En el marco de las reuniones anuales del FMI y del BM 2014, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), entre ellas Ambiente y Sociedad, aprovecharán los espacios de dialogo para expresar su rechazo ante debilitamiento de las salvaguardias socioambientales.
Cuando en 2012 el Banco Mundial decidió someter a revisión las políticas de salvaguardias sociales y ambientales al proceso se vincularon cientos de organizaciones de las sociedad civil para sugerir cambios que las hicieran más fuertes, ya que en muchos de los proyectos que han tenido financiación del banco esos límites han servido por casi dos décadas a elevar los incipientes estándares ambientales y sociales de los países prestatarios.
El proceso de revisión produjo un documento denominado “flexible” pero que la sociedad civil considera que debilita claramente la protección de las poblaciones entre ellas las de pueblos indígenas y comunidades afro descendientes, y de defensa del medio ambiente. En tal sentido organizaciones de 12 países de América el pasado julio expresaron su rechazo a varios aspectos precisos: el primero, es que la revisión sobre el cumplimiento de las salvaguardias ya no sería anterior al proyecto, y tampoco se señala un plazo fijo para la verificación; un segundo punto es la disminución del proceso de supervisión del banco; y el más grave es dejarlo todo sujeto a la normatividad nacional.
La rebaja y flexibilización de las políticas sociales, y ambientales del Banco Mundial se torna un asunto más grave dada la disminución de los estándares ambientales y sociales en América Latina. En la carta[1] se menciona que en el Perú se debilitó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); así como, la coordinación intersectorial y control de la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). En el caso mexicano el uso de la tierra para actividades de explotación de hidrocarburos, gas se privilegia sobre cualquier otro uso, y acá en Colombia se habla de la supresión de la ANLA y de procedimientos expeditos para el otorgamiento de las licencias ambientales, las licencias express, mientras que en Bolivia ya se permiten actividades extractivas en áreas de parques nacionales naturales. Es decir la carrera parece ser quien ofrece más ventajas a la inversión sin pensar en el futuro cercano.
En este espacio de diálogo, Asociación Ambiente y Sociedad por Colombia, en conjunto con otras organizaciones de América Latina,miembros de la Coalición Regional, coordinarán panel de discusión sobre infraestructura: “El Banco Mundial y el Programa de Infraestructura en la Región Latinoamericana. Desafíos y oportunidades para la sociedad civil”. En esta sesión se presentará un análisis del contexto regional en relación con la financiación de infraestructura en Latinoamérica, la cual durante los últimos años ha vuelto a ocupar un lugar preponderante en la agenda de políticas públicas y de inversiones en gran parte de los países de América Latina. El objetivo es contar con diferentes puntos de vista acerca de los desafíos, retos y oportunidades que esta agenda implica para el desarrollo de la región. Así mismo, presentarán las conclusiones de la Aplicación de salvaguardias para infraestructura en América Latina: Un Análisis comparativo de la infraestructura proyectos financiados por el BID, la CAF, Exim Banco y BNDES. [1] http://www.bicusa.org/wp-content/uploads/2014/08/Carta-a-CODE-ALC-24-07-14.pdf: [2] http://www.ambienteysociedad.org.co/es/llamada-a-movilizacion-frente-al-banco-mundial-no-a-la-dilucion-de-las-salvaguardas/
