Este artículo se propone realizar un análisis del informe presentado por la Fiscalía en 2025, evaluando sus hallazgos y destacando los principales retos que persisten en la protección de los defensores de derechos humanos en Colombia. En este texto, se abordan las barreras estructurales en el acceso a la justicia y la protección de las víctimas, así como las dificultades en la implementación de medidas efectivas para garantizar su seguridad. Además, se examina el impacto de la impunidad y las deficiencias en la respuesta institucional, factores que continúan exacerbando los riesgos para las personas defensoras del ambiente.
