó un incremento del 43 % en la deforestación entre 2023 y 2024. La deforestación en Colombia aumentó un 43% entre 2023 y 2024 .
Frente a este panorama, este documento profundiza en las propuestas y acciones impulsadas por la sociedad civil, que desde sus capacidades y niveles de organización ha desarrollado iniciativas productivas sostenibles, mecanismos de monitoreo comunitario y esquemas de gobernanza territorial. Estas acciones han demostrado ser complementarias y fundamentales para contener la deforestación, y muestran un camino promisorio hacia modelos económicos más sostenibles y arraigados en las realidades locales de la Amazonía.
Para enfrentar esta conflictividad, el actual gobierno ha presentado un conjunto de acciones para reducir las cifras de deforestación en el piedemonte amazónico. Para atenderlo, se han desplegado diversas acciones que van desde sanciones a quienes deforestan, intervención militar, modelos que incluyen incentivos económicos. A la par, la sociedad civil, que ha apostado desde sus capacidades y alcances ha realizado desde su propia autogestión alternativas productivas para transitar hacía modelos económicos más sostenibles.
Problemática en Cartagena del Chairá
En 2024, la deforestación en la Amazonía colombiana volvió a incrementarse. El departamento de Caquetá registró una pérdida de 22.837 hectáreas, consolidándose como el segundo con mayor superficie deforestada del país. Cartagena del Chairá reportó el 45 % del total del departamento. Estas cifras evidencian que las respuestas dadas por el Estado no han logrado atender las causas reales de la conflictividad socio ambiental ni han perdurado en el tiempo como soluciones efectivas.
Si bien es importante reconocer los avances en marcos legales y las iniciativas de transición productiva impulsadas desde el Estado para enfrentar la deforestación, estas acciones han resultado insuficientes frente a la complejidad del problema. Las sanciones aplicadas como multas elevadas, decomisos, destrucción de cultivos o judicializaciones por ocupación de tierras y delitos ambientales recaen desproporcionadamente sobre familias campesinas en situación de alta vulnerabilidad. En muchos casos, estas medidas se imponen sin ofrecer alternativas viables que les permitan permanecer en sus territorios, y terminan siendo costosas en términos logísticos y presupuestales, sin lograr resultados duraderos ni efectivos en términos ambientales ni sociales.
Como respuesta a esta situación, el campesinado de Cartagena del Chairá ha venido organizándose desde 2021 para denunciar la criminalización injusta de quienes buscan proteger el bosque. A través de movilizaciones pacíficas, lograron la creación de la Mesa Municipal de Concertación Campesina Agroambiental por el Derecho a la Tierra, espacio desde el cual, se construyó una agenda para exigir soluciones estructurales: la revisión de la política de captura como mecanismo principal frente a la deforestación, la participación en procesos de zonificación ambiental y el reconocimiento de los derechos territoriales del campesinado, como respuestas reales frente a las causas de fondo de la deforestación en el territorio.
En este contexto, las causas estructurales de la deforestación identificadas por el propio Estado persisten sin contención efectiva. Entre estas se destacan el acaparamiento de tierras, la expansión de la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y, de manera creciente, el recrudecimiento del conflicto armado. Este último ha intensificado el control de actores armados ilegales sobre zonas estratégicas, facilitando la consolidación de economías ilícitas, la apropiación violenta de tierras y el deterioro del tejido comunitario.
Estas dinámicas han agravado la informalidad en la tenencia de la tierra y han impulsado la expansión continua de la frontera agrícola. En territorios como Cartagena del Chairá, la presión sobre los bosques se ha profundizado debido a la presencia activa de grupos armados que regulan el uso del suelo, imponen restricciones de movilidad, promueven la ganadería ilegal y protegen la construcción de infraestructura no autorizada. Este control territorial impide no solo la acción del Estado, sino también la implementación efectiva de políticas públicas para la conservación ambiental y el fortalecimiento de los derechos del campesinado.
Lejos de consolidarse una reducción sostenida en las tasas de deforestación, el panorama actual muestra una profundización de los riesgos sociales, económicos y ecológicos, con impactos directos sobre las comunidades locales y los ecosistemas amazónicos.
Acciones comunitarias para enfrentar la deforestación
Como apuesta por frenar los focos de deforestación y dar respuesta a los conflictos socioambientales en el territorio. La Asociación Ambiente y Sociedad y ASOJUNTAS de Cartagena del Chairá, han retomado desde inicios de 2024 las líneas de la Mesa de Concertación Agroambiental. Dicha agenda contempló tres líneas de trabajo: i) Acceso y derecho a la tierra ii) Respeto a los DDHH iii) Generación de alternativas de reconversión productiva que tengan en cuenta la economía campesina.
Desde el Núcleo 5 de Cartagena del Chairá, estructura comunal organizada, resultado de las iniciativas autónomas de las comunidades campesinas que representan las Juntas de Acción Comunal, se ha realizado acompañamiento a la reconversión productiva y generación de alternativas económicas (Ver Figura 1).
A través del proyecto Soluciones Apropiadas, se ha impulsado a 33 familias y su propuesta comunitaria enfocada en acciones culturalmente apropiadas para el territorio, por medio de subsistemas productivos de semillas locales como caña regional caqueteña, plátano, yuca y la implementación de sistemas de producción agroforestal que combina la producción de pasto con las especies forestales del territorio.
Figura 1. Organización núcleos comunales Cartagena del Chairá.
Esta apuesta comunitaria se ha materializado en la propuesta de una finca modelo replicable para los predios de las 33 familias y una granja integral sostenible de construcción colectiva. La tecnificación de estas acciones y el fortalecimiento del tejido organizativo y productivo de las familias, ha permitido posicionar dos iniciativas que han logrado fortalecer la economía campesina, proteger el bosque y acciones que contribuyan al reconocimiento del campesinado como defensores de la naturaleza.
“Ganarle espacio al pasto”, como primera iniciativa autogestionada por la comunidad, ha logrado frenar la expansión ganadera como principal motor de deforestación en el Núcleo 5 de Cartagena del Chairá y posicionar un modelo en el que es posible la convivencia de la ganadería con el bosque amazónico. Como segunda iniciativa, la granja integral ha permitido el intercambio vecinal de semillas locales y la generación de bioinsumos que reduzcan el gasto para el mantenimiento de los cultivos de subsistencia de las familias, logrando reducir las afectaciones a la naturaleza por el uso indiscriminado de productos químicos para la expansión agrícola.
Estas iniciativas han permitido fortalecer un sistema con enfoque comunitario y sostenible, aportando capacidades técnicas e insumos con bajo impacto ambiental, que con el tiempo se espera contribuyan a promover la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias.
Resultados del proyecto
A pesar del contexto adverso marcado por el recrudecimiento del conflicto armado en zonas rurales de Caquetá, las acciones comunitarias lideradas por el campesinado organizado de Cartagena del Chairá han logrado mantenerse y fortalecerse. La estructura comunal del Núcleo 5, junto con organizaciones como ASOJUNTAS, ha demostrado que la autogestión territorial, el conocimiento profundo del entorno y el arraigo a la tierra pueden sostener iniciativas ambientales aún en medio de la presión de actores armados y dinámicas de violencia.
Lejos de detener las actividades del proyecto, estas comunidades han resistido a las imposiciones y controles territoriales y han posicionado propuestas propias que articulan la defensa del bosque con el fortalecimiento de la economía campesina.
Esta continuidad ha sido posible gracias a la legitimidad social que tienen sus formas organizativas, al desarrollo de estrategias colectivas de seguridad comunitaria y a la capacidad de generar soluciones adaptadas al territorio. Así, las experiencias del campesinado chairense reafirman que la construcción de propuestas ambientales sólo serán posibles si se parte del reconocimiento del campesinado como actor político clave en la gobernanza territorial y en la lucha contra la deforestación.
Como resultados ambientales, el proyecto ha logrado mantener durante 18 meses similitudes en la cobertura boscosa en los predios de las 33 familias que participan en el proyecto. El área total de los predios es de 1431.5 hectáreas, con un área de bosque que se ha mantenido en pie de 301.5 hectáreas. El mantenimiento de la cobertura del bosque y cuidado territorial, han sido posibles por el compromiso de la comunidad a través del fortalecimiento de las iniciativas que han aportado alternativas económicas, la reducción de costos para la transformación de productos y nuevos canales de comercialización locales que proveen a las familias del proyecto de recursos permanentes.
Hasta el momento se han impulsado: i) 28 modelos silvopastoriles ii) 10 subsistemas de avicultura y 6 piscicultura iii) 11 policultivos.
Conclusiones
Para que se consolide una tendencia de disminución de las cifras de deforestación y sean transformadas sus causas y agentes, es necesario incorporar en la agenda pública los modelos de gobernanza ambientales del campesinado y que este sujeto sea incluido de forma efectiva en los espacios de toma de decisión territoriales.
Como se visibilizó en este documento, las iniciativas desde las organizaciones campesinas que cuentan con reconocimiento y acompañamiento en la generación de capacidades técnicas para el fortalecimiento de sus modelos productivos, logran contrarrestar localmente las causas de la deforestación. Sin embargo, para que estas acciones sean replicables y tengan una mayor escalabilidad, es necesario el reconocimiento por parte de la institucionalidad pública al campesinado como actor fundamental para el cuidado de la naturaleza y de la interlocución para propiciar soluciones a mediano y largo plazo.
Desde la Asociación Ambiente y Sociedad, señalamos la necesidad de continuar el proceso de ajuste e integración de las iniciativas comunitarias en beneficio mismo del territorio desde los saberes, sentires y aspiraciones del campesinado que lo habita. Este proceso deberá conducir a dinámicas de arraigo y permanencia, como garantías para el cuidado del territorio y la conservación de la naturaleza
